Cantabria aprueba, con el apoyo de todo su arco parlamentario salvo dos diputados de ultraderecha, una ley LGTBI menos ambiciosa que la inicialmente propuesta

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó el pasado 2 de noviembre, la denominada oficialmente «Ley de Garantía de Derechos de Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales», añadiendo de esta forma a la comunidad cántabra a la ya larga lista de comunidades autónomas que cuentan con una ley específica de protección de los derechos de las personas LGTBI en su ámbito normativo. La ley se aprobó con el acuerdo de todos los grupos representados en el Parlamento cántabro, excepto el grupo mixto, formado por dos diputados ultraderechistas. Eso sí, con un texto final menos ambicioso que el propuesto inicialmente y que deja fuera aspectos relacionados con los derechos de las personas trans.

Cantabria estuvo a punto de aprobar esta ley en la pasada legislatura, pero la desidia de los políticos cántabros lo impidió. Como informamos en su momento, un anteproyecto de ley fue aprobado muy tardiamente por el Gobierno de Cantabria en octubre de 2018, pocos meses antes de la disolución del Parlamento regional. Aun así hubiera sido posible su aprobación antes del final de la legislatura, pero para ello hubiera sido necesario un compromiso de las fuerzas políticas que lamentablemente no se dio. En concreto, el Partido Regionalista de Cantabria y Ciudadanos rechazaron la petición que les hicieron desde el colectivo Alega y no han retiraron la solicitud de comparecencias de expertos previa a la discusión, algo que hacía imposible el cumplimiento de los plazos. La legislatura terminó y la ley quedó sin aprobar.

Bien está, en cualquier caso, lo que bien acaba, y por fin en la presente legislatura ha sido posible la aprobación de un texto acordado entre regionalistas, PSOE, PP y Ciudadanos. Solamente Vox, la formación de extrema derecha que cuenta con dos diputados  en el Parlamento de Cantabria (los dos que integran el grupo mixto) se ha opuesto. Se trata de una ley que contiene 58 artículos y varias disposiciones. Es una regulación que abarca diferentes áreas de actuación, con un texto que contiene principios orientadores de la actuación de los poderes públicos y medidas de acción positiva a ejecutar. Entre otros aspectos destacados prohíbe las «terapias» aversivas o de conversión, incluye la necesidad de elaborar protocolos educativos contra la discriminación y el acoso, contempla la creación de un consejo LGTBI e incluye un capítulo sancionador, si bien más recortado que el inicialmente propuesto.

Un avance respecto a la situación previa que sin embargo no resulta plenamente satisfactorio al haber dejado fuera aspectos importantes relacionados, por ejemplo, con los derechos de las personas trans y la implementación efectiva del principio de autodeterminación de género (más allá de su mera declaración), como la correspondiente provisión de documentación acreditativa. «¿Cómo nos sentimos? No con la felicidad que siempre pensamos que sentiríamos. La apoyaremos, porque ‘mejor eso que nada’, pero es una ley de mínimos, poco ambiciosa e incompleta», expresaba en sus redes sociales el colectivo Alega:

El lunes se aprueba la #LeyLGBTICantabriaYA.
Tras casi cinco años luchando para que llegara este día, ¿cómo nos sentimos?
No con la felicidad que siempre pensamos que sentiríamos.
La apoyaremos, porque «mejor eso que nada», pero es una ley de mínimos, poco ambiciosa e incompleta

— Alega Cantabria (@AlegaCantabria) October 30, 2020

«Seguimos manteniendo el concepto erróneo y estigmatizante de enfermedad hacia las personas trans. Una Ley LGTBI no debe mantener y persistir en el estigma sobre el colectivo trans. Una sociedad solo es igualitaria si toda su ciudadanía en igual ante la ley y mientras las personas trans sigan teniendo que someterse a tratamientos y pruebas para probar su identidad que no se piden al resto de la población, la igualdad no existe», declaraban los representantes de Alega a El Faradio. Desde este colectivo añadían que la ley se ha aprobado gracias al empeño activista, pero sin entusiasmo por parte de los partidos políticos. «Esperábamos más, mucho más, de los grupos parlamentarios. Entendemos que es una ley de mínimos, que corresponde más a la presión activista, de personas voluntarias (no nos olvidemos) que a la voluntad política. Tristemente hemos conocido cómo se tramita una ley, cómo son las negociaciones de unos y otros, cómo se reparten las cartas y juegan con nuestros derechos bajo el significado de las palabras. Esperamos que no se convierta en una ley de intenciones sino de hechos probados», aseguraban en el digital cántabro.

Puedes descargar el texto aprobado en este enlace, correspondiente al dictamen de la comisión encargada de la aceptación de enmiendas y en el que se pueden identificar los recortes frente al texto inicialmente propuesto. Sea como sea, e«