"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

Italia: les niegan una ayuda oficial para la compra de vivienda por ser una pareja gay

La discriminación en el acceso a la vivienda es uno de los problemas a los que se enfrentan las parejas del mismo sexo en Italia, tanto por lo que se refiere al alquiler como a la compra. Muchos bancos incluso se niegan a concederles hipotecas (pese a lo cual solo en 2011 las hipotecas contraídas por parejas del mismo sexo ascendieron a 16.000). Pero más grave es aún que la discriminación la ejerzan las propias administraciones públicas, como ha sucedido en Friuli-Venecia Julia, al norte de Italia, cuyo Gobierno regional ha rechazado la solicitud presentada por una pareja gay para acogerse a las ayudas del plan regional de vivienda, y ello a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos. La pareja ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante los tribunales.

Los dos hombres, a los que los medios italianos han llamado Marco y Giovanni (su verdadera identidad no ha sido revelada) tienen 35 años, conviven desde hace siete y han obtenido el reconocimiento de su unión por parte del Ayuntamiento de Pordenone, que les ha otorgado el estatus de “familia registrada fundada sobre un vínculo afectivo”. En 2011 la pareja decidió comprar su primera casa y solicitó acogerse a la ayuda de 17.000 euros prevista por la región Friuli-Venecia Julia con el fin de favorecer la adquisición de una vivienda habitual financiada con préstamo hipotecario. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por el banco Mediocredito del Friuli Venezia Giulia (encargado de otorgar las ayudas) por tratarse de una pareja del mismo sexo. En una carta enviada a Marco y Giovanni en octubre de 2012 el banco afirmaba que no se les podía conceder la ayuda por no constituir una pareja de hecho.

Lo cierto es que la negativa viola claramente el propio reglamento que regula estas ayudas, cuyo artículo 9.3 afirma que la ayuda puede ser solicitada por cualquier ciudadano mayor de edad, tanto individuos como parejas casadas y de hecho. Es por eso que Marco y Giovanni solicitaron la ayuda del letrado de la asociación LGTB Arcigay Friuli Nuovi Passi, Francesco Furlan, que reclamó al Gobierno regional la concesión de la ayuda denegada. En su respuesta, sin embargo, este ratificó la negativa, negándose a reconocer que Marco y Giovanni son una pareja de hecho e ignorando por completo el estatus de familia registrada otorgado por el Ayuntamiento de Pordenone. Un funcionario llegó a comentarles, de hecho, que si hubiesen presentado su solicitud individualmente, como solteros, casi con total seguridad se les habría concedido la ayuda.

De nuevo a los tribunales…

En un comunicado el abogado Furlan y el presidente de Arcigay Friuli Giacomo Deperu han denunciado el carácter discriminatorio y absurdo de la actuación del Gobierno regional. Marco y Giovanni ya han anunciado que la recurrirán ante el tribunal administrativo regional de Friuli.

En los últimos años, de hecho, han tenido que ser decisiones judiciales las que abran el camino hacia el reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo en el único gran país de la Unión Europea cuyos políticos se han negado hasta la fecha a reconocerlas. El año pasado la Corte Suprema de Casación italiana afirmaba en una histórica sentencia que las parejas del mismo sexo tienen derecho a una vida familiar con los mismos derechos que las parejas de distinto sexo. Y el tribunal de apelación de Milán ha reconocido a la pareja masculina de un empleado de banca el derecho a beneficiarse de la cobertura sanitaria que la empresa proporciona a las parejas de sus empleados afirmando que el concepto de “convivencia marital” no excluye la convivencia entre personas del mismo sexo. A pesar de ello los políticos italianos insisten en discriminar a las parejas del mismo sexo permitiendo que se despilfarre el dinero público en absurdos procesos judiciales.

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