Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco, y uno de los dirigentes de su partido que de una forma más visible se ha posicionado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo (aunque sin poner en cuestión el recurso de su partido al Tribunal Constitucional) ha incluido una alusión a los derechos LGTB en la propuesta de ponencia política que el PP discutirá en su próximo congreso.

La propuesta de ponencia política, elaborada por Basagoiti, Juan Vicente Herrera y Juan José Imbroda (estos dos, presidentes de Castilla y León y Ceuta, respectivamente)  hace alusión a la voluntad del PP “de defender los derechos de todas las personas, también de aquellas que sufrieron discriminación legal o social por razón de género u orientación sexual, mostrando nuestro compromiso con el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales, para elevar a la categoría legal y política de normal lo que en la calle es plenamente normal”. El pronunciamiento va más allá de lo que hasta ahora el PP había oficializado en su programa ideológico, pero es lo suficientemente ambiguo como para ser asumido tanto por los favorables como por los contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo. No se hace referencia alguna a este ni a otro de los puntos recurridos ante el Constitucional por el PP, el derecho a adoptar hijos conjuntamente.

Basagoiti no ha dudado en alinearse con Alberto Ruiz-Gallardón en la polémica generada estos últimos días tras las declaraciones del ministro de Justicia, que ha afirmado estar convencido “a título personal” de la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo pero ha argumentando que ya no se puede retirar el recurso del PP. También ha mostrado su comprensión hacia Ruiz-Gallardón otro destacado miembro del PP vasco: el actual portavoz del grupo popular en el Congreso, Alfonso Alonso, de quien ya se conocía su posición personal a favor del matrimonio igualitario, que ha reiterado ahora. “Soy claramente partidario del matrimonio homosexual y lo he sido siempre”, ha afirmado. Alonso, como el resto de sus compañeros, insiste sin embargo en esperar a que se pronuncie el Constitucional para “dar una respuesta a una duda y una inquietud por parte de la sociedad española”.

El País editorializa sobre la división en el PP

El diario El País editorializaba precisamente este domingo sobre la supuesta división del PP en este tema. El País responsabiliza ahora al sector más conservador de ese partido de haber mantenido una “estrategia agitadora” para erosionar al Gobierno socialista en este tema. “El Partido Popular deploró primero las uniones de hecho para abrazarlas después, rechazó la posibilidad de que las parejas homosexuales pudieran adoptar hijos y, finalmente, recurrió al Constitucional simplemente por considerar que la palabra matrimonio no era la adecuada para una institución que tradicionalmente solo se había utilizado para parejas heterosexuales. Un problema, en definitiva, de denominación difícilmente impugnable por vulneración de derechos”, expresa el editorial. El País incurre en el mismo error que la gran mayoría de medios generalistas repiten una y otra vez: que el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional se limita a una cuestión nominal. El recurso también se refiere, por ejemplo, en su motivo cuarto de inconstitucionalidad al derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar conjuntamente.

El País (cuyo editorial no se posiciona explícitamente) parece apostar porque el Tribunal se inclinará por la constitucionalidad de la ley. “Esa estrategia se vuelve ahora contra el Gobierno, obligado a tomar una decisión sobre un asunto que carece de consenso en el PP: o derogar el matrimonio homosexual incluso si el Constitucional lo da por válido, algo que Rajoy no ha querido nunca descartar con claridad, o atenerse al veredicto de los jueces, lo que desean tanto Gallardón como Alonso, y desairar al sector social más conservador que el PP ha utilizado en su estrategia de acoso”, expresa.

GayLib ha decidido retirar su apoyo a Nicolas Sarkozy, al que hace cinco años apoyó de forma entusiasta. Los LGTB conservadores franceses consideran que las recientes declaraciones de su Presidente al semanario Le Figaro Magazine han ido demasiado lejos.

