La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó hace días al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) suspender el trámite del referéndum sobre un proyecto de ley de “sociedades de convivencia” entre parejas del mismo sexo. La orden se produce tras tomar en consideración el alto tribunal una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado gay Esteban Quirós.

Quirós alega que la jurisprudencia constitucional costarricense impide llevar a referéndum aspectos relacionados con derechos humanos.

Como indicábamos hace unas semanas, se da además la circunstancia de que los promotores del referéndum no han aportado las firmas necesarias, pese a lo cual el TSE se ha empeñado en llevar adelante el proyecto. Pese a constatar entonces que faltaba “un mínimo” de firmas (unas 30.000), decidió que éstas se siguieran recolectando e inició los preparativos para la convocatoria del referéndum. Una convocatoria a la que la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica mostró también su oposición rotunda.

Un nuevo proyecto de uniones podría salir adelante

En cualquier caso, el proyecto de sociedades de convivencia, ya antiguo, que otorgaría a las parejas del mismo sexo un conjunto básico de derechos de carácter patrimonial, se encuentra en punto muerto, y ya ha sido presentado otro proyecto, del cual informábamos en abril. Un proyecto que presenta algunas diferencias con el previo, con la intención de que pueda ser aprobado más fácilmente. Suprime aspectos ceremoniales y elimina de su título el término “civil”, para que no se pueda acusar a sus promotores de querer asemejarlo al matrimonio civil.

Esta nueva iniciativa, además, no estaría amenazada por el posible referéndum, al tratarse de un proyecto distinto. De hecho, según un reciente sondeo llevado a cabo por el diario costarricense La República, en la actualidad 23 legisladores de la Asamblea costarricense estarían a favor, frente a 21 en contra. Eso sí, habría todavía más de una docena de indecisos. La iniciativa cuenta con el aval del colectivo LGTB Diversidad.