"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

Rouco demanda al Gobierno la derogación del matrimonio igualitario

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, ha demandado al Gobierno de Mariano Rajoy la derogación urgente de la ley de matrimonio igualitario. «No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales. Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa», ha afirmado.

Rouco ha planteado sus exigencias en el discurso inaugural de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, casualmente el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visitaba en Roma al nuevo papa, el argentino Jorge Bergoglio. Además de exigir el fin del matrimonio igualitario, el cardenal y arzobispo de Madrid ha criticado la tardanza del Gobierno en sacar adelante la prometida reforma de la ley del aborto. “No es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida de aquellos seres humanos inocentes que no por hallarse en las primeros estadios de su existencia dejan de gozar de ese básico derecho fundamental. Es urgente la reforma en profundidad de la legislación vigente”, ha expresado. Una demanda, por cierto, que el Gobierno se apresta a cumplir. Este mismo lunes el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón confirmaba que España volverá a criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo salvo en el caso de algunos supuestos excepcionales, de una forma incluso más restrictiva que la que marcaba la legislación vigente entre 1985 y 2010: las malformaciones fetales ya no serán admitidas, por ejemplo, como causa de aborto.

En materia educativa, Rouco Varela ha pedido al Gobierno «que reconozca el derecho fundamental que asiste a los padres en la elección de la formación ética y religiosa que desean para sus hijos». «La imposición de materias impregnadas de relativismo e ideología de género constituye una de las razones básicas del deterioro de la enseñanza en general», ha añadido. Conviene recordar que la jerarquía católica española ya consiguió del Gobierno la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la nueva ley de Educación que prepara el ministro José Antonio Wert, tras haber depurado ya el presente curso los contenidos relacionados con la diversidad afectivo-sexual.

Frente a la dureza exhibida en materia de moral sexual, Rouco se ha mostrado tibio y genérico a la hora de referirse a la actual situación de crisis. A los agentes de la vida económica les ha pedido que sean conscientes «de que es el momento de ajustar las conductas a un modo de vida acorde con nuestras verdaderas posibilidades» y huir de la «codicia y de la ambición desmedida». También ha mostrado preocupación por las tensiones sociales y ha advertido de que «es necesario vigilar para que el delicado equilibrio de la paz social no sufra graves alteraciones que tendrían consecuencias negativas para todos».

El Estado aporta a la iglesia más de 11.300 millones de euros

Las exigencias de Rouco al Gobierno y la visita de Rajoy al papa se producían también el mismo día que el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, hacía el recuento del dinero que el Estado español, a través de sus diferentes administraciones, aporta cada año a la iglesia católica: un total de 11.337,1 millones de euros (el 1% del PIB) por muy diferentes conceptos, incluyendo exenciones fiscales.

Por lo que se refiere a las famosa casillas habilitadas en el impreso de declaración de la renta, Delgado ha recordado que la iglesia recibe dinero tanto de la casilla destinada a financiarla directamente como de la casilla destinada a fines sociales, por lo que ha recomendado a los contribuyentes no señalar equis alguna.

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