El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía vuelve a la carga contra Educación para la Ciudadanía

Casi año y medio después de que se admitiera a trámite su recurso, la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hace caso omiso del Tribunal Supremo y vuelve a permitir a unos padres imponer que su hijo no reciba la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La excusa es el libro de texto editado por McGraw-Hill, que el tribunal considera «adoctrinador».

En su momento el Supremo, que en diversas ocasiones ha dejado bien claro que no existe el derecho a «objetar» contra Educación para la Ciudadanía, dejó una puerta abierta a los contrarios a la asignatura al estimar que no se pueden imponer a los alumnos “criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad”. El contenido de la asignatura, según el Supremo, “debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales”. Y esa es la puerta que han utilizado ahora Victoriano Valpuesta, Pablo Vargas y Enrique Gabaldón, jueces que sistemáticamente fallan contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía (Enrique Gabaldón es, por cierto, hijo del presidente de honor del Foro de la Familia, José Gabaldón).

Los otros dos jueces de la Sección Tercera del TSJA, Eloy Méndez y Guillermo del Pino, han emitido un voto particular en el que consideran la decisión adoptada un fraude procesal. Recuerdan que el Tribunal Supremo ya ha aclarado que no existe el supuesto derecho a objetar contra la asignatura y que lo que los demandantes pidieron primero a la Junta de Andalucía fue que su hijo no asistiera a clase. Fue después cuando se solicitó al TSJA que declarara el manual «adoctrinador». «Esta última petición tiene solo un valor instrumental», señalan los dos jueces. De hecho, los padres de Bollullos del Condado (Huelva) que han conseguido que su hijo no reciba la asignatura fueron de los primeros a los que el TSJA permitió la «objeción» en enero de 2008.

La decisión ha sido adoptada con la oposición de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la Junta, que ya ha anunciado que recurrirá.

En qué consiste el «adoctrinamiento»…

Según los tres jueces, el manual declarado «adoctrinador» defiende la «ideología de género», el «feminismo radical» y está elaborado desde una «cosmovisión de la izquierda». Los tres consideran que en el libro se vulnera la libertad ideológica, religiosa y de culto y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Los tres jueces centran sus críticas en las cuatro primeras unidades. En su opinión, la primera unidad de libro «expone con un sesgo parcial al ser humano moral y ético exclusivamente desde una perspectiva alejada de la naturaleza y con una visión filosófica variable y de la historia materialmente dialéctica». En la segunda unidad los jueces ven adoctrinamiento porque «se relativiza el papel de la familia o la escuela». En la unidad número tres, dedicada a la sexualidad, los jueces encuentran equivocado que se transmita a los jóvenes como una conducta éticamente correcta que los homosexuales puedan casarse o adoptar, argumentando que en este momento hay un recurso contra el matrimonio entre personas del mismo sexo pendiente de decisión por el Tribunal Constitucional (recurso promovido por el Partido Popular).

Respecto a la unidad cuarta, opinan que se relativiza el concepto de familia de los demandantes «como institución natural» con nuevas fórmulas «cuestionadas moralmente», en referencia a las familias monoparentales o a las parejas homosexuales.

Los dos jueces discrepantes consideran, sin embargo, que los demandantes sacan de contexto reflexiones y que se entrevé un deseo «no disimulado» de que los asuntos éticos solo se traten conforme a la moral tradicional cristiana.