Nuevo giro del Gobierno: ahora afirma que atenderá a los pacientes crónicos «sin papeles» y facturará el coste a sus países de origen

Nuevo giro del Gobierno del PP en su política de atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Ahora el Ministerio de Sanidad afirma que sí atenderá a los pacientes en situación irregular que estén bajo tratamiento crónico, entre ellos las personas afectadas por VIH/sida (Gesida calcula que entre 2.700 y 4.600 quedarían sin tratamiento), pero facturará el coste a sus países de origen.

El colectivo de inmigrantes en situación irregular -entre otros- quedará sin derecho a la asistencia sanitaria regular a partir del 1 de septiembre, salvo en casos de urgencia. Esta misma semana el Gobierno anunciaba que podrían recuperarla a cambio del desembolso de una cantidad de dinero (59’20 euros al mes los menores de 65 años, 155’4 euros al mes los mayores de esa edad). Todo ello ha generado numerosas críticas tanto desde el punto de vista social y humanitario como desde el punto de vista meramente técnico. Los especialistas en VIH han alertado de las graves consecuencias para la salud pública que ello supone, en términos tanto de riesgo de nuevas transmisiones como de aumento de infecciones oportunistas, ingresos en urgencias y sobrecoste económico.

Quizá por eso el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, ha afirmado ahora que los pacientes que padezcan procesos crónicos sí serán atendidos, pero se pasará la factura a sus países de origen. Rivero ha equiparado la situación de estos pacientes a la de los españoles que visitan otros países, mencionando además la existencia de convenios de colaboración bilateral. No ha aclarado, sin embargo, lo que pasará cuando no exista convenio con el país de origen o cuando este simplemente no cubra estos tratamientos. El propio Rivero, por otra parte, ha admitido la dificultad para implantar este sistema de cobro. No queda claro si la factura será remitida al inmigrante en caso de que el país de origen no abone la misma.

Sobre la diferencia, fundamental en este caso, entre lo que es urgente y lo que no, Rivero ha señalado que ello lo decidirá el médico. Lo cierto es que las declaraciones de Rivero, según el cual «si no se toman las medidas asistenciales necesarias se puede adquirir una patología mucho más compleja de la que se tiene en un momento dado» no aclaran demasiado el panorama, e incluso arrojan más confusión a la situación. Como bien explica El País, si las declaraciones de Rivero se aplican en un sentido estricto, no hay mejora respecto a lo que se sabe hasta ahora. Si se usara un criterio amplio, todos los inmigrantes irregulares podrían recibir atención, ya que en realidad situación siempre puede empeorar si no se trata desde el principio… Y en ambos casos existe el riesgo de que los servicios de urgencias se vean colapsados, tal como ya ha advertido la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

En definitiva, pese a la seriedad del problema, a día de hoy nadie sabe a ciencia cierta, empezando por los propios profesionales sanitarios, como actuar a partir del 1 de septiembre.