Emmanuel Blanc, presidente del grupo LGTB de la UMP, se ha mostrado literalmente “estupefacto” por las palabras del líder de su partido, contrario a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo por no querer “embarullar la imagen de esta institución social” en estos “tiempos revueltos” y que incluso mostró su oposición a aprobar una ley de uniones civiles equiparable. Blanc ha recordado que Sarkozy ha promovido medidas positivas, como la mejora de la fiscalidad del PACS, el apoyo a la despenalización universal de la homosexualidad o la introducción de la diversidad sexual en los programas escolares, pero ha afirmado que cuando uno lee sus últimas declaraciones parece estar escuchando a Christine Boutin (política democristiana conocida por sus posiciones homófobas y que también ha anunciado su candidatura a la Presidencia).

GayLib no hará campaña a favor de Sarkozy en las próximas elecciones presidenciales. Emmanuel Blanc ha asegurado que él, en cualquier caso, sigue identificándose con los “valores fundacionales” de la UMP, como la libertad y la responsabilidad individual, y no está dispuesto a votar al candidato socialista, François Hollande, que sí ha incluido en su programa el matrimonio igualitario y la adopción conjunta por parejas del mismo sexo. “Votaré en blanco o a Sarkozy, dependerá de la campaña”, ha dicho.

El distanciamiento entre GayLib y su partido matriz viene de lejos. Ya en junio de 2010 decidió marchar en el Orgullo LGTB parisino sin el logotipo ni la financiación de la UMP, debido a sus continuas negativas a cualquier avance en materia LGTB.

El departamento de Estado norteamericano emitió el pasado jueves un comunicado en el que expresa su rechazo al proyecto de ley de la ciudad de San Petersburgo (Rusia), que pretende prohibir la “propaganda homosexual” a menores y que en la práctica haría imposible la lucha contra el acoso homofóbico y los crímenes de odio, así como la celebración de marchas de Orgullo LGTB.

En la declaración, emitida como respuesta a una pregunta surgida en una rueda de prensa, se expresa la preocupación por una legislación que “restringiría severamente la libertad de expresión y de reunión de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y en realidad de todos los rusos“. “Los derechos LGTB son derechos humanos y los derechos humanos son derechos LGTB“, recuerda también el comunicado, haciendo referencia al histórico discurso que pronunció la secretaria de Estado Hillary Clinton el pasado diciembre ante las Naciones Unidas.

De aprobarse el proyecto de ley, San Petersburgo se uniría a regiones como Arkhangelsk o Ryazan, que ya disponen de legislaciones de este tipo. La propuesta original ha sido además endurecida en su segunda lectura, aumentando hasta diez veces la cuantía de las multas que las autoridades pueden imponer a los que incumplan la norma, y que pueden alcanzar ahora los 500.000 rublos (alrededor de 13.000 euros). Una cantidad inasumible para un ciudadano ruso medio.

Como adelantábamos en enero, el último territorio en sumarse a la corriente homófoba es la región de Kostroma, que hace pocos días aprobaba una ley en el mismo sentido. También en Moscú, la capital rusa, se prepara el terreno para una medida similar.

En enero recogimos también la detención en Arkhangelsk de tres activistas LGTB (entre ellos Nikolai Alekseev) que se manifestaron delante de una biblioteca pública mostrando pancartas informativas sobre la realidad LGTB con la intención de desafiar la prohibición; Alekseev ya ha sido multado por ello. Los activistas, de hecho, tienen intención de utilizar esta detención para llevar la ley homófoba de Arkhangelsk ante la Corte Constitucional rusa y, en última instancia, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene previsto estudiar el caso.

Paralelamente siguen también en marcha acciones de protesta contra la situación de los derechos LGTB en Rusia a las que te puedes sumar, tanto a través de la plataforma AllOut como mediante el envío de cartas de protesta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Polémica en Polonia tras la sentencia de un tribunal de Varsovia que ha desestimado la querella interpuesta por activistas LGTB contra uno de los diarios más importantes del país por comparar la homosexualidad a la zoofilia. La sentencia se produce pocos meses después de que otro tribunal polaco desatara una ola de indignación al autorizar a un partido de extrema derecha a utilizar un símbolo homófobo.

