El departamento de Estado norteamericano emitió el pasado jueves un comunicado en el que expresa su rechazo al proyecto de ley de la ciudad de San Petersburgo (Rusia), que pretende prohibir la “propaganda homosexual” a menores y que en la práctica haría imposible la lucha contra el acoso homofóbico y los crímenes de odio, así como la celebración de marchas de Orgullo LGTB.

En la declaración, emitida como respuesta a una pregunta surgida en una rueda de prensa, se expresa la preocupación por una legislación que “restringiría severamente la libertad de expresión y de reunión de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y en realidad de todos los rusos“. “Los derechos LGTB son derechos humanos y los derechos humanos son derechos LGTB“, recuerda también el comunicado, haciendo referencia al histórico discurso que pronunció la secretaria de Estado Hillary Clinton el pasado diciembre ante las Naciones Unidas.

De aprobarse el proyecto de ley, San Petersburgo se uniría a regiones como Arkhangelsk o Ryazan, que ya disponen de legislaciones de este tipo. La propuesta original ha sido además endurecida en su segunda lectura, aumentando hasta diez veces la cuantía de las multas que las autoridades pueden imponer a los que incumplan la norma, y que pueden alcanzar ahora los 500.000 rublos (alrededor de 13.000 euros). Una cantidad inasumible para un ciudadano ruso medio.

Como adelantábamos en enero, el último territorio en sumarse a la corriente homófoba es la región de Kostroma, que hace pocos días aprobaba una ley en el mismo sentido. También en Moscú, la capital rusa, se prepara el terreno para una medida similar.

En enero recogimos también la detención en Arkhangelsk de tres activistas LGTB (entre ellos Nikolai Alekseev) que se manifestaron delante de una biblioteca pública mostrando pancartas informativas sobre la realidad LGTB con la intención de desafiar la prohibición; Alekseev ya ha sido multado por ello. Los activistas, de hecho, tienen intención de utilizar esta detención para llevar la ley homófoba de Arkhangelsk ante la Corte Constitucional rusa y, en última instancia, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene previsto estudiar el caso.

Paralelamente siguen también en marcha acciones de protesta contra la situación de los derechos LGTB en Rusia a las que te puedes sumar, tanto a través de la plataforma AllOut como mediante el envío de cartas de protesta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Polémica en Polonia tras la sentencia de un tribunal de Varsovia que ha desestimado la querella interpuesta por activistas LGTB contra uno de los diarios más importantes del país por comparar la homosexualidad a la zoofilia. La sentencia se produce pocos meses después de que otro tribunal polaco desatara una ola de indignación al autorizar a un partido de extrema derecha a utilizar un símbolo homófobo.

En junio de 2009, pocos días después de las celebraciones del Orgullo de Varsovia, el diario Rzeczpospolita publicó una serie de textos homófobos en los que se comparaba la homosexualidad a la zoofilia. El primero de estos textos era una viñeta, diseñada por el dibujante Andrzej Krauze, que mostraba a dos hombres que se están casando. Detrás de ellos, otro hombre le decía a una cabra: “tenemos que esperar que se casen esos señores, después nos toca a nosotros”. Días después, el mismo diario publicaba una columna supuestamente satírica del columnista Maciej Rybiński, así como un artículo de Tomasz P. Terlikowski, en los que se volvía a comparar la homosexualidad a la zoofilia. Rzeczpospolita, presentada a menudo como un diario de línea liberal-conservadora, fue uno de los principales apoyos con los que contó el Gobierno ultraconservador de los hermanos Kaczyński, y siempre se ha mostrado ferozmente hostil a los derechos LGTB.

Los activistas Urszula Pawlik y Michał Minałto, del colectivo Fórum Abierto, interpusieron una querella junto a otras asociaciones LGTB como Lambda Varsovia y Trans-Fuzja, y lanzaron además una campaña para sensibilizar a la ciudadanía sobre el tema. Ahora un tribunal de Varsovia ha rechazado la querella, al considerar que el diario no violó la dignidad personal de los demandantes. El auto considera que al comparar la homosexualidad a la zoofilia no se infringe ningún atributo de la personalidad según las leyes aplicables.

