Los republicanos de Carolina del Norte rehúsan derogar la ley que discrimina a los ciudadanos LGTB

Tras una maratoniana Asamblea General, los representantes republicanos de Carolina del Norte han rechazado derogar la HB2, la ley que impide cualquier medida de protección contra la discriminación de las personas LGTB en el estado. Los demócratas les acusan de haber roto el acuerdo al que llegaron, que incluía la revocación por parte del ayuntamiento de la ciudad de Charlotte de su normativa antidiscriminatoria. Los ciudadanos LGTB del Carolina del Norte, especialmente las personas transexuales, siguen enfrentándose a la discriminación que supone la HB2, y el estado de Carolina del Norte al boicot de quienes defienden la igualdad de derechos.

La conocida HB2, como bien saben los lectores de dosmanzanas, fue promulgada en marzo de este 2016 por el gobernador Pat McCrory, después de que las cámaras legislativas del estado, controladas por los republicanos, la aprobaran con carácter de urgencia y sin apenas discusión previa en un proceso que fue ampliamente criticado. La ley prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer medidas de protección contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las ya existentes. En realidad, la ley perseguía acabar con la norma que antes había aprobado Charlotte, la ciudad más poblada del estado, y que precisamente amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que dispusieran de los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

Esta última medida fue la que se tomó como excusa para organizar con carácter de urgencia plenos en ambas cámaras del estado para aprobar la ley a rebufo de la ola de histeria que los grupos más conservadores buscan provocar alrededor del “pánico transexual en los baños”, a semejanza de lo que ocurrió el pasado 2015 en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa. Una urgencia que impidió además el debate sobre el alcance de las medidas antidiscriminatorias, aprobadas en dos sesiones vertiginosas en la Cámara de Representantes y el Senado estatales. En este último, los senadores del Partido Demócrata, en minoría, abandonaron la sesión como protesta. En ambas cámaras el resultado fue abrumadoramente mayoritario.

Tras las pasadas elecciones, en las que McCrory perdió el cargo frente al demócrata Roy Cooper, este último prometió hacer todo lo posible por que la HB2 quedase derogada, a pesar de que la mayoría republicana en las dos cámaras del estado lo hacían muy complicado. Pero Cooper logró alcanzar un acuerdo con los miembros del Partido Republicano, según el cual votarían por la derogación de la HB2 con la condición de que el consejo de la ciudad de Charlotte revocara su normativa antidiscriminatoria, que seguía en los libros a pesar de que no podía ejecutarse debido a la prohibición estatal.

Así, tras el acuerdo, el pasado lunes el consejo de Charlotte votaba por unanimidad la derogación de los artículos que entraban en conflicto con la HB2. Tan solo dejaban en vigor aquellos que prohibían al ayuntamiento establecer contratos oficiales con empresas que no establecieran medidas antidiscriminatorias para sus trabajadores LGTB. Pero eso no bastó a los republicanos, que querían una derogación sin excepciones, y acusaron a la “enloquecida izquierda” de Charlotte —refiriéndose a los representantes demócratas del municipio— de haberles engañado. Por ello, este miércoles siguiente, en un nuevo pleno, el consejo derogaba el articulado restante. Aun así, el gobernador electo Roy Cooper hizo unas declaraciones en las que se lamentaba de que los republicanos hubieran roto el acuerdo, a pesar de los esfuerzos realizados en Charlotte.

El gobernador saliente, el republicano Pat McCrory, había convocado una Asamblea General de las dos cámaras del estado para este mismo miércoles, con el objeto de votar la derogación de la HB2. Pero los representantes republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado pusieron todo tipo de objeciones. Interminables interrupciones y recesos llevaron la sesión hasta altas horas de la madrugada, sin que en la Cámara de Representantes se llegara finalmente a realizar ninguna votación, dando la sesión por concluida sin haber tomado ninguna medida.

En cuanto al Senado, la proposición de ley republicana que trataba de derogar la HB2 fue enmendada por el mismo partido, cuyos miembros votaron favorablemente añadir a la propuesta el establecimiento de un período de demora de seis meses —luego ampliado a todo el ejercicio de 2017—, durante el cual se prohibía aprobar cualquier medida de protección contra la discriminación de las personas LGTB en el estado. Los representantes demócratas acusaron a sus rivales parlamentarios de haberles engañado, pues esa demora, que suponía de hecho continuar con la misma situación, no había formado de los acuerdos.

