Se reactiva el proceso judicial en torno a la constitucionalidad de la Proposición 8, que prohíbe el matrimonio igualitario en California

La Corte Suprema de California ha fallado que los grupos defensores de la Proposición 8 (la enmienda a la Constitución de California que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo) tienen derecho a personarse como parte ante la Corte de Apelaciones de San Francisco, que debe decidir sobre la validez de la sentencia de un juez federal que declaró contraria a la Constitución de Estados Unidos dicha prohibición. La batalla jurídica sigue, pues, adelante.

Intentaremos explicar la situación de forma sencilla. En agosto de 2010 el juez federal Vaughn Walker declaró contraria a la Constitución de Estados Unidos la Proposición 8. La sentencia, cuya aplicación supondría la reanudación de las bodas entre personas del mismo sexo en California, fue cautelarmente suspendida por la Corte de Apelaciones de San Francisco, ante la cual los grupos defensores de la Proposición 8 apelaron.

Sin embargo, la demanda que dio lugar a la sentencia del juez Walker fue planteada contra el estado de California, no contra grupo alguno. Sin embargo, el estado de California (la parte demandada) decidió no apelar. Ni el anterior Gobernador (el republicano Arnold Schwarzenegger) ni el entonces fiscal general, el demócrata Jerry Brown, quisieron hacerlo. Una situación que no cambió después de las elecciones de noviembre de 2010: Jerry Brown es ahora Gobernador, y la que fue elegida como su sustituta al frente de la fiscalía general, la también demócrata Kamala Harris, es contraria a la Proposición 8 y tampoco quiso apelar la sentencia de Walker.

Los recurrentes, por tanto, fueron exclusivamente los grupos defensores de la Proposición 8, que según los abogados que plantearon la demanda no tenían capacidad legal para hacerlo. Es por eso que la Corte de Apelaciones decidió plantear el caso ante la Corte Suprema de California, que ahora ha decidido reconocer a dichos grupos la capacidad de apelar.

En este intervalo, por cierto, los partidarios de la Proposición 8 intentaron esgrimir la condición de gay del propio Walker (un juez conservador al que la demanda le correspondió por turno) con el objetivo de invalidar su sentencia. Un intento de recusación que fue desestimado por otro juez federal, James Wore, al considerar que la mera condición homosexual no invalida a un juez para decidir sobre derechos LGTB. “El simple hecho de que un juez federal comparta circunstancias o características personales con otros miembros del público general, y que como tal pueda verse afectado por el resultado de un procedimiento de la misma forma que otros miembros del público general, no es base suficiente para una recusación”, argumentó Wore.

¿Y ahora?

La Corte de Apelaciones de San Francisco tiene ahora vía libre para decidir si la sentencia de Walker es o no válida tras examinar los argumentos de las partes. El panel de jueces que en su momento fue escogido para tratar el asunto está formado por Michael Hawkins, un moderado propuesto en su día por los demócratas, Norman Randy Smith, un conservador, y Stephen Reinhardt, un liberal (en Estados Unidos, el término “liberal” es equivalente a lo que en Europa suele calificarse como “progresista”). Estos tres jueces deberán ahora pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Los pronósticos más optimistas apuntan a que la Corte de Apelaciones confirmará la validez de la sentencia del juez Walker. Existirían, al menos, dos posibles argumentaciones para hacerlo. La Corte podría reafirmar que efectivamente la Proposición 8 viola el derecho fundamental de gays y lesbianas a contraer matrimonio. Sería un pronunciamiento más ambicioso en el fondo, pero al mismo tiempo sería más fácilmente anulable por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, instancia ante la que es previsible el asunto llegue a plantearse.

Sin embargo, y a tenor de lo visto y oído durante la primera jornada de audiencias (hace poco más de un año…) la Corte podría inclinarse por una solución menos ambiciosa de fondo: considerar que la Proposición 8 es inconstitucional simplemente por haber retirado a una minoría un derecho que tenía previamente (recordemos que durante varios meses gays y lesbianas pudieron casarse en California, y de hecho a día de hoy hay 18.000 parejas casadas cuyo matrimonio sigue siendo válido).

Una argumentación que restringiría los efectos de la sentencia al estado de California, y que a priori resultaría más fácil de aceptar para el Tribunal Supremo.

Estaremos atentos a lo que sucede.