En junio de 2009, pocos días después de las celebraciones del Orgullo de Varsovia, el diario Rzeczpospolita publicó una serie de textos homófobos en los que se comparaba la homosexualidad a la zoofilia. El primero de estos textos era una viñeta, diseñada por el dibujante Andrzej Krauze, que mostraba a dos hombres que se están casando. Detrás de ellos, otro hombre le decía a una cabra: “tenemos que esperar que se casen esos señores, después nos toca a nosotros”. Días después, el mismo diario publicaba una columna supuestamente satírica del columnista Maciej Rybiński, así como un artículo de Tomasz P. Terlikowski, en los que se volvía a comparar la homosexualidad a la zoofilia. Rzeczpospolita, presentada a menudo como un diario de línea liberal-conservadora, fue uno de los principales apoyos con los que contó el Gobierno ultraconservador de los hermanos Kaczyński, y siempre se ha mostrado ferozmente hostil a los derechos LGTB.

Los activistas Urszula Pawlik y Michał Minałto, del colectivo Fórum Abierto, interpusieron una querella junto a otras asociaciones LGTB como Lambda Varsovia y Trans-Fuzja, y lanzaron además una campaña para sensibilizar a la ciudadanía sobre el tema. Ahora un tribunal de Varsovia ha rechazado la querella, al considerar que el diario no violó la dignidad personal de los demandantes. El auto considera que al comparar la homosexualidad a la zoofilia no se infringe ningún atributo de la personalidad según las leyes aplicables.

La reacciones a la sentencia no se han hecho esperar. Políticos de izquierda y activistas LGTB la han condenado y han asegurado que seguirán luchando contra la homofobia. El diario Gazeta Wyborcza ha subrayado la necesidad de aprobar una ley contra la homofobia y la transfobia. Urszula Pawlik, por su parte, ha condenado el fallo afirmando que en el “derecho polaco no hay ninguna posibilidad de defender la dignidad” del colectivo LGTB. Pawlik se ha referido al caso de la cantante Doda, condenada en enero por blasfemia por afirmar en una entrevista que la Biblia fue escrita por “borrachos y fumados“. “Al parecer no se puede ofender el sentimiento religioso, pero si se puede ofender a las personas no heterosexuales”, ha declarado.

Los argumentos del tribunal han sido rechazados también por la nueva plenipotenciaria del Gobierno para la Igualdad, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, que ha pedido a la comisión de Ética del Parlamento que condene a Marek Suski, un diputado que en diciembre también comparaba las uniones entre personas del mismo sexo a la zoofilia. “Comparar las uniones de hecho con la zoofilia ofende a todos aquellos ciudadanos que viven o han vivido en uniones de ese tipo”, ha declarado Kozłowska-Rajewicz.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el Partido Popular (PP) ha accedido a la petición de la plataforma ultraconservadora HazteOír y ha eliminado de su web cualquier referencia a Punto Visible, un servicio de atención y asesoramiento a mujeres bisexuales y lesbianas que la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla financiaba hasta la llegada al poder del PP.

Según nota de prensa que publicábamos en marzo de 2011, la mayor parte de las consultas realizadas se debían a motivos legales -maternidad, filiación y métodos de reproducción asistida-, sociales -ampliar el círculo de amistades, actividades, información asociativa LGTB-, familiares -problemas en este ámbito personal derivados de la orientación sexual- y violencia intragénero. Se trataba de un innovador servicio municipal que era atendido por la Asociación DeFrente, a través de un grupo de mujeres con experiencia en la atención a personas del colectivo al que va dirigido.

