"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

Un grupo de parejas de Pensilvania, otro importante estado, inician la batalla legal por el matrimonio igualitario

Otro importante estado de Estados Unidos se suma a la lucha a favor del matrimonio igualitario. En Pensilvania acaba de ser presentada una demanda ante la justicia federal contra la prohibición del matrimonio igualitario en ese estado. Por lo pronto la fiscal general de Pensilvania ya ha dejado claro que ella no piensa personarse como parte en defensa de la ley discriminatoria.

La demanda ha sido presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU) y una firma de abogados de Filadelfia en representación de 10 parejas del mismo sexo y una viuda, y solicita que la vigente ley estatal que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo sea considerada inconstitucional por atentar contra el derecho a la igual protección ante la ley que garantiza la Constitución de los Estados Unidos. Ello permitiría a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio en Pensilvania, así como que el estado reconociera los matrimonios celebrados en otros estados que sí lo permiten.

Comienza ahora la que puede ser una larga batalla judicial. Por lo pronto la fiscal general de Pensilvania, la demócrata Kathleen Kate, a la que en primera instancia corresponde litigar en defensa de las leyes del estado, ya ha anunciado que no lo hará. «Desde un punto de vista ético no puedo defender la constitucionalidad de la ley de Pensilvania cuando yo creo que es totalmente inconstitucional», ha declarado. La defensa correrá por tanto a cargo de la oficina del Gobernador, el republicano Tom Corbett. Toda una patata caliente para un gobernador no especialmente popular, que el próximo año se enfrenta a una complicada reelección, en un estado ahora controlado por los republicanos pero en el que los demócratas son fuertes y donde las encuestas arrojan ya una mayoría social favorable al matrimonio igualitario.

Un dato aparentemente desalentador es que el juez federal al que ha correspondido el caso es John E. Jones, un juez de perfil conservador que fue propuesto por George Bush (y que contó con el apoyo del entonces senador por Pensilvania Rick Santorum). Como antecedente positivo, Jones falló en su momento en contra de la enseñanza de la antievolucionista teoría del «diseño inteligente» en las escuelas públicas del estado.

Efecto dominó

El de Pensilvania es sin duda un proceso importante, al tratarse del último gran estado del noreste en el que se plantea la cuestión. Los seis estados de Nueva Inglaterra, Nueva York y Maryland ya han aprobado el matrimonio igualitario. También lo hizo la legislatura de Nueva Jersey, aunque en este caso el veto del gobernador republicano Christopher Christie ha impedido su entrada en vigor. Y aunque la batalla parlamentaria no está definitivamente perdida (hasta enero de 2014 hay tiempo para levantar el veto de Christie) la situación creada tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos hace posible que cualquier nueva demanda que se plantee ante la justicia de Nueva Jersey desemboque en la obligatoriedad de reconocer el matrimonio igualitario (la Corte Suprema de ese estado ya sentenció la obligatoriedad de reconocer los mismos derechos a las parejas del mismo sexo, a lo que en su momento Nueva Jersey respondió aprobando una ley de uniones civiles, pero ahora ha quedado claro que dichas leyes no garantizan la igualdad total).

No será, sin embargo, la  última demanda en este sentido. Por lo pronto la ACLU estudia iniciar el proceso en Virginia y Carolina del Norte. Un buen termómetro de por dónde van las cosas será la sentencia sobre un caso similar en el estado de Michigan, que podría conocerse en octubre. En este estado una pareja de lesbianas, madres de tres hijos legalmente adoptados por una de ellas, inició la batalla ante la justicia federal en enero de 2012 para poder ver reconocidos legalmente sus derechos como familia, lo que ahora impide la existencia de una enmienda a la Constitución de Michigan aprobada en 2004.

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