La reacciones a la sentencia no se han hecho esperar. Políticos de izquierda y activistas LGTB la han condenado y han asegurado que seguirán luchando contra la homofobia. El diario Gazeta Wyborcza ha subrayado la necesidad de aprobar una ley contra la homofobia y la transfobia. Urszula Pawlik, por su parte, ha condenado el fallo afirmando que en el “derecho polaco no hay ninguna posibilidad de defender la dignidad” del colectivo LGTB. Pawlik se ha referido al caso de la cantante Doda, condenada en enero por blasfemia por afirmar en una entrevista que la Biblia fue escrita por “borrachos y fumados“. “Al parecer no se puede ofender el sentimiento religioso, pero si se puede ofender a las personas no heterosexuales”, ha declarado.

Los argumentos del tribunal han sido rechazados también por la nueva plenipotenciaria del Gobierno para la Igualdad, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, que ha pedido a la comisión de Ética del Parlamento que condene a Marek Suski, un diputado que en diciembre también comparaba las uniones entre personas del mismo sexo a la zoofilia. “Comparar las uniones de hecho con la zoofilia ofende a todos aquellos ciudadanos que viven o han vivido en uniones de ese tipo”, ha declarado Kozłowska-Rajewicz.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el Partido Popular (PP) ha accedido a la petición de la plataforma ultraconservadora HazteOír y ha eliminado de su web cualquier referencia a Punto Visible, un servicio de atención y asesoramiento a mujeres bisexuales y lesbianas que la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla financiaba hasta la llegada al poder del PP.

Según nota de prensa que publicábamos en marzo de 2011, la mayor parte de las consultas realizadas se debían a motivos legales -maternidad, filiación y métodos de reproducción asistida-, sociales -ampliar el círculo de amistades, actividades, información asociativa LGTB-, familiares -problemas en este ámbito personal derivados de la orientación sexual- y violencia intragénero. Se trataba de un innovador servicio municipal que era atendido por la Asociación DeFrente, a través de un grupo de mujeres con experiencia en la atención a personas del colectivo al que va dirigido.

“A las pocas horas de lanzar la protesta contra el uso indebido de los recursos públicos, por promocionar un servicio municipal que incluía clases de seducción para lesbianas y la exaltación de la homosexualidad, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha ordenado la retirada del enlace a Punto Visible en la web oficial del consistorio. El Ayuntamiento nos ha comunicado que desde la llegada al consistorio del actual equipo de Gobierno no se ha subvencionado el mencionado ‘servicio’ para lesbianas, aunque Punto Visible permanecía en la web municipal, desde donde se divulgaba”, se vanagloria la web de HazteOír, plataforma ultraconservadora con gran capacidad de movilización en redes sociales, que pide además que se felicite al alcalde popular, Juan Ignacio Zoido, por la rapidez en acceder a su petición.

Juan Ignacio Zoido sigue así la senda ya iniciada en junio de 2011, cuando se negó a que la bandera arco iris ondeara en lo alto del Ayuntamiento sevillano con motivo del Día del Orgullo LGTB, una tradición iniciada por el anterior alcalde. En aquel momento se argumentó desde el PP que se trataba de una medida general: no permitir que ninguna bandera no institucional fuera colocada en un lugar tan preeminente. Sin embargo, pocos meses después sí se permitía la colocación en esa misma ubicación de la bandera gitana, otra bandera “no institucional”.

Las organizaciones juveniles firmantes de este manifiesto (Jóvenes y ALS de IU-CM, Juventudes Socialistas de Madrid y Red Joven Equo Madrid) rechazan firmemente el acto de presentación del libro “Comprender y Sanar la Homosexualidad”, que tuvo lugar el pasado 7 de febrero en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, un evento que supone la promoción del pernicioso pensamiento homófobo en la Universidad. Denunciamos este acto porque constituye un ataque a los derechos y a la dignidad de las personas LGTB.

