"Si se suman dos manzanass, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

El primer ministro de Malta urge a los países de la Commonwealth a derogar las leyes contra la población LGTB

El Gobierno de Malta sigue dando ejemplo de compromiso con la igualdad LGTB. El primer ministro Joseph Muscat ha aprovechado la celebración del día de la Commonwealth, organización que agrupa a países del antiguo imperio británico, para recordar y condenar la persecución que sufren las personas LGTB en la mayoría de ellos. A causa, frecuentemente, de las legislaciones homófobas heredadas de la época colonial.

El primer ministro de Malta ha vuelto a mostrar el compromiso de su Gobierno con los derechos LGTB. Desde su posición como presidente de turno de la Commonwealth, Muscat ha reivindicado el fin de la criminalización de las personas LGTB en los Estados miembros de esta organización internacional. En la mayoría de estos países, las relaciones entre personas del mismo sexo están consideradas un delito, penado en muchos casos con largos años de cárcel y, en algunos casos, con la muerte. El origen de estas legislaciones represivas se encuentra mayoritariamente en la época colonial británica.

Una situación que Muscat ha querido recordar ante el resto de jefes de Estado y de Gobierno, incluida la reina Isabel II, en el acto con motivo del día de la Commonwealth celebrado el lunes pasado en la abadía de Westminster de Londres. “Quiero referirme de forma especial al respeto a las personas LGBTIQ, o la carencia del mismo”, declaró el primer ministro maltés. Una injusticia legal que calificó de “mancha considerable en nuestra familia de naciones”.

Muscat reveló que otros líderes de los Estados miembros de la Commonwealth son conscientes de que “las cosas deben cambiar”, pero se muestran “recelosos de cómo reaccionará la sociedad” si se empieza a avanzar hacia la despenalización. Ante esta actitud, el líder maltés ofreció la mediación de la organización internacional para ayudar a esos países a dar los primeros pasos. “La historia los juzgará positivamente cuando lo hagan”, aseguró. Ya posteriormente, Muscat apuntó al “compromiso” y la “comprensión” de las circunstancias de cada país, como claves para persuadir a sus mandatarios de que “si haces lo correcto, nunca es demasiado tarde”.

Los contrastes de la realidad LGTB en la Commonwealth

Los actos homosexuales son ilegales en 40 de los 52 países de la Commonwealth. Las sanciones incluyen la pena de muerte en algunas partes de Nigeria y Pakistán, 25 años de cárcel en Trinidad y Tobago, 20 años, además de la flagelación, en Malasia, y la cadena perpetua en Sierra Leona, Tanzania, Uganda, Bangladesh y Guyana. En tan solo 4 de los países miembros existe la completa igualdad legal, incluyendo el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo: Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda y el Reino Unido (excepto Irlanda del Norte). En 2011 era Australia quien pedía la despenalización de la homosexualidad en los Estados miembros, pero año y medio después, la nueva carta de derechos de la Commonwealth evitaba cualquier referencia explícita a los ciudadanos LGTB en su nueva carta de derechos.

Malta, miembro también de la organización, se está convirtiendo en los últimos años en un referente de políticas igualitarias, a las que podría sumarse en los próximos meses la total equiparación matrimonial de las parejas del mismo y de distinto sexo. A finales del año pasado, el Parlamento maltés prohibía las llamadas “terapias” reparadoras de la homosexualidad y ampliaba su ley de identidad de género. Con esta legislación, el país se convertía en el primer Estado de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. Asimismo, mejoraba su ya avanzada normativa legal para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18) y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Una trayectoria alentadora a la que ahora se le suma el compromiso por los derechos LGTB en la esfera internacional.

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