"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

El PP coloca en el Tribunal Constitucional a un enemigo declarado del matrimonio igualitario

PP y PSOE han acordado renovar tres miembros del Tribunal Constitucional, además de cubrir una plaza vacante desde 2008 por fallecimiento. Está por ver que consecuencias tendrá este acuerdo en la sentencia sobre el recurso del PP contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, pendiente desde más de seis años y medio, pero por lo pronto hay un dato inquietante: uno de los que serán nuevos miembros del Constitucional, exdiputado del PP y miembro del Opus Dei, es un enemigo declarado del matrimonio igualitario.

Se trata de Andrés Ollero, que ha sido diputado del PP por Granada y es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid desde 1999. Ollero es contrario a la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo en su derecho a contraer matrimonio. Sobre este asunto se ha manifestado en un texto para FAES, la fundación ideológica del PP, con el título de El derecho a lo torcido. En 2005 llego a afirmar en la Universidad de Navarra que el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional y que “lo difícil es encontrar alguien que opine lo contrario sin falsear el texto constitucional o reducirlo a papel mojado”.

Sombras sobre el matrimonio igualitario

Tras la polémica resolución del recurso contra el Estatuto de Cataluña, en enero de 2011 se produjo por fin la renovación de cuatro de los miembros del Constitucional (los que nombra al Senado), que habían agotado su mandato en 2007. Ello favoreció la conformación de una mayoría supuestamente “progresista”. En teoría ello debiera haber inclinado la balanza hacia la constitucionalidad del matrimonio igualitario. Sin embargo, y de forma incomprensible, en este intervalo de tiempo el Constitucional ha evitado pronunciarse sobre el tema dando prioridad a recursos posteriores.

Han sido además tiempos convulsos: tres de sus miembros, cuya renovación corresponde al Congreso y está pendiente desde noviembre de 2010 -Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado- presentaron en junio de 2011 su dimisión como protesta por la falta de acuerdo para proceder a su relevo. La dimisión, que dejaba al tribunal con el quórum mínimo para tomar decisiones (ocho miembros) no fue aceptada por Pascual Sala, por lo que los tres han continuado en activo.

La renovación de estos cuatro miembros (los tres que presentaron su dimisión más un puesto vacante desde 2008 por fallecimiento) se fue retrasando debido a la insistencia del PP en colocar en el Constitucional a Enrique López (que ya fue propuesto por el PP en el Senado, pero que no reunía los requisitos exigidos para ser miembro del Constitucional). Un candidato que fue considerado inaceptable por el PSOE, y otro firme opositor, por cierto, al matrimonio igualitario. De hecho, la renovación ha estado bloqueada hasta ahora.

Ahora, con el acuerdo entre PP y PSOE, que disponen de mayoría suficiente para proceder a la renovación (requiere tres quintos de la cámara) habrá dos nuevos conservadores, propuestos por el PP (el propio Andrés Ollero y Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Supremo) y dos nuevos progresistas, propuestos por el PSOE (Fernando Valdés, catedrático de Derecho del Trabajo, y Encarnación Roca, magistrada del Supremo y catedrática de Derecho Civil). El Tribunal quedará así conformado, en teoría, por siete progresistas y cinco conservadores, aunque no necesariamente los miembros del Constitucional votan de acuerdo a la ideología de los partidos que los propusieron. Manuel Aragón, supuestamente progresista, no ha dudado en alinearse con los conservadores en asuntos como el Estatuto catalán o la legalidad de Bildu y Sortu. Si de todas formas se diera un empate, decidiría el voto de calidad del presidente. En estos momentos el presidente es el progresista Pascual Sala, pero tras conformarse el nuevo Tribunal se procederá a elegir otro presidente, y no es descartable que Aragón apoye a un conservador.

Una situación en la que es imposible hacer pronósticos. Por si acaso, un dato: en 2013 el Consejo General de Poder Judicial y el Gobierno de Mariano Rajoy renovarán a los representantes que le corresponden, dos en cada caso, con lo cual el Tribunal Constitucional quedará definitivamente escorado a la derecha. Si para entonces el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado todavía, el destino de miles y miles de familias (actuales y futuras) puede quedar definitivamente sentenciado.

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