La justicia del Reino Unido deniega el asilo a una activista nigeriana por no creer que sea realmente lesbiana

El juez John Bowers, de la Alta Corte de Justicia, ha denegado la condición de refugiada en el Reino Unido a Aderonke Apata, una activista LGTB oriunda de Nigeria. Según la controvertida versión del juez, la activista nigeriana se habría involucrado “en relaciones del mismo sexo con el fin de fabricar una solicitud de asilo basada en la sexualidad lésbica”. Sin embargo, el magistrado ignora en su auto el temor fundado de Apata: regresar a su país de origen después de haberse declarado públicamente como lesbiana en el Reino Unido puede suponerle la persecución legal y colectiva, en una sociedad (la nigeriana) profundamente homófoba.

Si la deportación de la activista LGTB nigeriana Aderonke Apata se hace efectiva por parte del Reino Unido, su suerte puede resultar fatal. Y es que si el auto de John Bowers, juez de la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales, acaba traduciéndose en la devolución de Apata a Nigeria, a la activista no le sobran motivos para temer por sus derechos, por su integridad física o incluso por su propia vida. En 2014, Nigeria dio luz verde a una ley que agrava el tratamiento penal para cualquier aspecto relacionado con la homosexualidad y que castiga con penas de hasta 14 años, por ejemplo, a los participantes de una unión homosexual. Desde entonces, se han incrementado los ataques de la población civil contra las personas LGTB. La irresponsable utilización de discursos anti LGTB por parte de las autoridades religiosas y políticas de Nigeria no hace más que alimentar el odio homófobo entre la sociedad y los improvisados “juicios populares”, a menudo manchados de sangre y violencia extrema (y que suelen quedar impunes).

El juez Bowers comparte en buena medida el no menos polémico dictamen del Ministerio del Interior del Reino Unido, según el cual, supuestamente, la activista nigeriana habría modificado sus hábitos públicos, adoptando otras costumbres, vestimenta y las costumbres de “un determinado grupo social” (las lesbianas), como una manera de obtener el estatuto de refugiada. Incluso se ha cuestionado la veracidad de su sexualidad por el hecho de ser madre (a pesar de haber presentado al tribunal en verano un DVD que contenía vídeos y fotografías de carácter privado, que apoyaría su petición). Especialmente preocupantes resultaron las declaraciones del abogado del Ministerio del Interior, según el cual “uno no puede ser heterosexual un día y homosexual al otro”. Unas palabras, por cierto, recogidas en la campaña iniciada en apoyo a Aderonke Apata y que en el momento de redactar esta noticia sumaba más de 64.000 firmas.

La recogida de firmas no es, en cualquier caso, la única muestra de solidaridad con la denostada activista nigeriana, ya que otros activistas LGTB han creado también un blog o una cuenta de Twitter, entre otras acciones. Todo ello se suma a las firmas de apoyo presentadas ante el juez y que este no ha tenido en consideración a la hora de firmar su auto. Para Peter Tatchell, activista por los derechos humanos, Aderonke Apata “ha sido identificada públicamente en el Reino Unido y en Nigeria como una mujer lesbiana o bisexual. Estas mujeres se enfrentan a la doble amenaza de la persecución legal y la violencia colectiva en Nigeria”.

Nigeria: un país marcado por la LGTBfobia

Dosmanzanas se ha hecho eco de la escalada de violencia homófoba del estado africano y de la violación de derechos humanos por parte de sus autoridades judiciales, políticas y administrativas. La última noticia que recogimos ocurrió a principios de este año, cuando la policía islámica de Kato (una ciudad al norte de Nigeria) detenía a doce personas acusadas de participar en una “boda gay”. Los detenidos, sin embargo, negaron los hechos, aduciendo que simplemente celebraban una fiesta de cumpleaños.

Anteriormente, en enero de 2014 una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no hay marcha atrás se suspenda a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.