"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia alerta del repunte de agresiones en la Comunidad Valenciana y pide una ley que contemple formación policial, planes municipales y sanciones

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha denunciado un repunte de las agresiones registradas contra personas LGTB en la Comunidad Valenciana a lo largo de las últimas semanas. Episodios como el ocurrido en Santa Pola, o las más recientes agresiones en Villajoyosa y en Festival Arenal Sound en Burriana, ponen de manifiesto lo vulnerable que siguen siendo las personas LGTB, especialmente cuando se visibilizan abiertamente como tales.

«Durante el mes de julio, se ha producido un repunte de las agresiones LGTBI, registrándose 11 incidencias graves en un solo mes», ha declarado Toño Abad, director del Observatorio. Según el comunicado emitido por la entidad valenciana, las víctimas de este repunte son básicamente hombres jóvenes, gais o bisexuales, de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, mientras que el perfil del agresor es sobre todo el de varones, solos o en grupo, de mediana edad.

Por lo que se refiere al total acumulado en lo que llevamos de 2018, «hasta la fecha han aumentado las agresiones a personas LGTBI en un 20% con respecto a las registradas en el mismo periodo de 2017», explican desde el Observatorio. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la actividad del Observatorio Valenciano, que nació el año pasado impulsado por el colectivo alicantino Diversitat, es más reciente que la de sus homólogos madrileño o catalán. El pasado mes de abril publicó su primer informe anual, referido al año 2017. Según dicho informe, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte de Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

No obstante, más que el aumento en el número de incidentes registrados (que en parte podría justificarse por el mejor conocimiento de los mismos) lo que ha despertado las alarmas es la virulencia de algunos de los ataques más recientes. Es lo que sucedió, por ejemplo, en Santa Pola, donde una pareja gay fue salvajemente agredida en la piscina de una urbanización por un vecino, en Villajoyosa, donde el Observatorio Valenciano ha prestado asistencia jurídica a un hombre gay que fue agredido al grito de «maricón, te voy a matar» y que sufrió lesiones en boca, cuello y brazos, o en el Festival Arenal Sound en Burriana, donde un joven ha denunciado que dos individuos que ha identificado como de origen marroquí le golpearon (provocándole entre otras lesiones un hematoma en la región ocular) y le dirigieron insultos homófobos.

Como explica Toño Abad, estas agresiones suponen solo «la punta del iceberg, porque las víctimas tienen miedo a denunciar y tan solo nos llega entre el 10 y el 20% de las agresiones e incidentes que ocurren». Es por ello que el director del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha exigido que se apruebe ya la ley autonómica contra la discriminación de las personas LGTBI «y se generen, se impulsen y se activen los mecanismos necesarios para frenar la creciente tendencia de odio y discriminación», así como que se articule un régimen sancionador «para terminar de una vez con todas con la gratuidad hacia la LGTBIfobia». Abad considera en este sentido imprescindible que la ley autonómica contemple aspectos como la formación de las policías locales en la atención a las víctimas y la aprobación de planes municipales de atención a la diversidad, ya que «la administración más cercana a la ciudadanía es la local y tiene un importante papel en la prevención de la LGTBIfobia, a través de campañas o de acciones específicas así como en la atención a la víctima».

Toño Abad también reclama que se incorpore a la ley el deber de intervención para que los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat Valenciana tengan herramientas para la denuncia de todos aquellos casos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, haciendo así posible que se visibilice una discriminación que sucede «de forma oculta».

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