“A las pocas horas de lanzar la protesta contra el uso indebido de los recursos públicos, por promocionar un servicio municipal que incluía clases de seducción para lesbianas y la exaltación de la homosexualidad, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha ordenado la retirada del enlace a Punto Visible en la web oficial del consistorio. El Ayuntamiento nos ha comunicado que desde la llegada al consistorio del actual equipo de Gobierno no se ha subvencionado el mencionado ‘servicio’ para lesbianas, aunque Punto Visible permanecía en la web municipal, desde donde se divulgaba”, se vanagloria la web de HazteOír, plataforma ultraconservadora con gran capacidad de movilización en redes sociales, que pide además que se felicite al alcalde popular, Juan Ignacio Zoido, por la rapidez en acceder a su petición.

Juan Ignacio Zoido sigue así la senda ya iniciada en junio de 2011, cuando se negó a que la bandera arco iris ondeara en lo alto del Ayuntamiento sevillano con motivo del Día del Orgullo LGTB, una tradición iniciada por el anterior alcalde. En aquel momento se argumentó desde el PP que se trataba de una medida general: no permitir que ninguna bandera no institucional fuera colocada en un lugar tan preeminente. Sin embargo, pocos meses después sí se permitía la colocación en esa misma ubicación de la bandera gitana, otra bandera “no institucional”.

Las organizaciones juveniles firmantes de este manifiesto (Jóvenes y ALS de IU-CM, Juventudes Socialistas de Madrid y Red Joven Equo Madrid) rechazan firmemente el acto de presentación del libro “Comprender y Sanar la Homosexualidad”, que tuvo lugar el pasado 7 de febrero en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, un evento que supone la promoción del pernicioso pensamiento homófobo en la Universidad. Denunciamos este acto porque constituye un ataque a los derechos y a la dignidad de las personas LGTB.

El libro salió a la luz hace un mes, cuando provocó la indignación de la red, incluida una petición firmada por 50.000 personas en la que se pedía a grandes librerías que lo sacaran de su catálogo. El motivo de la protesta era que el libro define la homosexualidad como una enfermedad, una idea que ya fue desterrada de los círculos médicos con su retirada de la lista de enfermedades de la OMS en 1990.

La idea de que la homosexualidad se puede curar es un ataque frontal a la dignidad del colectivo LGTB, un lamentable resquicio del tiempo en el que las personas LGTB eran perseguidas y reprimidas por su condición sexual. En nuestra opinión, este discurso intolerante y discriminatorio es totalmente inaceptable, y más si se difunde en la universidad, un espacio para el intercambio de conocimientos e ideas desde la pluralidad y el respeto.

Además, y por las características de la universidad que acogió el evento, queremos denunciar el acoso constante que sufre el colectivo LGTB desde el entorno religioso. Es un motivo más para exigir que el Estado Español, constitucionalmente aconfesional, se convierta por fin en un Estado laico desvinculado de cualquier credo religioso.

Creemos que es hora de acabar con el flujo de fondos públicos que, a través de los Presupuestos Generales del Estado, acaban cada año en las arcas de la Iglesia Católica. Fondos públicos que en buena medida acaban subvencionando una educación privada religiosa que, como en el caso del acto en San Pablo-CEU, no contribuye a promover las ideas de respeto y tolerancia que hacen falta en una sociedad moderna.

JÓVENES DE IU-CM y ALS IU-CM
JUVENTUDES SOCIALISTAS DE MADRID
RED JOVEN EQUO MADRID

El Col·lectiu Lambda de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales muestra su rechazo a la propuesta de ordenanza sobre el trabajo sexual anunciada por el regidor de Policía del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez. La ordenanza plantea multas por la negociación (o intento de negociación) de servicios sexuales en la calle, tanto para las personas que los ofrecen como para aquellas que los piden. Con esto, como ha dicho el coordinador general de Lambda, José de Lamo, “lo único que se intenta es criminalizar a las personas que realizan el trabajo sexual libremente, porque hay que recordar que en los casos de tráfico de personas, la ley ya tiene prevista su erradicación mediante la aplicación del código penal a este delito”.

