"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

Atención sanitaria a irregulares: Feijoo afirma ahora que buscará «resquicios legales» en la norma que promueve su propio partido

A apenas tres semanas de que entre en vigor la orden que deja a los inmigrantes en situación irregular sin derecho a asistencia sanitaria (sí podrán acudir a urgencias), cunde el desconcierto sobre lo que sucederá con aquellos de ellos que sufren una patología crónica, entre ellos las personas afectadas por VIH/sida (Gesida calcula que entre 2.700 y 4.600 quedarían sin tratamiento). La última ocurrencia del Gobierno (facturar a sus países de origen) se considera irrealizable en la práctica. Mientras tanto, uno de los «barones» más importantes del PP, el presidente de la Xunta de Galicia, ha admitido que buscará los «resquicios legales» que le permitan atender a dichos pacientes…

El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, aseguraba hace unos días que sí se atendería a estos pacientes, pero se facturaría el coste a sus países de origen de acuerdo a los convenios de colaboración bilateral. Un anuncio irrealizable en la práctica. Como explica el periodista Emilio De Benito en El País, solo seis países (Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez) disponen de convenios que cubran la asistencia sanitaria… siempre que el interesado esté asegurado: precisamente lo que no ocurre en este caso. Más aún: las comunidades autónomas apenas si disponen de los mecanismos correspondientes para facturar el coste de la asistencia de los pacientes extranjeros. Según un informe del Tribunal de Cuentas del 2009, se podrían haber recaudado 970 millones solo de los países de la Unión Europea (más Noruega, Islandia y Suiza) con los que sí hay acuerdos. Esta cifra ha sido utilizada precisamente por Sanidad, a la que no le ha importado mezclar este «turismo sanitario» de ciudadanos de países ricos en situación regular con el supuesto abuso de los inmigrantes en situación irregular, que ocasionan un gasto muy inferior, como acreditan los estudios (son menos y acuden menos al médico).

Sobre la diferencia, fundamental en este caso, entre lo que es urgente y lo que no, Rivero señalaba que ello lo decidiría el médico. Con anterioridad a las declaraciones de Rivero, el Gobierno anunciaba también que los inmigrantes irregulares podrían recuperar el derecho a asistencia sanitaria a cambio del desembolso de una cantidad de dinero (59’20 euros al mes los menores de 65 años, 155’4 euros al mes los mayores de esa edad).

Todo ello ha generado numerosas críticas tanto desde el punto de vista social y humanitario como desde el punto de vista meramente técnico. Los especialistas en VIH han alertado de las graves consecuencias que tiene para la salud pública dejar sin asistencia a estos pacientes en términos tanto de riesgo de nuevas transmisiones como de aumento de infecciones oportunistas, ingresos en urgencias y sobrecoste económico. Ello por lo que se refiere a los afectados por el VIH, pues hay también afectados de otras infecciones (como la tuberculosis), enfermos de cáncer, enfermos renales sometidos a diálisis, etc.

Feijoo buscará «resquicios» en la norma que su partido promueve

A este respecto, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoo, ha declarado no ser partidario de la medida, afirmando que esperará a estudiar el texto definitivo de la orden de Sanidad para analizar con «qué resquicio legal» cuenta la comunidad autónoma para dar asistencia a estos pacientes. «Antes de tomar una decisión, primero voy a ver qué resquicio legal tenemos, y en base a eso, actuaremos», ha asegurado.

Una voluntad, la de seguir atendiendo a estos pacientes, que ya habían manifestado varias comunidades no gobernadas por el PP, como Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco, mientras que Murcia, en manos del PP, había pedido al Gobierno que excluyera de la norma a los pacientes crónicos por boca de su consejera de Sanidad. Lo que sorprende es que desde una comunidad gobernada por el propio PP se admita que se buscarán «resquicios» a una norma promovida por su propio partido desdel el Gobierno central, lo que pone de manifiesto hasta qué punto la confusión rodea a la medida.

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