El Alto Tribunal de Botsuana considera discriminatoria la prohibición heredada de la época colonial británica y despenaliza las relaciones homosexuales

Por unanimidad de los tres jueces encargados, el Alto Tribunal de Botsuana ha emitido una sentencia que despenaliza las relaciones homosexuales en este país africano. Se trata de la contundente respuesta a una demanda presentada el año pasado contra la ley de origen colonial que castigaba las relaciones «contra natura». Se confirma, de esta forma, las esperanzas que la adopción de varias medidas antidiscriminatorias en los últimos años habían despertado sobre el sentido final del fallo.

El proceso que ha concluido con la despenalización de la homosexualidad lo inició un estudiante de la Universidad de Botsuana llamado Letsweletse Motshidiemang en noviembre de 2017. La organización LGTB LEGABIBO se personó en la causa como amicus curiae. La demanda buscaba la derogación de los artículos 164 y 167 del código penal botsuano, que castigan las relaciones «contra natura» y los actos de «indecencia grave». Se trata, como en tantos otros países, de una herencia de la época colonial británica. Las penas derivadas podían alcanzar los siete años de cárcel, y afectaban tanto a hombres como a mujeres, si bien es cierto que en Botsuana se aplicaban raramente.

Los demandantes alegaban que la ley homófoba es inconstitucional por coartar los derechos fundamentales de libertad y privacidad y que la sociedad botsuana ha evolucionado en su aceptación de la realidad LGTB. Los representantes del Estado, por el contrario, defendían la permanencia de la norma, alegando que no discriminaba contra las personas LGTB al prohibir ciertas prácticas con independencia de la orientación sexual de los implicados. Un argumento que, por ridículo que pueda parecer, ha sido uno de los esgrimidos hace menos de un mes por el Tribunal Superior de Justicia de Kenia para mantener, allí sí, la penalización de las relaciones homosexuales.

El Alto Tribunal fijó inicialmente marzo de 2018 como la fecha en la que escucharía los argumentos orales, pero la cita fue pospuesta en dos ocasiones y en diciembre del año pasado se anunció que la vista se produciría el 14 de marzo de 2019, como finalmente ocurrió. Tres meses después el tribunal ha hecho público su fallo, que da la razón a los demandantes al considerar la criminalización de las relaciones homosexuales discriminatoria y contraria a la Constitución del país. «Cuando se margina a los grupos minoritarios, la dignidad humana se lesiona», ha argumentado el juez Michael Leburu al hacer pública la sentencia. «La orientación sexual no es una moda, es un atributo importante de la personalidad», ha añadido.

Avances que anticipaban un resultado positivo

El activismo LGTB de Botsuana, como era de esperar, ha recibido con alborozo la noticia:

BREAKING NEWS! Botswana High Court today ruled to scrapped laws that criminalise consensual same-sex relations and impose up to seven years in prison.#Repeal164 #DecrimBotswana #ReBatswana pic.twitter.com/PJ7tyP4z79

— #LEGABIBO (@legabiboadvo) 11 de junio de 2019

No obstante, ya antes de conocer el resultado, los activistas se mostraban cautelosamente optimistas sobre el resultado final, habida cuenta de que en los últimos años se habían producido algunos avances significativos en el país. En 2016, por ejemplo, se conseguía una pequeña victoria con el fallo a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO. El registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal en noviembre de 2014, pero el Gobierno botsuano recurrió entonces la sentencia. La Corte de Apelaciones dio la razón a LEGABIBO y estimó que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

Otro hito fue la aprobación por unanimidad de una moción de apoyo a la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo el ayuntamiento de la capital Gaborone en marzo de 2016. Y en septiembre de 2017, el Alto Tribunal reconocía por primera vez la identidad de género de una persona trans, que tres meses después pudo obtener un nuevo documento de identidad, poniendo fin a un proceso que se había alargado por diez años.