El Tribunal Constitucional de Italia se pronunciará la próxima semana sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo

Se espera que el próximo martes 23 el Tribunal Constitucional de Italia se pronuncie sobre la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en ese país, en respuesta a dos requerimientos interpuestos por sendos tribunales de Venecia y Trento después de que dos parejas recurrieran la negativa a celebrar su matrimonio. Otros dos requerimientos más, interpuestos desde tribunales de Ferrara y Florencia, se encuentran además a la espera.
 
Los defensores del derecho de gays y lesbianas a contraer matrimonio argumentan que el artículo 29 de la Constitución italiana simplemente recoge el derecho a formar una familia, mencionando además que ésta se sostiene sobre el matrimonio, pero sin especificar que éste tenga que ser únicamente entre hombre y mujer. Los artículos del Código Civil que restringen el matrimonio a las parejas homosexuales atentarían, pues, contra los principios fundamentales del derecho al desarrollo de la propia personalidad y de igualdad entre los ciudadanos recogidos en los artículos 2 y 3 de la propia Constitución.
 
Las consultas ante el Tribunal Constitucional tienen su origen en una acción conjunta de dos organizaciones italianas que luchan a favor de los derechos LGTB, Rete Lenford y Certi Diritti, que en 2007 lanzaron la campaña «Afirmación Civil» a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, que como hemos venido informando está llevando a multitud de parejas a solicitar sus licencias de matrimonio y recurrir sistemáticamente las negativas.
 
El Constitucional italiano tiene tres opciones. Puede dar la razón a los recurrentes, declarando inconstitucionales los artículos correspondientes del Código Civil y, en consecuencia, legalizando el matrimonio civil entre personas del mismo sexo en Italia; puede decidir lo contrario o puede, en un tercer supuesto, optar por no pronunciarse al estimar que se trata de una cuestión que pertenece de lleno al ámbito legislativo. La primera opción es la menos probable, pero en cualquier caso se espera con curiosidad la fundamentación jurídica de la decisión.