"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

Clasificación anual sobre derechos LGTBI en Europa: la parálisis parlamentaria de las leyes LGTBI y Trans hace que España baje a la 11ª posición

Como en los pasados años, ILGA Europa ha emitido por separado su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo (y Asia Central) y la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Una vez más, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. Tras la práctica inoperancia del año 2020, en el 2021 algunos países han adoptado finalmente parte de sus legislaciones a las necesidades del colectivo LGTBI, lo que ha ocasionado su ascenso en la clasificación. Aquellos donde esas mejoras legislativas no se han producido, como es el caso de España, han descendido al verse superados por los anteriores. ILGA Europa, además, ha tenido en cuenta que las reformas legislativas aprobadas con antelación hayan sido puestas en práctica efectivamente, lo que ha ocasionado que países como el Reino Unido pierdan puestos en la clasificación, dada la nula aplicación de las medidas antidiscriminatorias.

ILGA Europa publicó hace unos meses su informe anual sobre los derechos humanos de la población LGTBI del continente europeo y Asia Central en el año 2021, en el que señalaba cómo el aumento de la retórica anti-LGTBI por parte de determinados líderes políticos y sociales había alimentado una ola de violencia, pero que también había ocasionado una respuesta a nivel europeo para hacer frente al odio y a la exclusión del colectivo LGTBI.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente en el año pasado. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha habido un cambio en los parámetros de valoración, al incluirse un apartado especial para la legislación referente a la integridad corporal intersexual y aumentarse el peso que tienen las libertades públicas y el derecho al asilo. De esta manera, las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 23 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 17,5 %, los crímenes y discursos de odio el 19 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 17,5 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 9 %, el asilo un 9 % y la integridad corporal intersexual el 5 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario. El nuevo método de valoración ha hecho que su puntación baje un poco, pero sigue siendo un altísimo 92,02 % de consecución de objetivos, muy por encima del resto de países.

El mayor ascenso en la clasificación de este año es el de Dinamarca, que, curiosamente, el año pasado experimentó el mayor descenso. La subida se debe a que está completando las lagunas antidiscriminatorias de su legislación, al implementar una ley de igualdad de trato —que abarca la salud, la educación, el empleo o los bienes y los servicios— y modificar el código penal para incluir la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales como factores agravantes en los delitos de odio. Todo ello ha hecho que ascienda hasta el segundo puesto de la clasificación. Francia también sube varias posiciones debido a la prohibición de las llamadas «terapias de conversión» de la orientación sexual y la identidad de género. Islandia también asciende por su reconocimiento de la paternidad de las personas trans. ILGA Europa también destaca que países como Grecia, Letonia, Lituania, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia han tenido movimientos legislativos positivos, lo que alienta a que también se experimenten cambios en los más renuentes países de la Europa oriental.

Quien ha sufrido un importante descenso en la clasificación es el Reino Unido, que ha pasado del 10º al 14º puesto, al perder puntos tras presentarse este año pruebas de que el organismo de igualdad no está protegiendo efectivamente contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género tal y como establece su mandato. Esto, además, se produce en un momento de amplio sentimiento político y mediático antitrans. El Gobierno británico tampoco avanza en las reformas prometidas desde hace tiempo sobre el reconocimiento de género y la prohibición de las llamadas «terapias de conversión».

Bulgaria y Rumanía se encuentran entre los de la Unión Europea que tienen una clasificación más baja, lista que cierra Polonia. Rumanía pierde puntos por la obstrucción de la libertad de reunión por parte de las autoridades al prohibir y castigar los actos del Orgullo. Por su parte, Hungría baja tres puestos debido a que su Parlamento aprobó una serie de medidas que discriminan directamente a las personas LGBTI, entre ellas la prohibición de «la representación y la promoción de la identidad de género diferente al sexo de nacimiento, el cambio de sexo y la homosexualidad» para los menores de 18 años.

Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán cierran la clasificación, no solo por falta de políticas de protección de la población LGTBI, sino por legislaciones y actuaciones gubernamentales específicamente LGTBIfobas.

ILGA Europa destaca que en casi la mitad de los países siguen habiendo importantes lagunas en cuanto a la protección fundamental contra la discriminación y la violencia. Actualmente, en 20 de los 49 países no existe protección legal contra los delitos de odio por motivo de la orientación sexual, mientras que en 28 países no hay protección contra la violencia por motivo de la identidad de género.

La situación en España

Si en el año 2020 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, tampoco lo ha habido en 2021.  A la bajada en el porcentaje de consecución de logros del año anterior, se suma la que experimenta este año por el nuevo método de valoración que hemos descrito anteriormente. El total pasa del que ya reducido 64,59 % a un aún más exiguo 61,79 %, ya que la legislación a favor de los derechos corporales de las personas intersexuales es prácticamente nula y de ámbito autonómico. Debido a esto y al ascenso de Dinamarca, Francia e Islandia, que la superan en consecución de logros, España baja de la octava a la undécima posición en la clasificación general de este año, abandonado su habitual posición entre los diez primeros países.

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI publicado hace unos meses, ILGA Europa destacaba respecto a España la paralización en el proceso parlamentario de las leyes LGTBI y Trans. También el aumento de los discursos de odio por parte no solo de la extrema derecha, sino también entre líderes históricas del feminismo como Lidia Falcón, que en unas declaraciones ligaba homosexualidad con pedofilia. Destacaba a su vez los discursos tránsfobos de la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. El informe se lamentaba del aumento de la violencia LGTBIfóbica y, sobre todo, del asesinato de Samuel Luiz por parte de una horda homófoba en Coruña.

ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

  • Prohibición de las llamadas «terapias de conversión» por motivos de orientación sexual e identidad de género en todas las regiones.
  • Modificar la Ley Trans para el reconocimiento legal del género, a nivel nacional, basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (como la esterilización, el diagnóstico médico/de TIG, la intervención quirúrgica/médica, el divorcio obligatorio o la restricción de edad), incluyendo una opción no binaria o de tercer género y la despatologización de las identidades trans.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en los informes de 2017201820192020 y 2021. Este año vuelve a situarse en esa posición a considerable distancia de los demás. España ha descendido hasta el undécimo puesto por su inmovilismo legislativo en cuanto a los derechos de las personas trans, la falta de reconocimiento legal de las personas no binarias y la no existencia de una prohibición a nivel nacional de las llamadas «terapias de conversión» de la orientación sexual y la identidad de género.

 

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