La despenalización se ha producido un año después de que las relaciones entre personas del mismo sexo se incluyeran en el nuevo Código Penal entre los «delitos contra la moral».
El nuevo Código Penal, que entró en vigor el pasado mes de julio, establece penas de prisión de hasta seis meses de cárcel y multas de 7600 euros para quienes mantengan relaciones homosexuales.
La votación ha contado con la fuerte oposición de los países integrantes de la Organización para la Cooperación Islámica, a los que se han sumado China, Eritrea y Malawi.
Lo ha hecho, además, con el acuerdo unánime de los cinco jueces que componían la sala ante la que el fiscal general de Botsuana había recurrido la decisión.
El Alto Tribunal de Bostsuana anuló la ley colonial que castigaba las relaciones homosexuales en 2019, pero el fiscal general, dependiente del Ejecutivo, apeló la sentencia.
La persecución de las personas LGTB persiste en 72 países y territorios del mundo, en un año en que la pandemia del COVID-19 ha servido como excusa para que gobiernos LGTBfobos agudicen esa represión.
Desde la FELGTB, el Observatorio contra la LGTBfobia, el PSOE y Podemos afean al PP que apoye políticas igualitarias en el exterior, pero vote en contra de ellas en el Parlamento español.
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