"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

El grupo socialista, de la mano de Carla Antonelli, impulsa el proceso de aprobación de una ley integral de transexualidad en Madrid

El grupo socialista de la Asamblea de Madrid, de la mano de la diputada y activista LGTB Carla Antonelli, ha propuesto al resto de grupos de la cámara comenzar a trabajar ya de forma conjunta por la aprobación de una ley integral de transexualidad. Antes de las últimas elecciones autonómicas, en un debate que fue organizado por COGAM, representantes de las cuatro formaciones políticas representadas en la Asamblea se comprometieron a ello. Y la que ya es nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, prometió en su debate de investidura sacar adelante esta ley, pese a que ella misma votó hace años en contra de un proyecto similar.

“Esta es una ley necesaria que defiende los derechos de las personas transexuales. Todos los grupos se han comprometido con las reivindicaciones de este colectivo, por lo que se entiende que atenderán la propuesta de trabajar juntos para su redacción y tramitación en la Asamblea de Madrid”, ha declarado Carla Antonelli tras la reunión de trabajo que el grupo socialista de la Asamblea mantuvo el jueves con representantes de diversos colectivos LGTB y trans de la Comunidad de Madrid, a los que quiere dar voz en el proceso (Arcópoli, Chrysalis, COGAM, El Hombre Transexual, Fundación Daniela, Fundación Triángulo, Fundación 26 de Diciembre y Transexualia).

Carla Antonelli ya presentó en la pasada legislatura un proyecto de ley integral de transexualidad para la Comunidad de Madrid, que el PP –que entonces disponía de mayoría absoluta– se negó finalmente a tramitar pese a haber amagado en un principio con que podría aceptarla. El proyecto que entonces presentó el grupo socialista tras consultar con los colectrivos LGTB, y que aún puedes consultar en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid del 26 de septiembre de 2013 (páginas 16.661 a 16.676) integraba como básico el principio de despatologización de la transexualidad y recogía además disposiciones sobre documentación administrativa, servicios de asesoramiento, atención sanitaria, no discriminación laboral, medidas de inserción, menores transexuales y personas mayores y mejoras en el ámbito educativo.

Un rechazo nada sorprendente entonces, dado que en junio de 2010 ya el PP había rechazado por primera vez la posibilidad de discutir un proyecto similar inpulsado por el entonces diputado socialista en la Asamblea Óscar Blanco (hoy concejal en Aranjuez). Una de las diputadas populares que entonces votó en contra fue precisamente Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre era todavía presidenta de la Comunidad y, como de hecho sigue siéndolo todavía, líder del PP madrileño. “Ojalá pueda celebrar ahora lo que parece es un cambio de actitud de Cristina Cifuentes”, ha declarado ahora Carla Antonelli, recordando el historial del PP respecto a este tema.

Madrid no es pionera…

En España, conviene recordar, fueron Navarra (en 2009) y Euskadi (en 2012) las comunidades que abrieron el camino aprobando leyes integrales de transexualidad. En 2014, y tras una larga lucha de los colectivos trans de la región, veía por fin la luz la ley andaluza, considerada todo un hito pese a los problemas que están surgiendo en su aplicación (que demuestran, en todo caso, que para que las buenas leyes se cumplan deben acompañarse de un desarrollo reglamentario eficiente).

También en 2014 se aprobaba una ley en Canarias, mientras que en 2015 era Extremadura la que aprobaba una ley contra la discriminación de las personas LGTB que, aunque no siendo específica de transexualidad, sí incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades. La Comunidad de Madrid, por tanto, no será pionera en este aspecto, pero sí que podría aprovecharse de la experiencia previa de otras comunidades para hacer una ley aún mejor. Esperemos que así sea.

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