"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

El activismo LGTB de Kenia espera con incertidumbre la decisión judicial sobre la posible despenalización de la homosexualidad

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) presentó en abril de 2016 una demanda contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. El proceso judicial sigue en marcha y en la audiencia celebrada a finales de la semana pasada, el abogado de la NGLHRC, Paul Muite, ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra para explicar por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. Por su parte, el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, a través de su abogado Charles Kanjama, dijo que también llamaría a dos testigos para que emitan una opinión divergente. En opinión de la citada agrupación de cristianos, el Código Penal se encuentra “dentro de los límites de la ley” al perseguir la homosexualidad. La sentencia será, sin duda, uno de los temas candentes de la próxima Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth del presente 2018. Si Kenia legalizara la homosexualidad finalmente, por sentencia judicial, abrirá el camino a otros países mancomunados a seguir sus pasos.

Sigue en marcha la batalla legal que busca revertir la ilegalización de la homosexualidad en Kenia. Si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización, tendrá una repercusión mundial indiscutible. Del mismo modo, si el tribunal falla a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, sería un antecedente peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en decenas de países de la órbita de la Commonwealth (organización en forma de mancomunidad supranacional, formada por 52 países soberanos que comparten vínculos históricos con el Reino Unido).

La próxima reunión de Jefes de Estado o de Gobierno de la Commonwealth, en la que el fallo judicial sobre la posible legalización (o no) de la homosexualidad será uno de los puntos más candentes de debate, está fijada para la semana del 16 de abril de 2018 en Londres. Este año le ha correspondido albergar la sede al Reino Unido, que no la acogía desde 1997, tras las anteriores ediciones de Malta (2015), Sri Lanka (2013), Australia (2011), Trinidad y Tobago (2009) y Uganda (2007). Ahora, todas las miradas están puestas en los tres jueces que llevan el caso: Roselyn Aburili, Chacha Mwita y John Mativo. La próxima audiencia tendrá lugar el 22 de febrero y se espera una sentencia para antes de abril.

Respecto a la mencionada audiencia que tendrá lugar en febrero, cabe apuntar que se producirá un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. En oposición a la igualdad y a los derechos humanos, el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia también presentará a comparecientes que defenderán la idea de que la actual persecución y penalización de la homosexualidad estaría “dentro de los límites de la ley”.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

El activista LGTB keniata Denis Nzioka ha valorado que, si bien tras la sentencia judicial sobre la homosexildad “los keniatas LGTBI no se despertarán felices, casados ​​y viviendo en casas con vallas blancas», en términos judiciales “tendrá implicaciones importantes”, ya que “podría cambiar el mundo”. Nzioka agrega en este sentido que «la despenalización es diferente de la realidad vivida por los keniatas». El activista igualitario espera que la opinión pública juegue un papel importante en la decisión de los jueces, en tanto que «la gente lo seguirá [el debate] en los medios, y solo podemos esperar que el diálogo sea equilibrado».

LGTBfobia de Estado en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en 2012 a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina (también en la lista) y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi en 2014 contra la legislación ugandesa, alentaron incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que se vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGTB de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais.

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