El Gobierno irlandés ha dado luz verde a una ley que autorizará las uniones civiles entre personas del mismo sexo, que tendrán reconocidas buena parte de los derechos de los que disfrutan las parejas casadas, tanto a nivel fiscal como en materias de propiedad y sucesorias, así como en caso de separación o a efectos de inmigración. Se trata sin duda de un paso muy significativo para un país marcado históricamente por su fuerte tradición católica. Pese a todo, grupos de de defensa de los derechos civiles LGTB consideran que la ley se queda corta.

La nueva ley, que será efectiva a finales de año una vez que se discuta en el Parlamento, probablemente en otoño, ofrecerá también un marco legal más favorable para las parejas de hecho, tanto del mismo como de diferente sexo, no casadas o unidas civilmente, que verán reconocidos una serie de derechos tras acreditar un periodo mínimo de convivencia.

Grupos como MarriagEquality consideran que la ley, que por ejemplo no permite ni la adopción conjunta ni la adopción por parte de uno de los miembros de la pareja de los hijos del otro, no deja de considerar a gays y lesbianas como ciudadanos de segunda, y han exigido al Gobierno la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. El Gobierno se defiende de estas críticas argumentando que cambiar la legislación matrimonial exigiría una modificación constitucional y un referéndum que sería “divisorio”. También el Partido Verde, que por cierto forma parte de la coalición de Gobierno, cree que la ley se queda corta.

Un completo memorándum sobre la nueva ley está disponible (en formato PDF y en inglés) pinchando aquí.