El libro salió a la luz hace un mes, cuando provocó la indignación de la red, incluida una petición firmada por 50.000 personas en la que se pedía a grandes librerías que lo sacaran de su catálogo. El motivo de la protesta era que el libro define la homosexualidad como una enfermedad, una idea que ya fue desterrada de los círculos médicos con su retirada de la lista de enfermedades de la OMS en 1990.

La idea de que la homosexualidad se puede curar es un ataque frontal a la dignidad del colectivo LGTB, un lamentable resquicio del tiempo en el que las personas LGTB eran perseguidas y reprimidas por su condición sexual. En nuestra opinión, este discurso intolerante y discriminatorio es totalmente inaceptable, y más si se difunde en la universidad, un espacio para el intercambio de conocimientos e ideas desde la pluralidad y el respeto.

Además, y por las características de la universidad que acogió el evento, queremos denunciar el acoso constante que sufre el colectivo LGTB desde el entorno religioso. Es un motivo más para exigir que el Estado Español, constitucionalmente aconfesional, se convierta por fin en un Estado laico desvinculado de cualquier credo religioso.

Creemos que es hora de acabar con el flujo de fondos públicos que, a través de los Presupuestos Generales del Estado, acaban cada año en las arcas de la Iglesia Católica. Fondos públicos que en buena medida acaban subvencionando una educación privada religiosa que, como en el caso del acto en San Pablo-CEU, no contribuye a promover las ideas de respeto y tolerancia que hacen falta en una sociedad moderna.

JÓVENES DE IU-CM y ALS IU-CM
JUVENTUDES SOCIALISTAS DE MADRID
RED JOVEN EQUO MADRID

Sentencia histórica para los derechos LGTB en Europa la que se ha conocido este jueves. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obliga a los países miembros del Consejo de Europa, ha fallado que condenar la homofobia no viola la libertad de expresión.

Los demandantes Tor Fredrik Vejdeland, Harlin Mattias, Björn Tang y Niklas Lundström son ciudadanos suecos. En diciembre de 2004 fueron a una escuela secundaria y distribuyeron un centenar de panfletos de una organización llamada “Juventud Nacional” en los que se afirmaba que la homosexualidad era una tendencia sexual anormal, tenía un efecto moralmente destructivo en la sociedad, era responsable de la transmisión del VIH y el sida y promovía la pederastia. En julio de 2006 el Tribunal Supremo de Suecia les condenó por promover el odio contra un grupo nacional o étnico, con multas de entre 200 y 2.000 euros.

Los demandantes, envalentonados, alegaron que la sentencia conculcaba su “derecho a la libertad de expresión”, argumentando que el objetivo de su acción era empezar un debate acerca de la falta de objetividad en el sistema escolar sueco. Por ello reclamaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que ahora ha fallado en su contra. El tribunal considera que la posible interferencia con el ejercicio de los demandantes de su derecho a la libertad de expresión fue razonablemente tratada por las autoridades suecas, debido a la necesidad en una sociedad democrática de proteger la reputación y los derechos de todas las personas. Considera además especialmente relevante que los panfletos se dirigieran a adolescentes. El tribunal admite que aunque no se llamaba directamente a la acción contra las personas homosexuales, los términos de las octavillas eran insultantes.

Puedes leer la sentencia completa (caso Vejdeland y otros contra Suecia, en inglés) pinchando aquí.

El Gobierno de Uganda ha expresado a través de un comunicado oficial que no apoya el proyecto de ley reintroducido esta semana en el Parlamento de ese país por el diputado David Bahati, que persigue endurecer todavía más las penas a las personas condenadas por mantener relaciones homosexuales, si bien considera legítima su

De hecho, el propio Gobierno de Uganda ha querido resaltar que, pese a no contar con su apoyo, “en caso de ser aprobada” la ley no contemplaría la pena de muerte en ningún caso. El Gobierno ugandés quiere probablemente evitar la polémica internacional que levantó el anterior intento de aprobar el proyecto, que al final quedó sin votar antes de que en mayo de 2011 finalizara la anterior legislatura.

