"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

Una jueza federal de California declara inconstitucional el «Don’t ask, don’t tell»

La jueza federal de California Virginia A. Phillips, respondiendo a una demanda de Log Cabin Republicans (el grupo LGTB del Partido Republicano), ha considerado que la política de «Don’t ask, don’t tell», que prohíbe a gays y lesbianas servir en el Ejército a no ser que mantengan en secreto su orientación sexual, viola las enmienda primera y quinta de la Constitución de Estados Unidos.

La sentencia establece claramente que la política de «don’t ask, don’t tell» vulnera derechos fundamentales de los miembros del Ejército de Estados Unidos, argumentando además que el Gobierno ha sido incapaz de demostrar durante el juicio que la vulneración de esos derechos sea necesaria para evitar perjuicios importantes a la preparación militar o a la cohesión de la tropa.

Un juicio que, a diferencia del que recientemente concluyó con la declaración de inconstitucionalidad de la Proposición 8 (que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en California), ha mantenido un bajo perfil mediático.

Puedes descargar la sentencia íntegra (en inglés, formato PDF) pinchando aquí.

 La difícil situación de Barack Obama…

La resolución judicial coloca en una posición difícil a la administración de Barack Obama, cuyo Departamento de Justicia dispone ahora hasta el 23 de septiembre para presentar alegaciones. Es muy probable, además, que la sentencia sea recurrida.

Si la administración Obama recurre nos encontraríamos ante la paradoja de una administración que defiende ante los tribunales una ley cuya derogación estaba incluída entre las promesas del Presidente. Sus pasos en ese sentido, sin embargo, han sido tímidos y dubitativos, para no molestar a los sectores más conservadores del Ejército.  Tras muchas protestas por parte de los colectivos LGTB (incluyendo encadenamiento de militares en proceso de expulsión a la valla de la Casa Blanca), el pasado mayo la Casa Blanca y los legisladores del Congreso alcanzaban un acuerdo y votaban su derogación, pero se retrasaba ésta hasta diciembre, y se supeditaba además a que durante este periodo el Pentágono certificara que no existen obstáculos dentro del Ejército para proceder a ello.

De hecho, durante estas semanas el Pentágono esta llevando a cabo una encuesta entre los militares (y entre sus esposas y esposos) para conocer su opinión sobre el asunto antes de tomar una decisión definitiva, algo que los colectivos LGTB consideran humillante. Durante estos meses, además, la política sigue en vigor y los procesos de expulsión continúan.

El hecho de que la demanda partiera de Log Cabin tampoco deja en buena posición a los demócratas. Log Cabin está formado por miembros y simpatizantes gays y lesbianas del Partido Republicano. A diferencia, sin embargo, de lo que ocurre en Europa con algunos grupos LGTB vinculados a partidos conservadores, Log Cabin mantiene un discurso plenamente coherente con la defensa de la igualdad jurídica de gays y lesbianas, siendo un firme defensor del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como de la adopción y de la consideración de las familias homoparentales como familias de pleno derecho. Log Cabin apoya además, tanto a nivel político como a nivel financiero, a todos aquellos candidatos republicanos que cree que pueden favorecer los derechos LGTB.

La justicia federal, por delante de la política

La resolución de la jueza Phillips se une a otras resoluciones de jueces federales contrarias a disposiciones discriminatorias contra gays y lesbianas. Hace pocas semanas el juez Vaughn Walker consideraba inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en California (decisión que se encuentra pendiente de apelación), mientras que en julio fue el juez Joseph Tauro el que, en Massachusetts, declaraba inconstitucional la aplicación de elementos fundamentales de la Defense of Marriage Act (DOMA), la ley que prohíbe a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo.

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