Sabor agridulce dos años después de la aprobación de la ley catalana contra la LGTBfobia: una sola sanción y despliegue incompleto

Estos días se cumplen ya dos años desde que el Parlamento catalán aprobase la ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Un texto que incorporó un capítulo sancionador específico y que contó además con un amplio respaldo político. Solo Partido Popular y Unió Democràtica de Catalunya (hoy ya una fuerza extraparlamentaria) se opusieron. Fue todo un triunfo de los colectivos LGTB catalanes, verdaderos impulsores de un texto histórico. Dos años después, el balance es agridulce. Para algunos, decepcionante: solamente se ha impuesto una sanción, pese a que que ha habido decenas de denuncias, y el despliegue efectivo de la ley deja mucho que desear.

La única sanción que ha sido impuesta como consecuencia de la ley ha consistido en una multa de 300 euros al trabajador de una residencia de mayores, que negó el paso a un visitante por encontrarse fuera del horario de visitas. Ello generó una discusión en la que el sancionado, conocedor de la orientación sexual de la víctima, le llamó «maricón de mierda». Una sanción de la que se ha mostrado satisfecha la consejera catalana de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, que ha alabado tanto la valentía de la víctima que se atrevió a denunciar como la de las personas que fueron testigos de la agresión.

Según un comunicado hecho público por el Departamento del que es titular Bassa, desde que se aprobó la ley en octubre de 2014 el organismo ha recibido 81 denuncias formales: 67 por insultos de carácter LGTBfobo (ya sea en persona o por otros medios, como redes sociales), 5 por amenazas y otras 5 por agresiones. Por lo que se refiere al tratamiento de las denuncias, se han abierto 32 expedientes administrativos de acuerdo a la ley, mientras que el resto se han derivado a la vía penal o laboral o se ha considerado que quedaban fuera del ámbito competencial de la Generalitat de Catalunya. El mismo comunicado, no obstante, reconoce que además de las denuncias se han atendido 140 notificaciones de vulneraciones de derechos reconocidos en la ley catalana y «centenares» de consultas al teléfono 012. Otras fuentes, de hecho, hablan directamente de 181 denuncias registradas.

¿Vaso medio lleno o medio vacío, en cualquier caso? Pues los colectivos LGTB no se muestran precisamente satisfechos. Hasta el punto de que Eugeni Rodríguez, portavoz del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), presidente del Observatori contra l’Homofòbia y de hecho uno de los promotores de la ley, decidía no acudir al acto organizado por la Generalitat para conmemorar su segundo aniversario como muestra de protesta por la inacción política. Las entidades LGTB catalanas quieren que la ley se desarrolle de forma efectiva y se aplique en todos y cada uno de sus aspectos: que se refuerce la atención a las víctimas, de forma que puedan ser atendidas de forma inmediata, así como que se desarrolle un servicio de prevención del acoso por LGTBfobia en las escuelas o un plan de inserción laboral de las personas transexuales, por mencionar algunos ejemplos.

Para Eugeni Rodríguez, un problema fundamental es la falta de recursos. «El Govern solo dispone de dos técnicos que se ocupan de las cuestiones LGTB, y que encima tienen otras misiones asignadas. En la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP, hay 17», ha declarado a Nació Digital. Aun así, Rodríguez sí reconoce un cierto cambio de actitud entre el anterior gobierno de Convergència i Unió y el actual de Junts Pel Sí.

Las entidades LGTB catalanas, en cualquier caso, están ya trabajando en un documento en el que expresarán cuáles son las prioridades que a su juicio deben atenderse. Para ello se han reunido estos días con representantes de todos los grupos parlamentarios (aunque los del PP se marcharon de la reunión antes de que finalizase) así como del gobierno catalán. El objetivo: un calendario con medidas concretas y fechas para su despliegue.

Las leyes hay que desplegarlas y aplicarlas…

Lo hemos constatado en ocasiones anteriores y en otras comunidades autónomas, no solo en Cataluña. El esfuerzo de los colectivos acaba consiguiendo la aprobación, a veces con importante ruido mediático, de excelentes leyes contra la LGTBfobia o contra la discriminación de las personas transexuales (la peor, sin duda, la ley gallega, que carece de capítulo sancionador al no haber querido incluirlo el PP en su momento…). Cuando llega sin embargo la hora de su despliegue reglamentario, de dotarlas presupuestariamente o simplemente de implementarlas de forma efectiva (tareas todas ellas de menor «brillo político») comienzan a producirse las demoras. De ahí la necesidad de seguir contando con colectivos LGTB fuertes e independientes, porque las fuerzas que operan en contra de nuestros derechos sí que no descansan.