Parece poco probable, sin embargo, que lo consiga. Incluso eliminando la pena de muerte (que el proyecto tal y como está ahora redactado se aplicaría, por ejemplo a los homosexuales infectados por VIH que mantengan relaciones) las penas que recoge son infames. Una sola relación homosexual sería castigada con siete años de prisión. La “reincidencia” sería castigada con prisión perpetua. También serían castigados con penas de cárcel quienes colaboraran o dieran cobertura a personas homosexuales. Incluso serían castigadas con multas aquellas personas que siendo conocedores de una relación homosexual no la denuncien en el plazo de 24 horas. Ello haría imposible, por ejemplo, el trabajo de organizaciones de defensa de los derechos LGTB.

La Asamblea Legislativa de San Petersburgo (Rusia) ha aprobado en segunda lectura la prohibición de la “propaganda de la sodomía, el lesbianismo, el bisexualismo, el transgenerismo y la pederastia” a los menores de edad. A falta de la tercera y definitiva lectura, parece probable que San Petersburgo se una a regiones como Arkhangelsk o Ryazan, que ya disponen de legislaciones de este tipo.

Se trata de normas que hacen virtualmente imposible el trabajo de las organizaciones LGTB en la lucha contra el bullying homofóbico o los crímenes de odio, e incluso la organización de eventos LGTB como las marchas del Orgullo. En San Petersburgo, además, la propuesta original ha sido endurecida en esta segunda lectura, aumentando hasta diez veces la cuantía de las multas que las autoridades pueden imponer a los que incumplan la norma, y que pueden alcanzar ahora los 500.000 rublos (alrededor de 13.000 euros). Una cantidad inasumible para un ciudadano ruso medio.

Como adelantábamos en enero, el último territorio en sumarse a la corriente homófoba es la región de Kostroma, que hace pocos días aprobaba una ley en el mismo sentido. También en Moscú, la capital rusa, se prepara el terreno para una medida similar.

En enero recogimos también la detención en Arkhangelsk de tres activistas LGTB -entre ellos el veterano Nikolai Alekseev- que se manifestaron delante de una biblioteca pública mostrando pancartas informativas sobre la realidad LGTB con la intención de desafiar la prohibición. Precisamente esta semana se ha conocido que Alekseev ha sido ya multado. Los activistas, de hecho, tienen intención de utilizar esta detención para llevar la ley homófoba de Arkhangelsk ante la Corte Constitucional rusa y, en última instancia, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene ya pendiente estudiar una demanda contra el estado ruso presentada por la activista Irina Fedotova por la ley homófoba aprobada en Ryazan. Un fallo favorable a los demandantes tendría, en este caso, gran importancia. También el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene previsto estudiar el caso.

Acciones en marcha

Te recordamos que hay en marcha acciones de protesta contra la situación de los derechos LGTB en Rusia a las que puedes sumarte, tanto a través de la plataforma AllOut como mediante el envío de cartas de protesta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A finales de noviembre informábamos de ellas en esta entrada. Desgraciadamente sigue siendo actual.

Hace ahora dos meses, precisamente, las más de 246.000 adhesiones conseguidas entonces a través de AllOut (a día de hoy son casi 268.000) le fueron trasladadas a Catherine Ashton -jefa de la diplomacia de la Unión Europea- en presencia de los eurodiputados Ulrike Lunacek y Michael Cashman, presidentes del Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo.

Las encuestas empiezan a mostrar una brecha importante entre el socialista François Hollande -hoy día favorito- y el conservador Nicolas Sarkozy cara a las próximas elecciones presidenciales en Francia. Pero Sarkozy ve además con inquietud como el Frente Nacional de Marine Le Pen podría arrebatarle el segundo puesto e impedirle el acceso a la segunda vuelta. Quizá por eso el actual Presidente ha decidido quitarse la careta, abandonar su tradicional ambigüedad respecto a los derechos LGTB y arremeter con fiereza contra la posibilidad de que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea aprobado en Francia, tal y como proponen los socialistas.

