La ciudadanía suiza aprueba en referéndum la penalización de la discriminación y los delitos de odio homófobos

La ciudadanía suiza ha dado un rotundo «sí» a la penalización de los delitos de odio homófobo y de la desigualdad de trato en la prestación de servicios. El 63% de los votantes ha apoyado una reforma del código penal para incluir la orientación sexual en el artículo que ya prohíbe la discriminación basada en la raza, el origen étnico o la religión. La norma ya había obtenido el respaldo mayoritario del Parlamento, pero los sectores opuestos a los derechos LGTB forzaron la convocatoria de un referéndum. Suiza equipara por fin su legislación en un ámbito en el que se había quedado rezagada con respecto a sus vecinos de la Unión Europea.

Hasta 1995, el Código Penal suizo solo castigaba la ofensa a las creencias religiosas, en su artículo 261, aún vigente. En 1993 se aprobó la introducción del artículo 261 bis, en el que se penalizan la incitación al odio o la discriminación causadas por la pertenencia a un grupo étnico, racial o religioso. La reforma entró en vigor el 1 de enero de 1995. En 2013, el diputado socialista Mathias Reynard presentó una iniciativa para ampliar este artículo a los crímenes de odio de carácter homófobo y tránsfobo.

Tras un lento proceso legislativo, en septiembre de 2018 el Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento) aprobaba un proyecto de ley para incluir en el citado artículo 261 bis la orientación sexual y la identidad de género. La norma contó con un amplio apoyo, con 118 votos a favor, 60 en contra y cinco abstenciones. Dos meses después, el Consejo de los Estados (la cámara alta) aprobaba una versión revisada de la propuesta que excluye a las personas trans al eliminar la mención a la identidad de género. No contentos con esta restricción, los partidos opuestos a la igualdad LGTB impusieron en abril de 2019 la convocatoria de un referéndum sobre la medida.

La consulta se celebró finalmente el domingo pasado y los resultados son contundentes. Un 63% de los votantes apoyó la reforma, frente a un 37% que se opuso. La participación se quedó en el 41%. Solo en tres cantones fueron mayoritarios los votos negativos: Appenzell Innerrhoden, Schwyz y Uri. En todos ellos tienen un peso determinante la extrema derecha del SVP/UDC y los democristianos del CVP/PDC, opuestos a la iniciativa y que forzaron la celebración del referéndum. El mayor apoyo a la reforma se dio en los cantones francófonos del oeste.

Con la ley aprobada queda prohibida la difusión pública de mensajes de incitación al odio homófobo, así como la discriminación basada en la orientación sexual en el acceso a servicios o establecimientos abiertos al público. Las penas oscilan desde multas hasta los tres años de cárcel. La legislación suiza se equipara en este aspecto a la de los países de su entorno europeo, aunque en otros ámbitos sigue rezagada: en mayo de 2019, por ejemplo, nos hacíamos eco de la sentencia del Tribunal Federal que recordaba que la ley de igualdad de trato vigente en el país no protege a las personas LGTB contra la discriminación laboral. La regulación del matrimonio, a pesar del largo esfuerzo por reformarla, sigue excluyendo a las parejas del mismo sexo.