La Comisión Europea presenta su primera estrategia para la igualdad de las personas LGTBI

La Comisión Europea ha presentado su primera estrategia para la igualdad de las personas LGTBI, un plan de acción que se desarrollará en los próximos cinco años. La iniciativa, adelantada por la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión, contempla cuatro líneas de actuación dirigidas a combatir la discriminación, perseguir los delitos de odio, garantizar el reconocimiento trasnacional de las familias homoparentales e impulsar los derechos LGTBI en todo el mundo. Unos objetivos que chocan con los retrocesos que promueven los Gobiernos húngaro y polaco, envueltos en una espiral de hostilidad legal y discursiva contra la comunidad.

El pasado mes de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen anunciaba, en su primer discurso sobre el estado de la Unión, la puesta en marcha de una estrategia para reforzar los derechos LGTBI durante la presente legislatura. El pasado día 11 de noviembre, durante una conferencia de prensa en Bruselas, la iniciativa empezó a tomar forma. La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, y la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, presentaron la Unión de la Igualdad, el nombre que ha recibido la estrategia de la Comisión.

Jourová destacó el carácter pionero del plan, cuyo objetivo principal es garantizar la libertad de las personas LGTBI para desarrollar sus proyectos de vida sin miedo a la persecución. Contempla cuatro líneas de actuación:

• Combatir la discriminación, en particular en materia de empleo.
• Garantizar la seguridad, incluyendo los delitos de odio LGTBIfobo en la lista de «delitos de la Unión Europea».
• Proteger los derechos de las familias «arco iris», con el reconocimiento trasnacional de la parentalidad y de las parejas del mismo sexo entre los Estados miembros como principal objetivo.
• Promover la igualdad LGTBI en todo el mundo.

El quinto pilar sobre el que se asienta la estrategia consiste en la integración de la igualdad LGTBI «en todas las políticas e iniciativas importantes de la UE», de manera que no se pierda de vista esta perspectiva en ninguno de los principales debates. A partir de ahora, serán los Estados miembros los que implementarán sus propios planes de acción para desarrollar los objetivos previstos en la estrategia. La Comisión supervisará los progresos y hará una primera evaluación de los resultados en 2023.

Durante la presentación de la estrategia, la comisaria Dalli puso en valor los avances conseguidos en las dos últimas décadas para exponer una visión optimista: «No estamos muy lejos de la completa inclusión y aceptación que merecen las personas LGTBI», aseguró.  La vicepresidenta Jourová, por su parte, quiso adelantarse a las probables reticencias de los Gobiernos menos favorables a la igualdad LGTBI y afirmó que la estrategia presentada defiende los derechos civiles y no «la promoción de la ideología occidental».

Una iniciativa con la vista puesta en Hungría y Polonia

La implementación de la estrategia para la igualdad de las personas LGTBI se enfrentará a una fuerte resistencia por parte de las administraciones húngara y polaca, puntas de lanza en la actualidad de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. En particular, si se convierte en un condicionante para la concesión de ayudas económicas. Los Gobiernos del primer ministro Viktor Orbán y del presidente Andrzej Duda se han mostrado beligerantes contra cualquier iniciativa que vincule transferencias de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, la separación de poderes o los derechos de las minorías.

Ya en agosto de este año, el ministro de Justicia polaco Zbigniew Ziobro calificaba de «infundada» e «ilegal» la decisión de la Comisión Europea de denegar las ayudas a seis ciudades polacas, que requerían financiación en un programa de hermanamiento entre localidades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTB». Por otra parte, Hungría y Polonia han vetado durante semanas el presupuesto comunitario, incluido el fondo de recuperación contra los efectos de la pandemia de coronavirus, por oponerse a la cláusula que prevé la suspensión de la financiación cuando se produzca un socavamiento del Estado de derecho.