"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

El Gobierno de Colombia pone fin a su largo silencio en materia de derechos LGTBI y se posiciona a favor de la adopción homoparental

El anuncio de que la Corte Constitucional se pronunciará en breve sobre una acción de tutela de una mujer lesbiana que pide ser reconocida como madre adoptiva del hijo biológico de su pareja ha alentado una serie de reacciones positivas por parte del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo. Se trata de hecho de la primera vez el gobierno de Juan Manuel Santos se pronuncia explícitamente a favor del reconocimiento de derechos LGBTI en Colombia. Todo un signo del cambio operado después de que el colectivo LGTBI apoyara a Santos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al candidato uribista.

El Ministerio de Salud ha avalado en un concepto jurídico la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En el documento el director jurídico de esta entidad, Luis Gabriel Fernández, sostiene que “no existe ningún riesgo para la salud y el bienestar de los menores de edad derivada de la adopción por parte de parejas del mismo sexo (…) Por el contrario, la orientación sexual de los padres es, en general, indiferente para el desarrollo cognitivo y social de los menores. Adicionalmente, en muchos casos, como en la adopción de menores de alto riesgo, puede contribuir a su bienestar”.

De la misma forma indica que “el único factor diferenciador en el bienestar de menores adoptados o criados por parejas del mismo sexo está en el estrés y las dificultades que pueden causar las restricciones legales y el estigma”. En otras palabras, el mayor problema para los menores adoptados es la homofobia de la sociedad, no la orientación sexual de los padres adoptivos.

El propio ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha puesto mucho énfasis en declaraciones radiofónicas en que la recomendación de su ministerio se basa estrictamente en la evaluación de la evidencia científica disponible. El ministro también respondió a la pregunta de si la sociedad colombiana está preparada para este cambio, argumentando que esa es precisamente una de las funciones del estado: divulgar la evidencia centífica y así permitir cambios sociales y culturales de ideas que en buena parte están sostenidas por el desconocimiento.

También el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se ha posicionado a favor de la adopción homoparental. «Personalmente he venido defendiendo la posibilidad de que el ordenamiento constitucional permita la adopción por parte de las parejas del mismo sexo. De todas maneras respetamos la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la posibilidad de que las parejas de homosexuales puedan adoptar”, ha declarado.

La Defensoría del Pueblo, organismo independiente que vela por los derechos humanos en Colombia, se ha manifestó también de acuerdo. «La posición de la Defensoría debe estar acompañada de una política humanitaria clara, hay familias que tienen las comodidades de adoptar niños que se encuentran en difícil situación, ¿cómo prohibirle a unas personas con una inclinación sexual diferente que puedan darle educación y dedicación a esos niños?”, ha declarado el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

Caben pocas dudas, en cualquier caso, de que la actitud proactiva del gobierno Santos sobre la adopción homoparental en este segundo mandato se relaciona con el hecho de que el colectivo LGTBI fuera uno de los que hicieron posible su victoria en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales frente al candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, fuertemente apoyado por las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas, para las cuales la oposición a los derechos LGTBI es clave.

Mientras tanto, en la Corte Constitucional…

El pasado 21 de agosto la Corte Constitucional sesionó para resolver por fin la acción de tutela interpuesta por una pareja de lesbianas de Medellín, Ana Leiderman y Verónica Botero, después de tenerla tres años sobre la mesa. Se trata, recordamos, de dos mujeres que ante la imposibilidad de formalizar su matrimonio en Colombia contrajeron en 2005 unión civil en Alemania. Más tarde decidieron ser madres, para lo cual Leiderman se inseminó artificialmente con esperma donado por un conocido de la pareja. Tuvieron una niña, pero solo Leiderman figura legalmente como tal. En enero de 2009 Verónica Botero presentó una acción de tutela para que se le permitiera adoptarla, lo que dio lugar a una espiral judicial que acabó encallando en la Corte Constitucional, que ya en varias ocasiones anteriores ha amagado con emitir una sentencia favorable para después demorarla.

Aunque se daba prácticamente por hecho que el resultado sería favorable por 5 votos a 4, la votación del pasado jueves quedó empatada cuatro a cuatro. Una novena magistrada, la doctora Martha Sáchica (que ocupa el puesto desde hace unas pocas semanas) se abstuvo de votar y pidió estudiar el expediente cuidadosamente durante ocho días más. Sí la votación final es positiva, habrá qué ver además en que términos el fallo es extensivo a otras parejas del mismo sexo. En cualquier caso, quedaría como un precedente fundamental para procesos similares.

La única institución oficial contraria a la adopción homoparental es la Procuraduría General de la Nación, al frente de la cual se sitúa el homófobo Alejandro Ordoñez (un fervoroso católico que ha hecho de la lucha contra los derechos LGTBI uno de los ejes de su acción), quien ya presentó su concepto contrario a la Corte Constitucional. La Iglesia católica también ha enviado una carta manifestando su oposición.

La organización Colombia Diversa, por su parte, presentó ante la Corte dos estudios sobre el desarrollo de los menores de edad entre parejas del mismo sexo, uno de la Sociedad Estadounidense de Sociología y otro del Instituto Williams de la Universidad de California. Se han posicionado también a favor la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes. La Universidad de La Sabana, del Opus Dei, se ha posicionado en contra. Todas han hecho llegar sus conceptos a la Corte Constitucional.

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