La Fiscalía de Málaga considera que la libertad religiosa ampara las declaraciones homófobas del cardenal Fernando Sebastián

La Fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias abiertas tras la denuncia de la Confederación COLEGAS de las declaraciones homófobas del cardenal Fernando Sebastián, que en una entrevista concedida el pasado enero al diario Sur argumentó que la homosexualidad es una “deficiencia” tratable. El ministerio público considera que las palabras del cardenal, que en su momento dieron la vuelta al mundo, no son constitutivas de delito y defiende que están amparadas por la libertad religiosa.

Muchos se quejan y no lo toleran, pero con todos los respetos digo que la homosexualidad es una manera deficiente de manifestar la sexualidad, porque ésta tiene una estructura y un fin, que es el de la procreación. Una homosexualidad que no puede alcanzar ese fin está fallando. Eso no es un ultraje para nadie. En nuestro cuerpo tenemos muchas deficiencias. Yo tengo hipertensión, ¿me voy a enfadar porque me lo digan? Es una deficiencia que tengo que corregir como pueda. El señalar a un homosexual una deficiencia no es una ofensa, es una ayuda porque muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar y normalizar con un tratamiento adecuado. No es ofensa, es estima. Cuando una persona tiene un defecto, el buen amigo es el que se lo dice”, declaraba en su momento Sebastián, uno de los 19 elegidos por el papa Francisco para integrar su primera hornada de cardenales.

Unas palabras en las que la Fiscalía de Málaga no aprecia delito alguno. Pese a considerarlas «muy desafortunadas» el ministerio público sostiene que la declaración de Sebastián no tenía «en absoluto como finalidad la difusión de un discurso de odio, según se desprende del tono, contenido y contexto de la misma». La Fiscalía ve «entendible que el colectivo pueda sentirse ofendido, dado que equiparar, como hace, una enfermedad como la hipertensión con la homosexualidad supone señalarlos como enfermos con las evidentes connotaciones negativas y de estigmatización que tendría dicha afirmación» pero considera que las palabras del cardenal están amparadas por el derecho a la libertad de expresión por «carecer de la gravedad o intencionalidad necesarias para entender lesionado el derecho al honor».

La denuncia de COLEGAS argumentaba que Sebastián habría podido incurrir en alguno de los supuestos tipificados en el artículo 510 del Código Penal, que castiga con prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses a quienes “provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía” y a los que “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía”.

Para la Fiscalía, la libertad religiosa ampara las declaraciones

Pero la Fiscalía de Málaga va más lejos, al defender que las declaraciones de Sebastián se ubican «dentro del magisterio de la Iglesia» que considera protegido por la ley española. «Desde el momento en que el catecismo de la Iglesia Católica, aunque lógicamente no tenga que ser compartido por nadie, es un libro protegido por la legislación española que permite su publicación y difusión por cualquier medio a pesar de que hable de los actos homosexuales como ‘contrarios a la ley natural e intrínsecamente desordenados’, deberá como legítima consecuencia permitirse que quien profese dichas creencias las refiera o enuncie públicamente», opina la Fiscalía.

En caso contrario, según la fiscal, «estaríamos menoscabando gravemente su derecho a la libertad religiosa». «Mientras el Estado proteja y ampare la difusión de los preceptos de las religiones reconocidas tendría que respetarse también a quien se limite a enunciarlas en alta voz, sea cual sea la difusión que tengan sus palabras», concluye la Fiscalía.