silvio-berlusconiLas promesas de la ministra italiana de Igualdad con ocasión de la reciente manifestación de Roma contra la ola de violencia homófoba que sacude Italia se desvelan hoy como una sarcástica burla a la comunidad LGTB. Ha bastado que el Parlamento italiano votase una modificación del código penal que simplemente introducía como agravante el hecho de que un crimen fuera cometido por razones de orientación sexual para que la clase política de ese país demuestre no solo su indiferencia hacia este tema, sino que además haga gala de una clara homofobia a la hora de justificar su negativa.

Supuestamente el texto había sido trabajado durante un año, y de hecho se esperaba que la votación en la Cámara de Diputados fuera un mero trámite. Sin embargo, la UDC, un partido democristiano de centro que ni siquiera forma parte del Gobierno, había objetado que la ley era inconstitucional por introducir en el ordenamiento jurídico italiano el término “orientación sexual”, algo que podía entenderse como un reconocimiento jurídico no sólo de la “homosexualidad en sí”, sino de “otras tendencias sexuales” como “el incesto, la pedofilia, el sadismo, la necrofilia o el masoquismo”. La UDC también sostenía que considerar la homofobia un agravante supone una violación del principio de igualdad, en tanto establece una “protección priviliegiada” de las víctimas de este tipo de violencia respecto de otras víctimas.

Soprendentemente, la inmensa mayoría de diputados del bloque gubernamental ha dado la razón a la UDC, cuya cuestión de inconstitucionalidad ha sido aprobada por 285 votos a favor, 222 en contra y 13 abstenciones.  Especialmente vergonzoso ha sido el voto de Paola Binetti, diputada del Partito Democratico (el principal partido de la oposición, oficialmente de centro-izquierda pero con un peso importante de su sector democristiano), que se ha alineado con la mayoría. Binetti, miembro del Opus Dei, se ha caracterizado en el pasado por sus declaraciones homófobas. De hecho ha justificado su voto aduciendo que de haberse aprobado la ley, sus propias opiniones sobre la homosexualidad “podrían ser consideradas un delito”.

Arcigay, el principal colectivo LGTB italiano, considera que la votación de su Parlamento es “vergonzosa” y lo convierte en “cómplice” de lo que esta sucediendo en Italia.