"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

Cómo la ley de igualdad de la FELGTB se ha convertido una semana después en la “ley mordaza de Podemos”: crónica de un despropósito

Hace ahora una semana dábamos cuenta del registro en el Congreso de los Diputados de la propuesta de ley contra la discriminación y en favor de la igualdad social de las personas LGTB elaborada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró formalmente con el respaldo del resto de grupos políticos de la cámara (salvo PP y sus satélites). Una semana después, el proyecto se ha convertido en la “ley mordaza de Podemos” y recibe críticas tanto desde la derecha mediática como de una parte del ámbito progresista. ¿Qué ha pasado? Intentaremos arrojar cierta luz sobre un asunto que amenaza con causar un daño importante al avance de los derechos LGTB en nuestro país.

Diversas comunidades autonómas españolas han aprobado por unanimidad o con un apoyo muy mayoritario leyes de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTB: Cataluña, Baleares, Extremadura, la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia, por ejemplo. Otras están en ello. Todas estas leyes, apoyadas (cuando no directamente inspiradas) por los colectivos LGTB locales, cuentan con un capítulo sancionador, que convierte en faltas administrativas (leves, graves o muy graves) el incumplimiento de sus puntos. Un aspecto que hasta ahora no había generado polémica, salvo en los casos de Galicia y Cataluña. En Galicia, el PP, con mayoría absoluta, lo eliminó del texto final, algo que fue criticado por los colectivos LGTB y por la oposición al considerar que convertía una ley contra la discriminación en poco más que una mera declaración de intenciones. En Cataluña, también el PP se opuso con virulencia, aunque en este caso no pudo hacer nada por evitarlo. El mismo PP, por cierto, que luego hizo bandera de normas similares en la Extremadura de José Antonio Monago o en el Madrid de Cristina Cifuentes.

Ahora, en 2017, la FELGTB ha querido aprovechar la oportunidad que la actual coyuntura política ofrece para elevar a rango estatal la protección de las personas LGTB contra la discriminación, algo que en su momento el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó (sin demasiado empeño, la verdad sea dicha) a través de una propuesta de ley de “igualdad de trato” que finalmente quedó aparcada para siempre con la disolución anticipada de las Cortes en el año 2011. La pasada semana, tras más de un año de trabajo en su elaboración y después de meses de negociaciones con los grupos políticos con representación parlamentaria, la FELGTB registraba su proyecto en el Congreso. Lo hacía de la mano de Unidos Podemos y sus socios, aunque con el acuerdo del resto de formaciones políticas salvo PP, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro.  No se trataba, por tanto, de una propuesta de ley “propia” de Unidos Podemos: esta formación simplemente prestaba a la FELGTB su capacidad de registrar un proyecto salido directamente de las manos del activismo, permitiendo su tramitación parlamentaria.

Una semana después, asistimos a titulares del tipo de “Podemos propone una ley mordaza para ofensas al colectivo LGTB” (El Confidencial), “Ley mordaza de Podemos” (La Razón), “Llega la ley mordaza de Podemos” (Libertad Digital), “Podemos inventa una ley mordaza contra ofensas al colectivo LGTB con multas sin garantía judicial” (OK Diario). Y son solo algunos ejemplos. Pero las críticas no solo han llegado desde el ámbito de la derecha mediática, a la que pertenecen todos los medios citados. También de la izquierda mediática (que alguna hay, y no pocas veces es tan hostil a Podemos como la propia derecha). En eldiario.es, por ejemplo, Iñigo Saénz de Ugarte opinaba que “No se defienden los derechos LGTBI vulnerando la libertad de expresión” y aseguraba en Twitter que “Podemos imita lo peor con la propuesta de castigar con multas ofensas al colectivo LGTBi”. El periodista Stéphane M. Grueso se refería también en Twitter al proyecto, que calificaba directamente de  “barbaridad”, mientras que el bufete de abogados Almeida, muy conocido por su activismo contra la ley Sinde o la propia “ley mordaza”, aseguraba que “La proposición de Podemos es manifiestamente inconstitucional. No se pueden retirar publicaciones de internet por orden administrativa”. “Lo dijimos en 2001. Lo dijimos en 2011. Lo decimos en 2017. La censura siempre es censura, sea azul, roja, rosa o violeta”, añadía también en Twitter.

Es más, incluso personas muy cercanas o que han estado muy cercanas a Podemos lanzaban sus críticas en redes sociales. Es el caso del abogado David Bravo, que fuera diputado de Podemos en la anterior legislatura y que desde hace un día ha desatado en su perfil de Twitter toda una bateria de descalificaciones al proyecto, asegurando incluso que “hasta aquí llegó Podemos para mí” o del mismísimo Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, que aseguraba en Twitter que “En tiempos de censura, Podemos debe ser el partido más garantista de la libertad de expresión”. “La homofobia no se derrota censurando”, añadía…

¿Ataque a la libertad de expresión?

