La justicia de Costa Rica interpreta de forma restrictiva una ley clave y rechaza formalizar la unión de hecho de una pareja gay

Malas noticias las que nos llegan desde Costa Rica, donde Alberto González y Lorenzo Serrano, una pareja gay, han visto rechazada su solicitud de ver formalizada su unión de hecho por un juzgado de familia de San José. La negativa supone un jarro de agua fría a las esperanzas que despertó la aprobación, el pasado 1 de julio, de una reforma a la Ley General de la Persona Joven que en su articulado abría la puerta al reconocimiento de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.

En aquel momento varios diputados que votaron a favor pidieron incluso a la presidenta del país que hiciera uso de su derecho de veto al no haber sido conscientes de lo que votaban. La ley reconoce expresamente “el derecho al reconocimiento, sin discriminación contraria a la dignidad humana, de los efectos sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma pública, notoria, única y estable con aptitud legal para contraer matrimonio por más de tres años. Para estos efectos serán aplicables, en lo compatible, los artículos del 243 al 245 del Código de Familia“. Ello suponía una modificación tácita del artículo 242 del Código de Familia (que establece que la unión de hecho debe ser entre un hombre y una mujer), estableciéndose claramente que los aplicables son los artículos 243 a 245 (que regulan los derechos de las uniones de hecho, sin mencionar que estas tengan que ser de personas de distinto sexo).

La presidenta Laura Chinchilla hizo caso omiso del ruego de los diputados homófobos y sancionó la ley. “Nosotros no tenemos que interpretar ni creer, si alguien tiene dudas del texto que lo consulte, o que un juez en un caso específico resuelva, o que los diputados hagan un proyecto de interpretación auténtica“, justificó entonces el ministro de Comunicación, Carlos Roverssi. El Gobierno costarricense, de hecho, no parecía especialmente incómodo con la situación creada, que habría permitido resolver sin polémica política un asunto, el del reconocimiento jurídico de las uniones del mismo sexo, que la Asamblea Legislativa de ese país lleva años debatiendo sin avances reales y con la marcada oposición, entre otros, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor evangélico Justo Orozco (un conocido homófobo) o de la Iglesia católica costarricense, cuya Conferencia Episcopal hizo público un documento en el que rechazaba que la nueva ley permita celebrar uniones entre personas del mismo sexo.

La pelota quedaba así en el tejado de los jueces, y desgraciadamente la primera de las resoluciones (hay varias más esperando, entre ellas las del presidente del Movimiento Diversidad, Marco Castillo) ha sido negativa. Según el juzgado, no se puede reconocer la unión de hecho de Alberto González y Lorenzo Serrano porque el Código de Familia establece como  única unión posible la formada entre un hombre y una mujer. La resolución ha sido en cualquier caso apelada. «No he podido ni leer la resolución porque no quiero enfermarme del hígado. Estábamos muy positivos porque la Ley de la Persona Joven es muy clara. La lucha no termina», ha declarado González.