"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

El Gobierno de Bolivia anuncia una ley de identidad de género

boliviaLa nueva normativa permitirá a las personas transexuales de Bolivia el cambio de nombre y de sexo legal mediante un proceso administrativo y sin necesidad de cirugía de reasignación ni de una intervención judicial. La ministra de Justicia, Virginia Velasco, anunció la semana pasada la introducción del proyecto de ley.

Hasta ahora, la modificación del nombre y el sexo legal no estaba regulada en el país sudamericano, y el colectivo transexual se enfrentaba a un calvario judicial para intentar ver reconocida oficialmente su identidad de género. Según explica Rayza Torriani, presidenta de la Red Nacional de Personas Trans de Bolivia (Red TreBol), el proceso duraba hasta dos años y estaba “lleno de estigmatización y discriminación”. “Piden fotos de antes de la transformación, de la familia, estudios psiquiátricos y una cantidad de documentos. Hay personas que lo consiguieron, pero pasaron toda una travesía de maltratos y burlas”, explica.

La nueva ley fija un procedimiento administrativo para el cambio de identidad legal, que será irreversible y único. Las personas interesadas deberán presentar ante el ministerio de Justicia una solicitud especificando nombres de origen y los que asumirá tras el cambio de género legal y fotografías actuales. También deberá acreditar su mayoría de edad y la carencia de vínculo matrimonial alguno, así como de antecedentes penales en los últimos cinco años. Se añade el requisito de haber vivido de acuerdo con la identidad de género que se solicita durante los dos años anteriores a la petición, cuya justificación está aún por aclarar la materialización.

Tras la entrega de la documentación, la administración la revisará en un plazo de veinte días, pasados los cuales citará al solicitante para un examen psicológico. Según Torriani, que intervino en el proceso de redacción del proyecto, el objetivo de esta prueba no es “saber si la persona está en sus cabales o si tiene problemas psiquiátricos”, sino recabar “una valoración de cómo fue el procedimiento de cambio de género”. Finalmente, el ministerio emitirá una resolución y, si esta es positiva, el interesado podrá cambiar su nombre y sexo legales y obtener su nuevo documento de identidad. La ley debería estar aprobada antes de finales de año.

Avances en materia de reconocimiento de identidad de género en la región

Siendo un avance respecto a la situación previa, la propuesta boliviana tal y como ha sido presentada queda aún lejos de lo que puede considerarse una norma plenamente despatologizadora, al estilo de las que otros países de América Latina están adoptando o han adoptado ya. En junio de este año informábamos de la modificación de la propuesta de ley chilena de identidad de género para que el cambio de nombre y sexo legal de una persona transexual no sea más que un sencillo trámite administrativo. Solo algunos días antes dábamos cuenta de la decisión del gobierno de Colombia de emitir un decreto que simplifica de manera considerable el procedimiento para proceder a la rectificación del sexo en los documentos oficiales. Y antes que estos dos países, Argentina mostraba el camino con una de las legislaciones más avanzadas en materia de identidad de género.

Normas que en esta materia colocan a estos países por delante de España, que aunque dio un paso de gigante en 2007 al suprimir el proceso judicial, todavía mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la rectificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo. Y aunque es cierto que otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y en Extremadura, sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. La actualización de la norma estatal no puede retrasarse y los colectivos LGTB deben asumirla como reivindicación prioritaria para esta próxima legislatura.

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