Angola abandona el todavía numeroso grupo de países y territorios (más de 70, según el último informe de ILGA) que siguen criminalizando las relaciones homosexuales consentidas.
El nuevo Código Penal elimina la disposición heredada de la época colonial portuguesa que castigaba los actos «contra natura». Se suma, además, la prohibición de la discriminación por orientación sexual.
Después de dos años de espera, Íris Angola ya es una asociación legalmente reconocida por el Gobierno angoleño. «Es un momento histórico», ha declarado su director, Carlos Fernandes.
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Lo ha hecho, además, con el acuerdo unánime de los cinco jueces que componían la sala ante la que el fiscal general de Botsuana había recurrido la decisión.
El Alto Tribunal de Bostsuana anuló la ley colonial que castigaba las relaciones homosexuales en 2019, pero el fiscal general, dependiente del Ejecutivo, apeló la sentencia.
Buenas noticias, por fin, desde África. El Gobierno namibio ha anunciado su intención de derogar la criminalización de las relaciones consentidas entre hombres, que data del periodo colonial.
La persecución de las personas LGTB persiste en 72 países y territorios del mundo, en un año en que la pandemia del COVID-19 ha servido como excusa para que gobiernos LGTBfobos agudicen esa represión.
La despenalización se ha producido un año después de que las relaciones entre personas del mismo sexo se incluyeran en el nuevo Código Penal entre los «delitos contra la moral».
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Sin embargo, los 13 países que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte son de mayoría musulmana, o bien solo se aplica en aquellos territorios donde rige la ley islámica.
Según el informe de ILGA de 2016, las relaciones homosexuales están penalizadas en 74 países más 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas. En 13 de ellos, se castigan con la pena de muerte.
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