El Tribunal Supremo búlgaro da la razón a los activistas LGTB que denunciaron una ordenanza municipal homófoba

Nos llega una buena noticia judicial desde Europa del Este. El Tribunal Supremo de Bulgaria ha rechazado el recurso planteado por el Consejo Municipal de Pazardzhik contra la decisión de la fiscalía general de Bulgaria que declaró ilegal una ordenanza municipal que prohibía mostrar en público la orientación sexual. El alto tribunal confirma que se trató de una ordenanza discriminatoria por razones de orientación sexual.

La ordenanza municipal fue impulsada en 2010 por el alcalde Todor Popov poco después de que en la capital, Sofía, se celebrara ese año la marcha del orgullo LGTB. La prohibición fue recurrida ante la fiscalía local de Pazardzhik, pero el fiscal Stefan Yanev la consideró acertada en base a “la ley natural”, equiparando la homosexualidad a otras “orientaciones sexuales antinaturales” como la pederastia, la zoofilia, la gerontofilia, la necrofilia y el fetichismo. Esta decisión fue a su vez recurrida por colectivos LGTB ante la fiscalía general de Bulgaria, que la declaró finalmente ilegal.

Ahora el Supremo búlgaro ratifica esa decisión y establece explícitamente que la ordenanza tenía un carácter discriminatorio por razones de orientación sexual, por lo que queda definitivamente invalidada. Un fallo de gran importancia por el antecedente que supone para casos similares que puedan ocurrir en el futuro.

Se da la curiosa circunstancia de que tanto Popov, el alcalde de Pazardzhik, como el abiertamente homófobo fiscal Yanev fueron condecorados el pasado año por el obispo ortodoxo de Plovdiv, como entonces informamos, por su “defensa de los valores cristianos, de la moralidad y la espiritualidad ortodoxa y la santidad del matrimonio y la familia”.