"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

Proposición 8 y DOMA: el matrimonio igualitario llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aceptado discutir dos casos que afectan de lleno al derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio en ese país. El Tribunal Supremo será el que decidirá finalmente el destino de la Proposición 8, la polémica enmienda a la Constitución de California que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese estado, declarada inconstitucional por la justicia federal. Además el Tribunal Supremo decidirá sobre uno de los recursos referidos a a la DOMA (Defense of Marriage Act, la ley que impide a la administración federal reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo). La decisión, previsiblemente, a mediados del año 2013.

Proposición 8, ¿constitucional o no?

La prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio en California (Proposición 8, aprobada en referéndum hace cuatro años) ha sido ya declarada inconstitucional por la justicia federal. Los contrarios al matrimonio igualitario, sin embargo, recurrieron al Supremo, que ahora ha decidido admitir su recurso. El Supremo podría entrar a discutir el fondo del asunto: si prohibir el matrimonio a personas del mismo sexo atenta o no contra la Constitución de Estados Unidos. La decisión tendría, en ese caso, efectos sobre todo el país, sea en un sentido (extender el matrimonio igualitario a todo Estados Unidos) o en otro (consolidar la situación actual, en la que cada estado tiene libertad de decisión, quizá durante generaciones).

El Supremo podría limitarse, sin embargo, a valorar una cuestión más formal: si puede considerarse inconstitucional que un estado retire a una minoría un derecho fundamental que ese mismo estado le había reconocido previamente sin que medie una razón legítima para ello (durante varios meses gays y lesbianas sí pudieron casarse en California, derecho que les fue reconocido por la Corte Suprema del estado, y de hecho hay 18.000 parejas casadas cuyo matrimonio sigue siendo válido). En ese caso, los efectos de la sentencia (en un sentido o en otro) quedarían limitados al estado de California, y la decisión no tendría tanto calado.

La decisión de aceptar el recurso de la Proposición 8 ha supuesto una relativa sorpresa. Muchos analistas apostaban porque el Supremo no se haría cargo del recurso, lo que hubiera supuesto la reintroducción inmediata del matrimonio igualitario en California (estado en el que las encuestas ya le otorgan un apoyo mayoritario) pero le habría evitado una discusión más profunda de alcance nacional.

DOMA: el Supremo discutirá el caso de Edie Windsor

Lo que sí parecía claro era que el Tribunal Supremo admitiría algunos de los recursos que tienen que ver con la DOMA, una ley también declarada inconstitucional en varios de sus aspectos por diferentes tribunales federales. El Supremo ha decidido, de hecho, revisar la sentencia más reciente, dictada en octubre. Una Corte Federal de Apelaciones de Nueva York fallaba entonces que no existe argumento constitucional que justifique tratar diferentemente a Edie Windsor (un nombre que puede pasar con letras de oro a la historia de los derechos LGTB en Estados Unidos), una anciana que a la muerte de su esposa no pudo acogerse a una serie de beneficios fiscales para los matrimonios en materia de herencia, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violaba las garantías de igualdad de protección contenidas en la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Un tribunal federal le dio la razón en primera instancia, fallo que en octubre confirmó la Corte de Apelaciones.

Se trata de la segunda sentencia en el mismo sentido dictada a este nivel, ya que antes del verano fue una Corte Federal de Apelaciones de Boston la que reafirmó otra sentencia de inconstitucionalidad contra la DOMA dictada en Massachusetts. Son las dos sentencias más importantes, pero no son las únicas: se han producido ya otras a un nivel inferior. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el caso de Edie Windsor es sin embargo la de mayor calado jurídico, ya que apela al denominado “heightened/strict scrutiny“, término propio del sistema constitucional estadounidense: no se basa solo en un mero argumento racional, sino en un análisis detallado del conflicto entre los supuestos intereses legítimos del Gobierno federal y los principios constitucionales. Según los jueces ello queda justificado por el hecho de que las personas homosexuales son una minoría históricamente perseguida y discriminada.

La discriminación que supone la DOMA resulta tan indiscutible que el propio Gobierno de Estados Unidos decidió a principios de 2011 dejar de defender la ley en los tribunales civiles cuando se planteasen demandas (luego tomó la misma decisión en el ámbito militar). El Departamento de Justicia llegó a admitir ante un tribunal federal de San Francisco que la DOMA viola la Constitución. Una decisión que no gustó nada a la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, que decidió ejercer el papel de defensor de la DOMA ante los tribunales en lugar de la administración Obama. De hecho la Cámara lleva gastados ya casi millón y medio de dólares en ello, un gasto denunciado por los demócratas.

El proceso de derogación legislativa de la DOMA, por otra parte, se inició el año pasado, pero parece imposible que llegue a buen término mientras los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes (que renovaron el 6 de noviembre, aunque con una mayoría menos holgada).

Múltiples posibilidades

La admisión de los dos casos deja abiertas todas las posibilidades, desde que tanto Proposición 8 como DOMA sean declaradas inconstitucionales a la contraria. Pero incluso dependiendo de la causa por la que sean declaradas (o no) inconstitucionales los efectos y ámbitos geográficos de aplicación pueden llegar a ser muy diferentes. La solución, en unos meses.

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Comentarios
  1. Gióniver Castillo Santana
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