Tras largos debates, se acordó finalmente someter a votación dos propuestas, una por la que se derogaba completamente la HB2, y otra que recogía la enmienda que incluía la moratoria. La primera propuesta, que suponía la completa derogación de la HB2, fue rechazada por 32 votos a 16. Tras la votación, la sesión quedó finalmente suspendida. La ley discriminatoria sigue totalmente en vigor en Carolina del Norte, con la anuencia del Partido Republicano, que ha conseguido además la claudicación del consejo de la ciudad de Charlotte.

Para Simone Bell, directora regional de Lambda Legal, «la Asamblea General y el gobernador McCrory están jugando al engaño político, y los ciudadanos de Carolina del Norte siguen perdiendo por ello. Es un ultraje que los legisladores de Carolina del Norte no sigan el mandato de los votantes y deroguen la HB2. Mientras la HB2 esté en vigor, miles de personas LGTB que consideran a Carolina del Norte su hogar, especialmente las personas transgénero, están siendo discriminadas y nunca se sentirán seguras. Ha sido un ejercicio contraproducente, al reafirmar al resto del país que Carolina del Norte quiere permanecer atascada en esta disputa divisiva».

Por su parte, del director del Proyecto LGBT & VIH de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), James Esseks, consideraba que «es una pena que la Asamblea General de Carolina del Norte se haya negado a arreglar el desastre que habían cometido. El apoyo a la comunidad LGBT de líderes políticos, religiosos, empresas y personas de a pie que ha surgido este año no se desvanecerá. Los intentos de expulsar a las personas transgénero de la vida pública no serán tolerados. La legislatura no parece estar dispuesta a deshacer su extralimitación inconstitucional y respetar los derechos de las personas LGBT, así que tendremos que vernos en los tribunales».

Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, afirmaba con contundencia que «hoy, la confianza pública ha sido traicionada una vez más. Los legisladores han enviado un mensaje claro: Carolina del Norte sigue cerrada para los negocios. Sus vergonzosas acciones y las promesas que han roto someten a los ciudadanos LGTB de Carolina del Norte a una discriminación establecida por el Estado, que contribuye a un ambiente de acoso y violencia, y continuará infligiendo un daño significativo a la reputación y la economía del estado. Hoy ha quedado claro que la crueldad de los líderes republicanos hacia los ciudadanos LGTB, especialmente las personas transexuales, de Carolina del Norte no conoce límites. Por nuestra parte, seguiremos luchando para derogar la HB2 y proteger a los ciudadanos de Carolina del Norte, haciendo lo que sea necesario».

Boicot contra de discriminación

La patente discriminación que supone la ley HB2 tuvo consecuencias inmediatas para Carolina del Norte. Figuras del espectáculo como Beyoncé, Bruce Springsteen, Dead & Company, Ringo Starr o Cyndi Lauper cancelaron sus conciertos o donaron do su recaudación a colectivos LGTB. Eventos y convenciones trasladaron su sede a otros estados, causando pérdidas cercanas a los 330 millones de dólares. Empresas y corporaciones como PayPal o el Deustche Bank cesaron en sus inversiones. 200 directivos de las principales empresas escribieron una carta solicitando al gobernador la derogación de la ley. Otras 67 apoyaron la demanda de inconstitucionalidad, presentando un documento de apoyo ante el tribunal. La propia liga de baloncesto profesional (NBA) anunció el traslado de la sede del All-Star Game, que debería celebrarse en Charlotte en 2017, si no se eliminaba cualquier discriminación a las personas LGTB de las leyes del estado. Las pérdidas económicas para el estado por esta decisión de la NBA se estimaban en 100 millones de dólares.

Pero quizás la mayor pérdida económica sería la retirada de los fondos federales para educación, cifrados en 4.500 millones de dólares. El pasado mes de mayo, el Departamento de Justicia requirió al estado de Carolina del Norte que suspendiera la aplicación de la ley HB2, al considerar que violaba tanto el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en el empleo por razón de sexo, como el denominado de forma genérica “Título IX”, la ley que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo (no confundir con el Título IX de la Ley de Derechos Civiles).

Transcurrido el plazo que el Gobierno estadounidense dio al estado de Carolina del Norte, el gobernador McCrory no solamente se negó a suspender la aplicación de la ley, sino que directamente demandó al Departamento de Justicia ante una Corte federal del estado, por considerar que se extralimitaba en el ejercicio de sus funciones.