"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

Liberados bajo fianza los dos activistas LGTB detenidos en Zimbabue

Ellen Chademana e Ignatius Muhambi, los dos trabajadores de la organización Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ) detenidos el pasado viernes, han sido por fin liberados hoy, tras pasar seis días en prisión. Los dos activistas, que han debido abonar una fianza de 200 dólares cada uno, continúan sin embargo acusados de poseer «material pornográfico» y “denigrar” al presidente Robert Mugabe en base a la documentación incautada en las oficinas de la organización.

El juicio se ha fijado para el próximo 10 de junio. Los dos activistas se enfrentan a una posible pena de cárcel o a una multa. Al parecer, la Policía basa sus acusaciones en que en la oficina de GALZ encontró fotografías que mostraban relaciones entre personas del mismo sexo, relaciones que han sido consideradas «moralmente reprensibles» por el juez Munamate Mutevedzi, asi como documentación que atentaba contra el honor del presidente Robert Mugabe. En concreto, se menciona una carta de Willie Lewis Brown, antiguo alcalde de San Francisco, en la que se criticaba abiertamente a Mugabe por sus posiciones abiertamente homófobas.

Según han denunciado el abogado Davis Hofisi, los detenidos han sufrido malos tratos, habiendo sido obligados a mantener posiciones forzadas durante largos periodos de tiempo y siendo golpeados con botellas cuando flaqueaban.

Como hemos venido informando estos días, las relaciones homosexuales entre varones son delito en Zimbabue, país que recientemente ha rechazado reconocer protección alguna a las personas homosexuales en la nueva Constitución (con el acuerdo tanto del presidente Mugabe como del actual primer ministro y rival político, Morgan Tsvangirai).

GALZ es la organización que recibió en 2009 una subvención del Ministerio de Asuntos Exteriores español dentro de su paquete de ayudas a entidades que promueven los derechos humanos en el mundo, cuya concesión desató en su momento una ruidosa campaña de críticas al Gobierno desde la derecha mediática y el Partido Popular.

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