"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

Dos jueces conservadores del Tribunal Supremo cargan contra la sentencia que instauró el matrimonio igualitario en Estados Unidos

¿Está en peligro el matrimonio igualitario en Estados Unidos? El fallecimiento de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, icono feminista y progresista, y la nominación de Amy Coney Barrett para sucederla podrían consolidar una aplastante mayoría conservadora de 6 a 3 en el Tribunal Supremo. Un nuevo equilibrio que podría tener consecuencias para los derechos LGTBI, como deja entrever la actitud de los dos jueces más a la derecha del alto tribunal. Clarence Thomas (en la imagen) y Samuel Alito han cargado contra la histórica sentencia de 2015, que declaró inconstitucional el matrimonio excluyente, por considerar que vulnera el ejercicio de la libertad religiosa. Un posicionamiento que han expresado a raíz de la decisión de no admitir a trámite el recurso de Kim Davis, la funcionaria que se convirtió en heroína del movimiento homófobo tras ingresar en prisión por desobedecer la orden de emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

La sentencia que reconoció el matrimonio igualitario como un derecho constitucional en Estados Unidos, aprobada por 5 votos a 4 en junio de 2015, marcó un hito en la historia de la comunidad LGTBI a nivel global. Pero la progresiva escora a la derecha en el Tribunal Supremo en los últimos cuatro años ha despertado los temores a una regresión que dé al traste con la igualdad matrimonial en el país. El presidente Donald Trump cumplió su promesa de campaña y nombró a dos jueces conservadores durante su primer mandato, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, quien significativamente se negó a responder en el Senado a las preguntas sobre matrimonio igualitario y derechos LGTBI.

El último golpe al movimiento progresista ha sido el fallecimiento del icono liberal y feminista Ruth Bader Ginsburg el pasado 18 de septiembre. Trump se ha apresurado a nominar a Amy Coney Barrett para sucederla, una jueza de sólidas convicciones cristianas (es católica practicante) y proclive a una interpretación textualista y originalista de la ley. Un movimiento que podría consolidar una abrumadora mayoría de 6 a 3 favorable a los republicanos por lustros. Con una composición favorable en el Senado, el nombramiento de la candidata de Trump podría producirse en las próximas semanas.

Pero además de la probable confirmación de Coney Barrett, sea antes o después de las elecciones del próximo 3 de noviembre, otro posicionamiento ha levantado las alarmas. Ha sido el de Clarence Thomas, considerado el magistrado más conservador del actual Tribunal Supremo. La argumentación de Thomas, que ha suscrito también Samuel Alito, considera que la sentencia que instauró el matrimonio igualitario en todo el país «amenaza la libertad religiosa de muchos estadounidenses que creen que el matrimonio es una institución sagrada entre un hombre y una mujer». Thomas y Alito ya se opusieron al fallo de 2015.

La contundente toma de posición de Thomas por escrito es su respuesta a la decisión del Supremo de no admitir a trámite el último recurso de Kim Davis, la funcionaria de Kentucky transmutada en mártir de la derecha cristiana y homófoba tras ser encarcelada en 2015 por desobedecer la orden de emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Davis fue puesta en libertad poco después con la condición de no seguir obstaculizando la tramitación de dichos enlaces.

El juez Thomas ha calificado en su escrito a Davis como «una de las primeras víctimas» de la supuesta persecución a la libertad de religión que consagró la aprobación del matrimonio igualitario. Anima al Tribunal Supremo a revisar su histórica sentencia, para que prevalezca el derecho a la libertad religiosa (protegido por la Primera Enmienda) frente al derecho a contraer matrimonio para las parejas del mismo sexo. El cual, en su opinión y a diferencia de la decisión mayoritaria del tribunal en 2015, no está amparado por la Constitución. El llamamiento a una posible reversión de la igualdad matrimonial coloca este asunto junto a otros susceptibles de una regresión similar, como el derecho al aborto o a una sanidad asequible (Obamacare). Una perspectiva muy desalentadora para algunos de los principales avances en libertades que ha experimentado el país en los últimos años.

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