Lambda trabaja tanto con mujeres transexuales como con hombres que ejercen el trabajo sexual, y desde el conocimiento de esta realidad no se puede admitir la criminalización moralista que propone esta ordenanza a una actividad que es legal. Multar tanto a las personas que ejercen el trabajo sexual como a sus clientes, perjudica a las primeras y su forma de subsistencia. Se tiene que observar objetivamente esta realidad para entender que los servicios sexuales son negociados entre la persona que los ofrece y el cliente, y que dificultar esta negociación es perjudicial para la seguridad de las mujeres y hombres que ejercen el trabajo sexual.

Para José de Lamo, coordinador general del Col·lectiu Lambda, “la propuesta estrictamente policial que ha presentado el Partido Popular es una clara muestra que la única intención es poner en marcha una persecución según su moral sexual. ¿Por qué se persigue con multas la negociación en la calle de servicios sexuales y no, por ejemplo, la negociación de servicios de hostelería? En ambos casos después el servicio negociado se realiza en un espacio privado.”

Según Ana Cano, coordinadora del Grupo de Identidad de Género y Transexualidad de Lambda, “una ordenanza de este tipo sólo conseguirá que las mujeres y los hombres que ejercen el trabajo sexual lo continúan haciendo pero con más inseguridad, lo cual comportará una mayor exclusión. Queremos políticas de inserción laboral para las personas que desean dejar esta actividad, pero también soluciones para aquellas que decidan continuarla. Por eso proponemos una mesa de diálogo donde estén representadas todas las realidades implicadas: ayuntamiento, asociaciones vecinales, entidades que trabajan en este ámbito y fundamentalmente las personas que ejercen el trabajo sexual”. Desde el Col·lectiu Lambda se ha mostrado la absoluta disposición a trabajar en este sentido y a construir una solución conjunta que no siga excluyendo los colectivos más discriminados.

Sentencia histórica para los derechos LGTB en Europa la que se ha conocido este jueves. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obliga a los países miembros del Consejo de Europa, ha fallado que condenar la homofobia no viola la libertad de expresión.

Los demandantes Tor Fredrik Vejdeland, Harlin Mattias, Björn Tang y Niklas Lundström son ciudadanos suecos. En diciembre de 2004 fueron a una escuela secundaria y distribuyeron un centenar de panfletos de una organización llamada “Juventud Nacional” en los que se afirmaba que la homosexualidad era una tendencia sexual anormal, tenía un efecto moralmente destructivo en la sociedad, era responsable de la transmisión del VIH y el sida y promovía la pederastia. En julio de 2006 el Tribunal Supremo de Suecia les condenó por promover el odio contra un grupo nacional o étnico, con multas de entre 200 y 2.000 euros.

Los demandantes, envalentonados, alegaron que la sentencia conculcaba su “derecho a la libertad de expresión”, argumentando que el objetivo de su acción era empezar un debate acerca de la falta de objetividad en el sistema escolar sueco. Por ello reclamaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que ahora ha fallado en su contra. El tribunal considera que la posible interferencia con el ejercicio de los demandantes de su derecho a la libertad de expresión fue razonablemente tratada por las autoridades suecas, debido a la necesidad en una sociedad democrática de proteger la reputación y los derechos de todas las personas. Considera además especialmente relevante que los panfletos se dirigieran a adolescentes. El tribunal admite que aunque no se llamaba directamente a la acción contra las personas homosexuales, los términos de las octavillas eran insultantes.

Puedes leer la sentencia completa (caso Vejdeland y otros contra Suecia, en inglés) pinchando aquí.