Buena parte de las críticas “progresistas” se centran en el hecho de que la propuesta de ley de la FELGTB incluya entre las faltas graves los siguientes puntos (reproducimos textualmente):

  • Reincidir en el proferimiento de expresiones, imágenes o contenidos gráficos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias.
  • Reincidir en la publicación en Internet o en las redes sociales de expresiones, imágenes o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorios por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias.
  • No retirar inmediatamente por parte del titular y del prestador de un servicio de la sociedad de la información expresiones, imágenes o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género o características sexuales contenidos en sitios web o redes sociales, una vez tenga conocimiento efectivo de la existencia de las mismas.
  • Proferir expresiones, imágenes o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas.
  • Difundir en Internet o en las redes cualquier tipo de expresiones, imágenes o contenidos que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias.

Comportamientos que podrían suponer multas de 3.001 hasta 20.000 euros, además de otras posibles sanciones como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la administración o de contratar con esta durante un periodo de hasta un año.

Algunas de las críticas que han ido más allá del mero titular contra Podemos y del manido “estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo” (no creemos que haya un “derecho” a sostener un discurso de odio) sostienen, y es un argumento que merece la pena ser tenido en cuenta, que la propuesta, tal y como está redactada en este momento, supone otorgar a la administración una capacidad sancionadora excesiva, que esta podría usar discrecionalmente sin que exista tutela judicial (más allá de que cualquier decisión administrativa pueda ser finalmente recurrida ante los tribunales). Argumentan que el castigo contra las conductas discriminatorias por razón de orientación sexual o identidad de género debería reservarse a los jueces y ser contemplado, en todo caso, como parte del derecho penal.

Se impone un poco de sensatez

En este punto están las cosas. Podemos se ha visto obligado, incluso, a hacer público un comunicado en el perfil de Twitter que dedica a sus actividades en el Congreso en el que aclara que su propuesta ha sido “elaborada íntegramente por los colectivos de defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ que, cada día, enfrentan todo tipo de discriminaciones y violencias”, asegura que es fundamental “que este debate llegue al Congreso” y añade que “es evidente que es una ley que debe ser debatida. Nos aseguraremos de que en el trámite de enmiendas se corrija cualquier interpretación susceptible de recortar el derecho a la libertad de expresión cuya amplitud de ejercicio nos hemos caracterizado por defender”:

LA FELGTB, aunque no se ha pronunciado expresamente sobre la polémica, ha publicado un tuit en el que asegura que “El proyecto de Ley de Igualdad LGTBI es reivindicación histórica del activismo” está “abierto al debate” y “recoge medidas presentes en leyes de once comunidades autónomas”:

La opinión de dosmanzanas

En nuestra humilde opinión, todo este festival de reproches y descalificaciones hace un flaco favor tanto a los derechos LGTB como al propio ámbito de opinión “progresista”. En este caso, desde luego, rompemos una lanza por Unidos Podemos, una formación que ha prestado su voz a la organización LGTB más importante de España. La extrema hipersensibilidad que existe en este país frente a todo lo que tenga que ver con esa formación política y el afán continuo de descalificarla deberían ser dejados de lado cuando de algo tan importante se trata. Esperamos, en este sentido, que el resto de grupos políticos que han dado su apoyo a la tramitación del proyecto no aprovechen la situación para sacar tajada.

Y sobre la cuestión de fondo: sin duda merece un debate sosegado. Para eso está el trámite parlamentario. Pero de lo que no tenemos duda en dosmanzanas, aunque no seamos expertos en la materia, es de que este país carece de una adecuada arquitectura jurídica para proteger de forma efectiva a las personas LGTB contra la discriminación, el insulto, el desprecio y las campañas de odio. La vía penal, incluso desde la reforma del Código Penal operada en 2015 para incluir los delitos de odio, está sirviendo para muy poco (más allá de su aplicación, hasta la fecha bastante limitada, en agresiones físicas en las que se logra detener al autor).

Tenemos además la sensación de que una parte del progresismo no acaba de creer verdaderamente que la discriminación del colectivo LGTB sea una batalla por la que en estos momentos merezca la pena batirse. Lo vimos hace muy poco, cuando desde algunos ámbitos progresistas se criticó como “exagerada” la reacción ante una despreciable campaña de odio perfectamente urdida, planificada y ejecutada por un grupo homófobo. Y que por cierto ha sido multada recientemente por la Comunidad de Madrid sin intervención de juez alguno gracias a una ley que en su momento fue aprobada por unanimidad.

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