El gobernador republicano de Texas ordena a sus servicios sociales investigar por «abuso infantil» a familias de menores trans
La escalada de odio contra los menores trans y sus familias en Estados Unidos se acelera. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha ordenado a los servicios sociales del estado investigar por «abuso infantil» a toda familia con un menor trans de la que se sospeche pueda estar proporcionando apoyo médico en su proceso de autoafirmación. Un juez de distrito ha paralizado temporalmente la instrucción, que ha sido condenada expresamente por el presidente Biden, en lo que se anticipa ya como la nueva gran batalla jurídica sobre los derechos LGTBI en Estados Unidos. Pase lo que pase, lo ocurrido en Texas, un lugar que ya no puede considerarse seguro para los menores trans y sus familias, es un ejemplo de cómo el Partido Republicano ha decidido utilizar la transfobia como palanca para mantener agitadas a sus bases más conservadoras.
Líderes tradicionales del Partido Republicano se muestran ávidos de capitalizar la herencia reaccionaria de Donald Trump cara a las próximas convocatorias electorales. Es lo que está sucediendo en Texas, donde el gobernador Greg Abbott, muy posible candidato a la nominación republicana en 2024, parece decidido a que durante su actual mandato su estado se convierta en un faro que alumbre una auténtica revolución ultraconservadora. En este sentido, las leyes que de facto prohíben el aborto o impiden a las personas trans participar en competiciones escolares en equipos adecuados a su identidad de género se continúan ahora con la instrucción dictada por Abbott y apoyada por su fiscal general para investigar por «abuso infantil» a toda familia con un menor trans en su seno de la que se sospeche pueda estar proporcionando apoyo médico en su proceso de autoafirmación, incluyendo el tratamiento con bloqueadores puberales en adolescentes que no desean ver cómo su cuerpo desarrolla caracteres sexuales que no se corresponden con su identidad de género. La instrucción también anima a investigar y a facilitar que se denuncie a cualquier profesional (médicos, personal de enfermería o profesores) que colaboren en el proceso.
Cabe señalar que son muchos los estados gobernados por los republicanos en los que los menores trans y sus familias encuentran dificultades para acceder a este tipo de tratamientos, e incluso algún estado, como Arkansas, los ha convertido en delito para los profesionales que los ejerzan. La Cámara de Representantes de Idaho aprobó recientemente una iniciativa similar, aunque esta misma semana ha sido rechazada por el Senado de dicho estado, al considerar que una ley así interfiere, al fin y al cabo, la que los republicanos consideran sagrada autoridad de los padres para decidir sobre sus hijos. Sin embargo, la instrucción de Texas supone un paso cualitativo más. No solo por la importancia capital de este estado (el más grande en extensión y el segundo más grande en población del país) sino por el ánimo de delación que alienta y por que plantea la persecución como un auténtico chantaje a las familias, que podrán verse como mínimo investigadas por los servicios sociales ante la menor sospecha de que apoyan a sus hijos trans y que se enfrentan a la posibilidad de que estos les retiren la custodia de sus hijos.
Una jueza suspende cautelarmente la instrucción y Biden la condena
La norma, de hecho, es una instrucción ejecutiva, que seguramente hubiera contado con grandes dificultades para ser aprobada como ley en Texas: los republicanos no cuentan con mayorías abrumadoras en la legislatura de ese estado y seguramente un número significativo de legisladores republicanos se hubieran opuesto con argumentos similares a los que han motivado el rechazo del Senado de Idaho. Aún así, ha sido suficiente para llevar el miedo a las familias de menores trans en Texas, algunas de las cuales ya han comenzado a ser investigadas. Familias que asisten horrorizadas al hecho de que el estado en el que viven ya no es un lugar seguro para ellas. Las y los adolescentes trans, principales víctimas de la situación (ya ha habido algún centro médico que ante el temor de verse investigado ha renunciado a ofrecerles apoyo) ven, por su parte, como la vida se les hace aún más complicada.
La reacción de las organizaciones de defensa de los derechos civiles no se ha hecho esperar. Organizaciones como Human Rights Campaign o American Civil Liberties Union ya están preparando la batalla jurídica. Una primera juez de distrito, Amy Clark Meachum, ha ordenado la suspensión cautelar de la instrucción al considerar que podría violar la Constitución del Estado de Texas, lo que supone que las investigaciones ya iniciadas por parte de los servicios sociales de Texas deben quedar paralizadas en tanto se dilucida la cuestión de fondo.
El propio presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ha emitido un comunicado en el que condena de forma expresa la instrucción de Abbott. «Al igual que otros tantos ataques contra las personas transgénero que proliferan en estados de todo el país, las acciones del gobernador amenazan cruelmente con dañar a los niños y sus familias solo para ganar puntos políticos. Estas acciones aterrorizan a muchas familias en Texas y en otros lugares. Y deben detenerse», ha condenado Biden, que a su vez ha anunciado que el Departamento federal de Salud de los Estados Unidos promoverá una serie de acciones y faciliatrá recursos para garantizar, en la medida en la que las competencias federales lo permiten, un entorno seguro para los menores trans.
Estaremos atentos a la evolución de una batalla jurídica que se adivina larga entre los defensores de los derechos de las personas trans y la derecha estadounidense más extrema, aliada con el cada vez más movilizado activismo transexcluyente. Una batalla que va mucho más allá de los límites de Texas en la que todo el colectivo LGTBI, no solo las personas trans, nos jugamos mucho.