"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

La extrema derecha irrumpe con fuerza en el Parlamento andaluz y amenaza con condicionar la política española de los próximos años

Por primera vez en la reciente historia democrática española, un partido de extrema derecha pura y dura consigue un importante éxito electoral. Vox, formación política que nació como una escisión por la derecha del Partido Popular, entra en el Parlamento de Andalucía con 12 diputados y un 10,98% de los votos. Se convierte además en árbitro de la situación política andaluza, dado que sus votos son necesarios para que la suma de las fuerzas de derecha (Vox, PP y Ciudadanos) desbanque de la Junta de Andalucía al PSOE, incapaz de sumar mayoría absoluta con Adelante Andalucía (la marca electoral bajo la que concurrían Podemos e Izquierda Unida). Es más, todo apunta a que el «efecto contagio» al resto de España convertirá en los próximos años a la extrema derecha en protagonista de la política española. Una mala noticia, sin paliativos, que amenaza muy directamente el futuro de los derechos LGTB en nuestro país.

El fracaso del PSOE de Susana Díaz es inapelable: su porcentaje de voto cae al 27,95% y consigue solo 33 diputados, frente a los 47 que obtuvo en 2015. El PP también cae con fuerza, quedándose con el 20,75% de los votos y 26 diputados (tenía 33). Ciudadanos, en cambio, obtiene una considerable subida. Se coloca como tercera fuerza política en Andalucía, con el 18,27% de los votos, y pasa de 9 a 21 diputados. Adelante Andalucía, en cambio, queda por debajo de lo que en 2015 consiguieron por separado Podemos e IULV-CA: 16,18% de los votos y 17 diputados, frente a los 20 que reunieron entonces. Vox, por último, irrumpe en el Parlamento andaluz, consiguiendo 12 diputados y un 10,97% de voto. La extrema derecha consigue representación en todas las provincias andaluzas, con especial éxito en Almería, la provincia andaluza tradicionalmente más escorada a la derecha, donde se sitúa como tercera fuerza política tras PP y PSOE. Un excelente resultado para una formación que hasta hace pocas semanas era marginal, a la que la esta pasada noche la mismísima Marine Le Pen se apresuraba a felicitar en Twitter.

Los resultados, en definitiva, cierran la puerta a un posible pacto de gobierno entre PSOE y Adelante Andalucía, la opción que hasta este domingo parecía la más probable de acuerdo a las encuestas previas. PSOE y Ciudadanos tampoco suman mayoría, como sí lo hicieron en 2015 (aunque los de Albert Rivera ya habían anunciado que esta vez no apoyarían a Susana Díaz). Sobre el papel, PP, Ciudadanos y Vox, que sí reúnen mayoría absoluta, serán los que tendrán que ponerse de acuerdo para de una forma u otra desbancar al PSOE de la Junta. El PP de Pablo Casado y Ciudadanos, de hecho, nunca han manifestado rechazo expreso a pactar con Vox, partido con el que comparten su defensa a ultranza de la unidad de España y su hostilidad al nacionalismo catalán como elementos centrales de su ideario.

Una opción alternativa que algunos comentaristas políticos han puesto encima de la mesa pasaría porque el PSOE ofrezca a Ciudadanos la presidencia de la Junta de Andalucía y que este partido acepte un acuerdo con los socialistas que precisaría, además, de la abstención de Adelante Andalucía. Una operación políticamente complicada, cuya única razón de ser sería el neutralizar a Vox como árbitro político, algo que por el momento Ciudadanos no ha dado muestras de considerar necesario. Tanto los de Albert Rivera como los de Pablo Casado, de hecho, se mostraron exultantes tras conocer los resultados electorales y mostraron por encima de cualquier otra consideración su alegría por poder desplazar de la Junta de Andalucía al PSOE, partido que ha gobernado esta comunidad de forma ininterrumpida desde las primeras elecciones autonómicas.

Tiempo habrá en próximas semanas de escaramuzas políticas. Por lo pronto, la mala noticia es la irrupción de la extrema derecha. Vox, no lo olvidemos, es una formación no solo contraria al matrimonio igualitario, sino a cualquier reconocimiento jurídico expreso de la realidad familiar LGTB. Propone derogar las leyes de igualdad y no discriminación aprobadas por las comunidades autónomas, y de hecho su programa para Andalucía incluye la derogación de la correspondiente norma andaluza. A nivel educativo considera que hay un «evidente adoctrinamiento en ideología de género» y propone la obligatoriedad de que los padres tengan que firmar una autorización expresa «sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad». También propone excluir la atención sanitaria a las personas trans de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y retirar cualquier tipo de subvención a asociaciones LGTB. Y esto por mencionar aspectos relacionados únicamente con los derechos LGTB. No entramos en aspectos relacionados con la autonomía catalana, la inmigración o la violencia de género, ampliamente recogidos por otros medios.

El problema, sin embargo, no es tanto el programa concreto de Vox (que obviamente no tiene aún fuerza para imponer, al menos en su totalidad) como la consolidación de una agenda política marcada por las demandas de la extrema derecha y el desplazamiento general hacia la derecha del discurso del resto de los partidos, al que ya venimos asistiendo desde hace semanas. E incluso de un cierto sector de opinión en la izquierda política, todavía minoritario pero cada vez mas ruidoso, que en los últimos tiempos viene lanzando diatribas contra lo que llaman «políticas de identidad», a las que culpan del ascenso de la extrema derecha. Un sector de opinión que reclama que la izquierda deje de considerar como uno de los elementos centrales de su causa la lucha por los derechos civiles de las minorías (y muy singularmente la LGTB), que según ellos la distancia del electorado obrero, y vuelva a un esquema clásico de «lucha de clases». Argumentación curiosa si se tiene en cuenta que Vox es una formación profundamente neoliberal en lo económico y que a día de hoy carece de respaldo entre los sectores socialmente más desfavorecidos. Entre los que por cierto hay muchas personas LGTB.

Habrá multitud de opiniones sobre los factores que nos han llevado hasta aquí: la crisis catalana y la consecuente exacerbación del sentimiento nacionalista español; la machacona presencia en las últimas semanas de Vox en los medios pese a ser hasta ahora un partido extraparlamentario (alguien debería estudiar muy seriamente el papel que programas de televisión de corte supuestamente progresista están jugado como «caja de resonancia» de la extrema derecha); la amplísima difusión en redes sociales de contenidos relacionados con Vox y con su líder, Santiago Abascal (en muchos casos haciendo burla de su campaña, pero al mismo tiempo contribuyendo a amplificarla); el blanqueamiento de la formación («Vox propulsa al centro derecha», podíamos leer hoy mismo como uno de los titulares en la portada del diario económico Expansión) o el fortísimo abstencionismo (la participación en las elecciones andaluzas ha caído cuatro puntos respecto a 2015, llevando la abstención por encima del 40%). Lo cierto es que la situación es ya difícilmente reversible. Se abre un ciclo político que en materia de derechos para las minorías no augura nada bueno. Y los LGTB, recordemos, llevamos siempre las de perder en estos casos.

Ojalá estemos aún a tiempo de reaccionar.

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