El Gobierno valenciano vuelve a la carga contra Ciudadanía forzando el traslado de los profesores que se nieguen a impartirla en inglés

La anunciada marcha atrás del Gobierno valenciano en sus intenciones de boicotear la asignatura de Educación para la Ciudadanía impartiéndola en inglés fue un espejismo transitorio. Según informa el diario «El País», el Gobierno de Francisco Camps vuelve de nuevo a la carga, y además lo hace a través de una medida de fuerza: trasladando a aquellos profesores que no estén de acuerdo con la medida.

Al parecer, la consejería de Educación, a través de la inspección educativa, ordenó al instituto público Ballester Gozalvo a dar el nombre del profesor titular de Filosofía (con destino definitivo en el centro) que no aceptaba impartir Ciudadanía en inglés, con el fin de trasladarlo para que su plaza sea ocupada por otro profesor «itinerante». Comisiones Obreras ha calificado este traslado como un acto de persecución política. «Desplazar de su plaza a un profesor por no acatar unas órdenes de la inspección (dadas en el límite o fuera de la legalidad) se puede considerar prevaricación», ha afirmado el sindicato. «Más bien, esta actitud, parece fruto de una persecución política contra el profesorado de un centro que se ha significado desde el principio por su oposición a los desvaríos de la Consejería de Educación en todo lo relacionado con la asignatura de Educación para la Ciudadanía».

La ofensiva del Gobierno valenciano se produce en vísperas de que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad emita su fallo definitivo sobre la demanda interpuesta por el propio sindicato Comisiones Obreras y el Gobierno central sobre el tema. Directores de diferentes centros consultados por «El País» confirman que la inspección educativa valenciana, a través de instrucciones verbales, está «secuestrando» las horas de clase de Ciudadanía que corresponden a los Departamentos de Filosofía y Geografía e Historia para cubrirlas con profesores itinerantes que sepan inglés.

La consejería ha rechazado que el traslado del profesor con plaza definitiva se deba a una cuestión política, sino como parte de una reestructuración, «porque el centro tiene menos alumnos y sobra un profesor».