"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

La justicia federal avala la ley californiana que prohíbe la aplicación de «terapias» para cambiar la orientación sexual en menores

Magníficas noticias las que nos llegan desde Estados Unidos, donde la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco, ha determinado por unanimidad de los tres jueces encargados del caso que la ley que prohíbe la aplicación de «terapias reparadoras» de la homosexualidad a menores de edad en el estado de California se ajusta plenamente a la legalidad constitucional. La ley había sido desafiada ante la justicia federal y su aplicación paralizada temporalmente. Una decisión de la justicia favorable a los recurrentes hubiera sentado un precedente peligroso.

La ley californiana, aprobada en 2012, tiene como objetivo proteger a los menores homosexuales o bisexuales que presentan dificultades para aceptar su propia orientación sexual, un colectivo especialmente vulnerable a las manipulaciones emocionales por parte de grupos homófobos que no dudan en  presentar la homosexualidad como una disfunción psicológica. La ley argumenta que tener una orientación sexual lesbiana, gay o bisexual no es una enfermedad, y que de acuerdo a la evidencia científica ninguna terapia se ha mostrado efectiva para cambiar la orientación sexual de una persona, pudiendo resultar además peligrosas. Los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo. La ley también menciona la postura contraria a este tipo de “terapias” de organismos como la Asociación Médica Americana, la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, la Asociación Americana de Counseling, la Academia Americana de Pediatría o la Asociación Americana para la Terapia Matrimonial y de Familia.

Pese a lo sólido de sus fundamentos, numerosos legisladores republicanos se opusieron en su momento a su aprobación, argumentando que suponía una intromisión en la libertad de los padres para educar a sus hijos. La ley contó también con la feroz oposición de organizaciones homófobas, y muy especialmente de la National Association for the Research and Therapy of Homosexuality (NARTH), que promueve este tipo de “terapias”. Se da la circunstancia de que entre los principales textos que NARTH utiliza para justificar estos procedimientos se encuentra un artículo publicado en 2001 por el psiquiatra Robert Spitzer, que tras revisar una serie de 200 casos de personas que se habían sometido a dichas “terapias” publicó que hasta un 66% de los hombres y un 44% de las mujeres referían haber conseguido una “buena funcionalidad heterosexual“. Para definir esta “buena funcionalidad” se valoraron una serie de criterios. Por ejemplo, que la persona no pensara en alguien de su mismo sexo más del 15% de las veces que se acostaba con alguien de distinto sexo. El estudio recibió entonces fuertes críticas por la metodología utilizada y el propio Robert Spitzer ha acabado por admitir que las críticas eran acertadas.

Pero el mayor desafío a la ley se planteó ante la justicia federal, a la cual los grupos homófobos recurrieron poco después. El juez federal William Shubb consideró que la ley podía colisionar con el derecho a la libertad de expresión y ordenó su suspensión temporal, aplicable a tres demandantes. Otra jueza federal, Kimberly Mueller, adoptaba sin embargo una decisión en sentido contrario. La contradicción suponía la elevación de los casos a la Corte de Apelaciones, que finalmente ha fallado en sentido favorable a la ley, validando su plena constitucionalidad y anulando la decisión previa del juez Shub (puedes descargar aquí la sentencia completa, en formato PDF). La ley está de nuevo plenamente vigente.

Se da la circunstancia de que hace pocas semanas un segundo estado, Nueva Jersey, decidía seguir los pasos de California y prohibía la aplicación de estos peligrosos procedimientos en menores. En este caso, además, la ley ha contado con el apoyo de varios legisladores republicanos y del propio gobernador republicanos del estado, Christopher Christie, precisamente una de las bazas principales de los republicanos cara a las futuras elecciones presidenciales de 2016.

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