"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

Activistas centroamericanos califican de genocidio el aumento de crímenes LGTBfóbicos en la región

Ya han solicitado audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero diversas organizaciones relacionadas con la diversidad sexual y de género de Centroamérica han expresado públicamente que el incremento de crímenes motivados por el odio contra personas LGTB podría constituir un genocidio. Las entidades participaron el miércoles pasado en un encuentro celebrado en San José (capital de Costa Rica) y se lamentaron de que en 2014 se han cometido 133 homicidios contra víctimas sexualmente diversas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Zoila América Narváez, presente en la reunión de organizaciones en San José, ha sido una de las voces denunciantes de la oleada de crímenes LGTBfóbicos en Centroamérica. Narváez forma parte de la agrupación Casa Abierta y es hija de la primera dama de Nicaragua Rosario Murillo, así como hijastra del presidente de esta república, Daniel Ortega, al que acusó públicamente en 1998 de supuestos abusos sexuales durante su infancia (Ortega respondió con la solicitud de prescripción de la acción penal, ya que los hechos denunciados habrían sido presuntamente cometidos entre 1978 y 1982). Narváez ha dicho que en Centroamérica, y especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, “no solo hay ausencia de derechos sino también persecución a activistas y defensores de derechos humanos en el tema de diversidad sexual”.

Por su parte, el activista de la agrupación Gente Positiva de Guatemala Aldo Dávila insistía en que “no estamos pidiendo derechos nuevos, sino una equiparación con los derechos humanos de los demás ciudadanos, porque somos víctimas a todo nivel: se nos niega la educación, el estudio, el trabajo y encima somos víctimas de los crímenes de odio”.

Por el fin de la impunidad

De los 133 crímenes de odio homófobo y tránsfobo a los que aluden representantes y entidades LGTB, 50 corresponden a Guatemala, 76 a Honduras y 7 a El Salvador. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que las organizaciones en favor de la diversidad sexual y de género han solicitado una audiencia, manifestaba su preocupación a finales de febrero de este mismo año ante los “niveles inquietantes de violencia y ataques brutales” perpetrados contra personas LGTBI y contra organizaciones y personas que defienden sus derechos en varios países de América.

Según la información recabada entre octubre de 2013 y enero de 2014, la CIDH alerta del creciente número de ataques contra organizaciones LGBTI. “Por ejemplo, en Puerto Príncipe, Haití, una ONG LGBTI informó que su oficina fue ferozmente saqueada y que sus miembros fueron atacados físicamente, amenazados y hostigados. Los atacantes les habrían proferido agravios de carácter homofóbico y habrían robado computadoras y materiales”, expresa el comunicado de la CIDH (el informe se refiere en este punto al ataque a la oficina de la organización jamaicana Kouraj, recogido por dosmanzanas en su momento).

“En Tegucigalpa, Honduras, defensoras y defensores de personas LGBTI y de personas que viven con VIH se vieron en la necesidad de cerrar su oficina a causa de ser continuamente objeto de amenazas y ataques. Durante los meses previos, integrantes de la organización habrían sido víctimas de ataques físicos, persecuciones por la calle, ataques por parte de agentes de policía y, en julio de 2013, la hija de una de las lideresas habría sido secuestrada. Otros informes señalan que, en enero de 2014, una pandilla habría ingresado violentamente en la oficina de una organización trans nicaragüense en la ciudad de Managua y habrían atacado a integrantes de la organización, robado materiales y causado daños en el lugar”, continúa el texto. La CIDH recuerda que los estados tienen la obligación de investigar estos actos de violencia y sancionar a sus responsables.

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