El Gobierno del Partido Popular (PP) suprimirá la asignatura de Educación para la Ciudadanía, según ha anunciado este martes el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Será sustituida por otra llamada Educación Cívica Constitucional que según el ministro estará “libre de cuestiones controvertidas” y “no susceptible de adoctrinamiento ideológico”. Un eufemismo que permite adivinar que aspectos como el respeto a la diversidad afectivo-sexual, que de forma muy tibia recogía Educación para la Ciudadanía, desaparecerán de la nueva asignatura.

La supresión de Educación para la Ciudadanía, que según Wert “ha creado una seria división en la sociedad y el mundo educativo” no constituye en realidad una sorpresa. La asignatura ha contado con el rechazo sistemático del PP y se había convertido, junto a la reforma de la ley del aborto y la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, en una de las medidas promovidas por el anterior Gobierno más odiadas tanto por la jerarquía católica como por los sectores sociales más conservadores, que forman el núcleo duro del electorado popular. Estos no dudaron en promover campañas de “objeción de conciencia”, que pese a chocar con las resoluciones del Tribunal Supremo contaron con el favor de no pocos tribunales de justicia, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. También dio lugar a esperpentos como el intento del Gobierno valenciano de devaluar la asignatura obligando a impartirla en inglés.

La supresión de Educación para la Ciudadanía (anunciada junto a otras reformas del sistema educativo) ha sido recibida con satisfacción por jerarquía católica y organizaciones afines, como el Foro de la Familia. Más crítico ha sido el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA, de carácter laico), Jesús María Sánchez, que opina que ha sido eliminada “únicamente para contentar a los sectores fundamentalistas religiosos”.

Reacción de la FELGTB

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha mostrado en su comunicado su preocupación. “Educación para la Ciudadanía, con sus carencias, establece en el currículo escolar un espacio para dar a conocer y compartir la diversidad afectivo-sexual y familiar, y trabaja contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Aunque para la FELGTB la diversidad debería trabajarse trasversalmente, EpC representa un mínimo que supone un efecto beneficioso en la disminución del acoso por homofobia, transfobia o bifobia, un acoso que provoca graves daños sobre las y los niños y adolescentes LGTB, que les lleva a constituir un colectivo con riesgo de suicidio. La FELGTB exige al Gobierno la garantía de los Derechos Humanos de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales también durante su etapa escolar, y por tanto le recuerda que debe garantizar su libre desarrollo“, expresa la FELGTB.

“Nuestros jóvenes se encuentran en un ambiente hostil en los centros escolares, se les mete en un armario, se les presiona para que disimulen y oculten quiénes son, se les castiga y ahora se habla de eliminar la única posibilidad curricular de trabajar contra su discriminación. No son héroes y heroínas, son jóvenes y no necesitan armario sino protección”, ha afirmado Jesús Generelo, coordinador de Educación de dicha organización.

Vuelco conservador

El Gobierno del PP parece firmemente decidido a sentar en pocas semanas las bases de un vuelco conservador en la sociedad española. En este sentido, la supresión de Educación para la Ciudadanía se une a las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón: el aborto durante las primeras semanas de embarazo volverá a estar penalizado salvo en determinados supuestos (se volverá al modelo existente antes de la última reforma); las menores de edad que quieran abortar no podrán hacerlo legalmente salvo que cuenten con autorización expresa de sus padres; el Consejo General del Poder Judicial dejará de ser elegido íntegramente por el Parlamento y se volverá a la elección corporativa de la mayoría de sus miembros (lo que en la práctica asegura una orientación conservadora con independencia de la composición del Parlamento) y se implantará la “cadena perpetua revisable”, entre otras.

Curiosamente, los ejecutores de las que hasta ahora son las medidas más conservadoras del nuevo Gobierno son dos de los ministros que a priori parecían más cercanos a posiciones moderadas: Alberto Ruiz-Gallardón y José Ignacio Wert.