capitolioLa administración Obama reconoce ahora que la DOMA (Defense of Marriage Act), la ley que impide a la administración federal estadounidense reconocer las uniones del mismo sexo, es discriminatoria, pese a que la defenderá ante los tribunales con motivo de la demanda interpuesta por una pareja gay de California que solicita que sus derechos como matrimonio sean reconocidos a nivel federal. La postura de la administración supone un avance respecto a hace solo unos meses, cuando respaldó un informe que defendía la DOMA con inusitada vehemencia.

Dicho informe, emitido por el Departamente de Justicia, recibió fuertes críticas por parte de los grupos de defensa de los derechos LGTB, dado que en su conservadurismo iba más allá de la propia ley que pretendía defender. Así, en la jurisprudencia citada, resucitaba viejos casos de matrimonios entre tío y sobrina o matrimonio con menores que no fueron reconocidos por aquellos estados cuyas leyes no los permitían. Uno de los encargados de redactar el documento fue el ultraconservador mormón W. Scott Simpson, hombre de confianza de Bush, que sigue estando en el Departamento de Justicia con Obama.

Tras la polémica, el Departamento de Justicia ha emitido ahora un segundo informe que, aunque defiende los argumentos para oponerse a la demanda, como siempre que la administración federal hace cuando una ley aprobada por el Congreso es desafiada ante los tribunales, recuerda que la voluntad de la actual administración es promover su derogación futura, por considerarla discriminatoria.

El informe también señala que las parejas del mismo sexo son plenamente capaces de criar a sus hijos y que no existe razón legítima para tratar a las parejas LGTB y sus familias de modo distinto al resto respecto a los temas relacionados con la parentalidad. Esta mención explícita a la parentalidad ha sido señalada, de hecho, como el avance más importante del informe por diversos expertos legales.

Pese a todo sigue habiendo voces que piden a la administración que deje de defender la DOMA. Es el caso de Kate Kendell, directora ejecutiva del National Center for Lesbian Rights. “Seguimos decepcionados por el hecho de que el Departamento de Justicia continúe defendiendo la DOMA en base a que las leyes que discriminan en función de la orientación sexual no suponen un problema constitucional serio (…) Creemos que el Departamento de Justicia difícilmente utilizaría argumentos similares si la ley discriminara a las mujeres o a otras minorías”, ha dicho. Por su parte, Joe Solmonese, presidente de Human Rights Campaign, ha vuelto a pedir a Obama que asuma un papel activo a la hora de promover la derogación de la ley.

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