"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

Una demanda judicial intenta recuperar el matrimonio igualitario en Bermudas

Comienza la lucha legal por el restablecimiento del matrimonio igualitario en la dependencia británica de Bermudas. A principios de febrero entraba en vigor de la ley que lo derogó y lo sustituyó por una figura específica, con derechos similares pero diferenciada. Apenas una semana después, el abogado y ex fiscal general Mark Pettingill presentaba una demanda contra la medida, en nombre de un ciudadano bermudés que considera discriminatorio que se le niegue la posibilidad de casarse con una persona de su mismo sexo. Pettingill ya representó a la pareja del mismo sexo que consiguió que la Corte Suprema dictaminara a favor del matrimonio igualitario, antes de que el legislativo revirtiera esta sentencia.

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era un tanto peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hiciera referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que solo unos meses antes, había rechazado en referéndum la posibilidad de reconocer jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno de Bermudas no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. Finalmente, como una forma de “cortocircuitar” a la Corte Suprema, la Asamblea de Bermudas aprobó un proyecto de ley que en lugar del matrimonio igualitario instituye la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida fue aprobada en diciembre por 24 votos a favor y 10 en contra. A principios de este mes, el gobernador John Rankin, en representación de la reina de Inglaterra, estampaba su firma en la ley, otorgándole plena validez.

Desde entonces, las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, sino una unión civil que otorga derechos similares pero que es una institución diferenciada. Eso sí, para evitar problemas jurídicos la nueva figura legal no tiene efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo que han tenido lugar desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la ley que eliminó esa posibilidad siguen vigentes. Se tiene constancia de diez enlaces en el territorio y cuatro más en barcos con bandera de Bermudas.

El abogado y ex fiscal general Mark Pettingill, sin embargo, no se da por vencido. La semana pasada presentó una demanda ante la Corte Suprema contra la ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo en representación de Rod Ferguson, un ciudadano de Bermudas residente en Estados Unidos. Ferguson considera que negarle su derecho a contraer matrimonio es inconstitucional por suponer un “trato inhumano o degradante”.

El demandante y su representante legal esperan conseguir la derogación de la ley de uniones civiles por vulnerar los derechos constitucionales de libertad de conciencia, expresión, asociación y credo y algunos relacionados con la propiedad. Pettingill cree que el caso podría llegar incluso a los tribunales europeos, por la singularidad de una situación en el que las parejas del mismo sexo pudieron contraer matrimonio durante un periodo de tiempo y después se las despojó de este derecho. Estaremos pendientes del recorrido de la demanda.

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