"Si se suman dos manzanass, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

El Congreso de Estados Unidos da carpetazo al proyecto de ley que prohíbe la discriminación laboral de las personas LGTB

Se veía venir. La tramitación de la Ley de No Discriminación en el Empleo (ENDA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es prohibir la discriminación en el acceso a un puesto de trabajo por razón de orientación sexual o identidad de género, ha entrado en vía muerta en el Congreso de Estados Unidos. El Comité de Normas de la Cámara de Representantes la ha excluido de los proyectos pendientes para el actual periodo de sesiones, que expira a finales de año, y tras el cual ambas cámaras legislativas estarán dominadas por los republicanos.

La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género es una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares es legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual.

La ENDA ha sido presentada ante el Congreso de formas diversas en más de una veintena de ocasiones desde 1994, sin que nunca haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata, fue posible aprobarla. Entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales. Los colectivos LGTB, sin embargo, no han dejado de considerarla una prioridad y exigirla como compromiso a todo político que quiera contar con su apoyo expreso, entre ellos el presidente Barack Obama.

Como ya entonces aclarábamos, lo cierto es que la aprobación de la ENDA no depende solo de la voluntad del presidente, decidido a firmar la ley en cuanto llegue a su despacho. Lo que cuenta en realidad es el juego de mayorías en el Congreso, dividido hasta las elecciones del pasado noviembre entre un Senado de mayoría demócrata y una Cámara de Representantes controlada por los republicanos. De ahí la importancia de que el Senado aprobara hace algo más de un año el proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, un aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense.

La ENDA, sin embargo, se enfrentaba tras el visto bueno del Senado a la prueba más difícil: la aprobación por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. La iniciativa es rechazada de plano por el speaker John Boehner. A pesar de eso, el representante demócrata y abiertamente gay Jared Polis lideró un último esfuerzo para introducirla como parte de un paquete de medidas de defensa (no es inhabitual que se incluyan enmiendas con poca relación con el proyecto de ley principal), que constituye la última iniciativa legislativa prevista antes de que expire el actual periodo de sesiones a finales de año. El Comité de Normas, organismo encargado de determinar el orden de tramitación de los proyectos de ley en la Cámara, ha rechazado esta inclusión por siete votos en contra y tres a favor. Ahora, con la nueva mayoría republicana en el Senado y ampliada en la Cámara, la ENDA queda condenada al fracaso, al menos hasta las elecciones de 2016.

Impulsar su aprobación, aunque no estuviera solo en sus manos, era por otra parte una de las promesa electorales de Barack Obama. En junio de 2013 recogíamos como una activista lesbiana interrumpía un discurso de Michelle Obama, para reclamárselo. Lo que sí ha hecho el presidente estadounidense este año ha sido firmar una orden ejecutiva para prohibir a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Unos 14 millones de personas que trabajan para empresas dependientes del gobierno federal han visto reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias tras la entrada en vigor de la orden, que ha sido saludada por los activistas LGTB como un logro histórico que palia parcialmente el fracaso de la ENDA.

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