El Gobierno de Uganda ha expresado a través de un comunicado oficial que no apoya el proyecto de ley reintroducido esta semana en el Parlamento de ese país por el diputado David Bahati, que persigue endurecer todavía más las penas a las personas condenadas por mantener relaciones homosexuales, si bien considera legítima su

De hecho, el propio Gobierno de Uganda ha querido resaltar que, pese a no contar con su apoyo, “en caso de ser aprobada” la ley no contemplaría la pena de muerte en ningún caso. El Gobierno ugandés quiere probablemente evitar la polémica internacional que levantó el anterior intento de aprobar el proyecto, que al final quedó sin votar antes de que en mayo de 2011 finalizara la anterior legislatura.

Parece poco probable, sin embargo, que lo consiga. Incluso eliminando la pena de muerte (que el proyecto tal y como está ahora redactado se aplicaría, por ejemplo a los homosexuales infectados por VIH que mantengan relaciones) las penas que recoge son infames. Una sola relación homosexual sería castigada con siete años de prisión. La “reincidencia” sería castigada con prisión perpetua. También serían castigados con penas de cárcel quienes colaboraran o dieran cobertura a personas homosexuales. Incluso serían castigadas con multas aquellas personas que siendo conocedores de una relación homosexual no la denuncien en el plazo de 24 horas. Ello haría imposible, por ejemplo, el trabajo de organizaciones de defensa de los derechos LGTB.

La Asamblea Legislativa de San Petersburgo (Rusia) ha aprobado en segunda lectura la prohibición de la “propaganda de la sodomía, el lesbianismo, el bisexualismo, el transgenerismo y la pederastia” a los menores de edad. A falta de la tercera y definitiva lectura, parece probable que San Petersburgo se una a regiones como Arkhangelsk o Ryazan, que ya disponen de legislaciones de este tipo.

Se trata de normas que hacen virtualmente imposible el trabajo de las organizaciones LGTB en la lucha contra el bullying homofóbico o los crímenes de odio, e incluso la organización de eventos LGTB como las marchas del Orgullo. En San Petersburgo, además, la propuesta original ha sido endurecida en esta segunda lectura, aumentando hasta diez veces la cuantía de las multas que las autoridades pueden imponer a los que incumplan la norma, y que pueden alcanzar ahora los 500.000 rublos (alrededor de 13.000 euros). Una cantidad inasumible para un ciudadano ruso medio.

Como adelantábamos en enero, el último territorio en sumarse a la corriente homófoba es la región de Kostroma, que hace pocos días aprobaba una ley en el mismo sentido. También en Moscú, la capital rusa, se prepara el terreno para una medida similar.

En enero recogimos también la detención en Arkhangelsk de tres activistas LGTB -entre ellos el veterano Nikolai Alekseev- que se manifestaron delante de una biblioteca pública mostrando pancartas informativas sobre la realidad LGTB con la intención de desafiar la prohibición. Precisamente esta semana se ha conocido que Alekseev ha sido ya multado. Los activistas, de hecho, tienen intención de utilizar esta detención para llevar la ley homófoba de Arkhangelsk ante la Corte Constitucional rusa y, en última instancia, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene ya pendiente estudiar una demanda contra el estado ruso presentada por la activista Irina Fedotova por la ley homófoba aprobada en Ryazan. Un fallo favorable a los demandantes tendría, en este caso, gran importancia. También el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene previsto estudiar el caso.

Acciones en marcha

Te recordamos que hay en marcha acciones de protesta contra la situación de los derechos LGTB en Rusia a las que puedes sumarte, tanto a través de la plataforma AllOut como mediante el envío de cartas de protesta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A finales de noviembre informábamos de ellas en esta entrada. Desgraciadamente sigue siendo actual.

Hace ahora dos meses, precisamente, las más de 246.000 adhesiones conseguidas entonces a través de AllOut (a día de hoy son casi 268.000) le fueron trasladadas a Catherine Ashton -jefa de la diplomacia de la Unión Europea- en presencia de los eurodiputados Ulrike Lunacek y Michael Cashman, presidentes del Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo.