Ángel Garrido, concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Madrid, ha expresado en su blog su opinión favorable a que su partido retire el recurso de inconstitucionalidad que mantiene contra la ley 13/2005 que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por el interés de sus argumentación, reproducimos parte de lo expresado por Garrido en su blog. Tras defender los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PP contra el nuevo Estatuto de Cataluña y contra la nueva ley del aborto, Garrido argumenta que…

“Hay sin embargo otro recurso -objeto inicial de este post- del que no sólo me cabe la duda, en relación al apoyo de nuestros simpatizantes, sino sobre el que directamente planteo mi convicción personal de que la inmensa mayoría no comparte su necesidad; me refiero al recurso sobre la ley de matrimonios homosexuales.

Planteo aquí por tanto mi opinión: yo lo retiraría y ello por tres razones:

En primer lugar porque un recurso de esta naturaleza debe, desde mi perspectiva, interponerse cuando la ley a la que hace referencia pueda provocar diferencias legales entre españoles, menoscabo de los derechos de los ciudadanos o lesiones en los mismos a una parte de la población. Ninguna de estas circunstancias, que podríamos denominar de carácter ético, se da en este caso, toda vez que estando o no de acuerdo con la idoneidad de la ley, ésta exclusivamente amplia derechos a un colectivo que antes no los tenía.

En segundo lugar porque esta ley no ha provocado un rechazo general de la sociedad, ni siquiera de la parte de la sociedad que puede resultar más afín a la forma de entender la misma que tenemos en el PP. El supuesto rechazo se ha reducido casi exclusivamente a una cuestión nominal. Emplear la palabra “matrimonio” para la unión de personas del mismo sexo puede resultar discutible e incluso molesto para algunas personas, pero posiciones de esa naturaleza caben más en un seminario sobre Guillermo de Ockham que en un recurso de inconstitucionalidad.

Y en tercer lugar, porque es un recurso cuyo fracaso, desde el punto de vista político, está garantizado; si el Tribunal lo desestima, nuestra posición en este tema queda desacreditada –más aún ante una estrategia histórica de comunicación manifiestamente mejorable- y si por el contrario lo estima, seremos responsables de una modificación, a la baja, en materia de derechos ciudadanos. Mala jugada.

En política, como en todos los órdenes de la vida, lo peor no es cometer un error -somos seres humanos- lo malo es, una vez detectado, persistir en él. Yo, lo retiraría”.