Nigeria: ser testigo o colaborar con una boda entre personas del mismo sexo costará hasta diez años de cárcel

Lo anticipábamos en septiembre. El Senado de Nigeria ha dado su visto bueno a un proyecto de ley que persigue criminalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. No solo persigue a los contrayentes: también a los testigos y a cualquier persona que contribuya a la solemnización de la unión. La ley queda ahora pendiente de aprobación por la Cámara de Representantes y la firma por el Presidente del país, Goodluck Jonathan.

El proyecto, tal y como ha sido aprobado con el respaldo unánime del Senado nigeriano, impone además penas más duras que las que inicialmente se preveían. Mientras que para los contrayentes se reservan condenas de hasta 14 años de cárcel, los testigos podrían ser condenados hasta a 10 años de prisión. “Necesitamos actuar muy rápidamente para que esta tendencia no encuentre un hueco en nuestro país“, afirmaba hace varias semanas su promotor, el senador Domingo Obende. “La religión musulmana lo prohíbe. El cristianismo lo prohíbe y la religión tradicional africana lo prohíbe. No debe permitirse porque llevaría a la ruptura de la sociedad“, afirmaba.

«Criminalizar aún más a una minoría oprimida solo por su orientación sexual es una barbaridad, una grave violación de los derechos humanos. Nigeria se desliza muy rápidamente hacia un estado despótico», ha declarado por su parte la activista nigeriana Yemisi Ilesanmi, coordinadora de Nigerian LGBTI in the Diaspora Against Anti-Same-Sex Laws, un colectivo de personas LGTB nigerianas que se han visto forzadas a huir de su país.

La legislación nigeriana no contempla la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, al tiempo que castiga las relaciones homosexuales con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel (en el sur cristiano) o incluso hasta la muerte (en los estados del norte en los que se aplica la ley islámica). La criminalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya se ha intentado en un par de ocasiones (en enero de 2009 llegó a ser aprobada por la Cámara de Representantes pero finalmente el proceso legislativo no llegó a culminar) vendría por tanto a endurecer todavía más una situación que ya es de por sí muy dramática.