‘Serie B’ es como se denominan en Italia los torneos de segunda o tercera categoría en el fútbol y otros deportes. Además, esta expresión tiene en italiano, como en castellano, un significado procedente del lenguaje cinematográfico. En este último sentido, sus orígenes están en los años dorados del sistema de estudios hollywoodiense: en aquellos tiempos era habitual que los cines ofrecieran al público sesiones dobles, en las cuales la primera película que se exhibía solía caracterizarse por su bajo presupuesto, sus actores principiantes, en decadencia o desconocidos, y –a pesar de la existencia de notables excepciones– por su escasa calidad en todos los aspectos.
“Es un matrimonio de serie B”: así definió Silvio Berlusconi el proyecto de ley de uniones de hecho (llamado ‘DICO’) elaborado por el anterior Gobierno italiano, el de Romano Prodi. ¿En cuál de los dos sentidos de esta expresión, el deportivo o el cinematográfico, estaría pensando Berlusconi, quien –además de ser el hombre más rico de Italia y el probable próximo presidente del gobierno de aquel país– preside el célebre club de fútbol Milan y es todo un magnate de la industria audiovisual? Probablemente en ambos. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que con sus palabras el jefe de la derecha italiana quería transmitir la idea de que las uniones de hecho que pretendía institucionalizar Prodi eran para él algo subalterno, inferior, desprovisto de la dignidad del matrimonio. Y, la verdad, no le faltaba razón.
Se equivocaba Berlusconi, ni que decir tiene, por lo que respecta a las parejas heterosexuales, que con el DICO hubieran tenido libertad para elegir, en caso de desear formalizar legalmente su situación, entre hacerlo como unión de hecho o bien como matrimonio. En estas condiciones parece obvio que las parejas heterosexuales que se decantasen por la primera opción no la considerarían en modo alguno como “un matrimonio de serie B”, sino precisamente como una alternativa al matrimonio que respondía mejor que éste a su propia manera de concebir su relación. En cambio, el líder derechista acertaba en relación con las parejas homosexuales, dado que en Italia a éstas les está vedado el matrimonio, y el Gobierno de Prodi no se planteaba siquiera acabar con esta injusticia. A una pareja homosexual que deseara acceder al matrimonio, el que no se les ofreciese otra cosa más que una “unión de hecho” no podía saberles sino a pobre y triste sucedáneo de aquello a lo que ellos aspiraban; de aquello a lo que, según el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, tenían pleno derecho.
Aun así, es cierto que el DICO hubiese constituido un –tímido, insuficiente– paso adelante en el contexto de Italia, donde las parejas homosexuales no tienen hoy ningún tipo de reconocimiento o protección legales. La oposición de Berlusconi y sus aliados a que se diese incluso este mínimo paso adelante, y la colaboración que recibieron desde dentro del propio gobierno de Prodi (en concreto, desde un partido democristiano pequeño pero decisivo) impideron que el DICO llegase finalmente a aprobarse: si, como prevén las encuestas, la derecha berlusconiana gana las próximas elecciones, es de temer que la injusticia actual se prolongue aún bastantes años en aquel país.
Muy diferente es, desde luego, la situación española: aquí hemos logrado en los últimos años la plena igualdad legal entre homosexuales y heterosexuales. Podemos felicitarnos por ello, pero no debemos cerrar los ojos ante la evidencia de que una victoria del PP en las elecciones del próximo 9 de marzo pondría en grave peligro dicha conquista social: el partido de Mariano Rajoy no esconde demasiado su intención de dar un paso atrás sin precedentes en las democracias occidentales al imponer por ley en nuestro país la desigualdad, la segregación y la inferiorización de las parejas homosexuales.
Los gais y las lesbianas no somos personas de serie B: nuestro amor, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias no son tampoco de serie B. No podemos aceptar, por lo tanto, más que la plena igualdad legal con los heterosexuales. Dado que actualmente en nuestro país disfrutamos ya de igualdad ante la ley, debemos rechazar de plano cualquier intento de dar pasos atrás en este terreno… que es, en definitiva, el de nuestra dignidad como seres humanos. Incluso un republicano estadounidense como el alcalde de San Diego (California) nos recordó esto mismo hace unos meses, cuando explicó a la gente de su ciudad por qué había pasado de estar en contra del derecho de las personas homosexuales al matrimonio a apoyarlo: “Hace dos años”, dijo, “yo creía que las uniones civiles constituían una alternativa justa; esta creencia, en mi caso, ha cambiado. El concepto de una institución ‘separada pero igual’ [en alusión al viejo lema segregacionista racial, ‘separate but equal’] no es algo a lo que yo pueda dar mi apoyo (…) Simplemente, no soy capaz de decirle a todo un grupo de personas de nuestra comunidad que son menos importantes, menos dignas o menos merecedoras de los derechos y deberes del matrimonio que cualquier otra persona, sólo por su orientación sexual.”
Los gais y las lesbianas no somos, tampoco, ciudadanos de serie B. ¿Qué valor tiene ese lema que Rajoy y los suyos repiten una y otra vez –anteayer volvió a invocarlo Rajoy en su debate con Zapatero– en esta campaña: “una nación de ciudadanos libres e iguales”? ¿Qué sentido puede tener, cuando quienes eso dicen al mismo tiempo dejan ver que bajo su gobierno (como bajo el régimen totalitario que imaginara Orwell en su fábula ‘Rebelión en la granja’) unos van a ser no sólo más libres, sino hasta ‘más iguales’ que otros? Igualdad significa tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, bajo la protección de las mismas leyes y las mismas figuras legales. Excluir a las parejas homosexuales del matrimonio y de la posibilidad de adoptar no es tratarlas como ciudadanos libres e iguales: es convertir la homofobia en política de Estado, es institucionalizar en España el ‘apartheid’ por motivos de orientación sexual.
¿Cómo habría que denominar una democracia que tratase así a sus ciudadanos, que humillase y despojase de sus derechos a una parte de la sociedad para imponer al conjunto de ésta los prejuicios de un determinado grupo religioso? ¿Democracia de serie B, por ejemplo?
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Nemo