“En estos tiempos revueltos en los que nuestra sociedad necesita referentes, no creo que haga falta embarullar la imagen de esta institución social esencial que es el matrimonio”, ha afirmado Sarkozy en una entrevista con el semanario Le Figaro Magazine en la que, con el indisimulado objetivo de arañar votos entre la derecha más extrema, intenta presentar una imagen de firmeza conservadora. Sarkozy, que se reconoce católico, es un buen conocedor de la institución matrimonial. No en vano se ha divorciado en dos ocasiones y casado tres veces…

Pero Nicolas Sarkozy va incluso más lejos y justifica el hecho de haber traicionado su programa electoral de 2007, en el que prometía una mejora de la situación jurídica de las parejas del mismo sexo. “Propuse en 2007 un contrato de unión civil. No lo hemos puesto en marcha porque nos dimos cuenta de que sería inconstitucional reservar un contrato así solo a los homosexuales. Este contrato de unión civil habría socavado la institución del matrimonio. Yo he velado porque se garantice a los homosexuales las mismas ventajas en términos de herencia y fiscalidad que las parejas casadas, pero en el contexto del PACS”, ha afirmado sin pudor alguno.

El Presidente francés también se ha mostrado contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo porque “abriría la puerta a la adopción”. “Se que hay situaciones especiales de hombres y mujeres que asumen a la perfección su papel parental, pero ello no nos puede llevar a pensar que haga falta inscribir en la ley una nueva definición de familia”, ha afirmado.

El PACS, fuente de múltiples discriminaciones

Las parejas del mismo sexo en Francia solo pueden optar hoy día a firmar un PACS (Pacte Civile de Solidarité), un contrato entre dos personas adultas (con independencia de su relación afectiva) que regula su vida en común.

Impulsado en 1999 por el entonces Gobierno socialista de Lionel Jospin, cuando todavía ningún país del mundo celebraba matrimonios entre personas del mismo sexo, hoy ha quedado profundamente desfasado y es fuente de multitud de casos de discriminación, algunos de los cuales hemos recogido en dosmanzanas: negativas a celebrarlos en Ayuntamientos, juzgados que niegan a la madre no biológica el derecho a visitar a su hija tras su ruptura con la madre biológica, prohibición de acceder a las técnicas de reproducción asistida, denegación del derecho a la pensión de reversión (un beneficio de que gozan la parejas casadas francesas mediante el cual el viudo o viuda de un cónyuge fallecido recibe una cantidad de dinero en función de la cuantía de la pensión de jubilación de este), etc.

La derecha francesa y los derechos LGTB

El sector más liberal de la UMP, un partido que durante los últimos años ha evitado promover las tímidas reformas en favor de los derechos LGTB que prometió en su momento, ha multiplicado en los últimos tiempos las iniciativas y las declaraciones en favor del matrimonio igualitario. Sin embargo el sector más conservador del partido, al que pertenecen políticos abiertamente homófobos como los diputados Christian Vanneste y Lionnel Luca, se opone con fuerza a cualquier avance en este tema.

El Parlamento de Uganda ha iniciado de nuevo la tramitación de un proyecto de ley que propone endurecer todavía más el tratamiento penal a las personas homosexuales, incluyendo la pena de muerte en algunos casos, así como la persecución de aquellas personas u organizaciones que les den cobertura. El proyecto, objeto de fuerte polémica internacional hace un año, quedó sin votar antes de que finalizara la anterior legislatura.

Pese a que el proyecto, impulsado por el diputado homófobo David Bahati (con conexiones con la derecha religiosa estadounidense) quedó sin votar antes de que en mayo de 2011 finalizara la anterior legislatura en el Parlamento ugandés, ya se habían escuchado voces, como las del diputado Otto Odonga, a favor de tramitarlo de nuevo. Odonga es un homófobo aún más virulento que Bahati, que ha manifestado en ocasiones anteriores que mataría a su propio hijo si fuera gay. En octubre fue la propia speaker o presidenta del Parlamento ugandés, Rebecca Kadaga, la que anticipaba que el proyecto de ley sería de nuevo enviado a comisión para su estudio y consideración. Nada se supo después, hasta ahora. Este martes David Bahati introducía de nuevo el proyecto, que al parecer fue recibido con aplausos. Según Frank Mugisha, director ejecutivo de la organización Sexual Minorities Uganda, si finalmente el proyecto llega al pleno será sin duda aprobado.

Uganda es uno de los países de África en los que la homofobia es hoy día más acentuada. Allí fue asesinado en enero de 2011 el activista gay David Kato (recientemente su asesino fue condenado a 30 años de cárcel, una de las pocas noticias positivas que nos han llegado de aquel país). Kato era uno de los 100 ciudadanos homosexuales cuyo nombre y fotografía habían sido publicados por Rolling Stone (una publicación local ugandesa), acompañados de la leyenda “Hang Them” (“a la Horca”). Y en agosto, la oficina de FARUG (Freedom and Roam Uganda), una organización LGTB, fue víctima de un asalto. Entre el material desaparecido figuraba un listado electrónico de los miembros de la organización.

África, continente mayoritariamente hostil a los derechos LGTB

El caso ugandés no es único en África, desgraciadamente. Cada poco tiempo nos llegan nuevos casos de homofobia desdes otros países, como Camerún (que sigue persiguiendo penalmente a sus ciudadanos homosexuales), Ghana (cuyo Ministerio de Educación anunció hace varias semanas un nuevo programa “educativo” dirigido a “acabar con la homosexualidad“), Nigeria (que discute la penalización con varios años de prisión de las bodas homosexuales) o Zimbabue (cuyo Presidente llegó a calificar como satánicas las intenciones del Gobierno británico de retirar la ayuda económica a aquellos países que mantengan políticas de carácter homófobo).

Solo Malawi, por el momento, parece haber dado muestras de querer revisar las leyes contrarias a la homosexualidad en un futuro próximo como reacción a la presión de Reino Unido y de Estados Unidos, cuya secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunciaba hace pocas semanas en un histórico discurso ante Naciones Unidas que su país redoblaría los esfuerzos para luchar contra la persecución de las personas por su orientación sexual o su identidad de género en cualquier lugar del mundo.

El primer ministro maltés, Lawrence Gonzi, ha hecho un llamamiento a respetar a todas las personas con independencia de su orientación sexual, después de que se hayan producido en el pequeño país mediterráneo dos agresiones de carácter lesbófobo. Gonzi ha ordenado al ministro de Justicia que revise la legislación al respecto.

El ministro de Justicia Chris Said, que ya se ha reunido con representantes de la comunidad LGTB, les ha adelantado que Gobierno maltés promoverá que la legislación contra los crímenes de oido incluya  aquellos cometidos por razones de orientación sexual o identidad de género. Malta es miembro de la Unión Europea y ha firmado su Carta de Derechos Fundamentales, que prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual, pero no incluye a esta ni a la identidad de género entre las circunstancias protegidas por su legislación contra los crímenes de odio.

Una exclusión que queda especialmente al descubierto después de las recientes agresiones. La primera de ellas, ocurrida el pasado 13 de enero, fue cometida por dos jóvenes de 17 y 19 años contra dos adolescentes lesbianas, a las que agarraron del pelo, golpearon y presionaron los pechos. Aparte de diversas contusiones y hematomas, una de ellas sufrió una fractura nasal. La segunda agresión fue cometida el 3 de febrero por un conductor de autobús, ya despedido por la compañía, contra dos pasajeras.

Una realidad atrasada

Malta, país que junto a Italia y Letonia recibió 0 puntos en la valoración que ILGA Europe hizo hace algunos meses de la situación de los derechos LGTB en Europa, despenalizó las relaciones homosexuales en 1973. Miembro de la Unión Europea, además de firmar su Carta de Derechos Fundamentales el país se vió obligado a legislar contra la discriminación laboral de las personas homosexuales en el trabajo, pero no dispone de legislación específica contra los delitos homófobos ni tránsfobos. Tampoco reconoce las parejas del mismo sexo, aunque recientemente los partidos más importantes del país se han pronunciado a favor de hacerlo.

Recordamos que en 2008 dosmanzanas publicó un interesante artículo sobre la situación de las personas LGTB en Malta, y poco después entrevistó al que fue primer candidato abiertamente gay a unas elecciones en la historia del país.